La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio a conocer su más reciente informe sobre los procesos competitivos del Gobierno de Puerto Rico, donde reconoce avances significativos en materia de tecnología aplicada a las subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.
“El país ya no está ante el modelo opaco que asociaba las subastas con corrupción, amiguismos y politiquería. Hoy existe trazabilidad, supervisión en tiempo real y un estándar uniforme que ha traído orden a procesos tan sensibles como el asfalto y la disposición de desperdicios”, expresó Karla G. Mercado Rivera, Administradora y Principal Oficial de Compras de la Administración de Servicios Generales (ASG).
No obstante, el informe también señala deficiencias importantes en la contratación de servicios profesionales y en entidades que no están bajo la jurisdicción de la ASG, destacando entre ellas a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Mercado Rivera recordó que, en un momento dado aunque la UPR mantenía su autonomía en sus adjudicaciones, eso no la eximía de cumplir con la Ley 73-2019, la cual promueve uniformidad en la contratación gubernamental. “La UPR debía adoptar parámetros uniformes, pero bajo la pasada administración la propia Junta avaló que quedaran fuera del marco regulatorio. Hoy vemos las consecuencias de excluir a una institución de ese alcance: ausencia de reglas claras, controles débiles y procesos a discreción”, puntualizó.
Sobre los hallazgos relacionados a servicios profesionales, Mercado Rivera explicó que el problema no es la falta de procesos competitivos, sino la falta de definición regulatoria. “Un proceso competitivo, sin reglas uniformes, ni sistemas de información confiables que lo ejecuten, no garantiza transparencia. Competir sin marco normativo y sin el uso adecuado y bien implementado se la tecnología solo deja espacio para controversias. El verdadero control está en regular con claridad, uniformidad y supervisión”, afirmó.
Mercado Rivera enfatizó que los resultados están a la vista: “Los procesos regidos por la Ley 73-2019 han demostrado que cuando hay uniformidad, tecnología y control, el sistema funciona. No es competir por competir; es contratar dentro de un marco fiscalizable que elimine ambigüedades y responsabilidades difusas”.
Finalmente, la funcionaria reiteró que la misma exigencia que recae sobre la ASG debe aplicarse a todas las entidades excluidas de su jurisdicción. “Si queremos elevar los controles del gobierno, el rigor no puede ser selectivo. No puede haber dos estándares: uno para ASG y otro para el resto de Puerto Rico. La integridad de los procesos públicos exige uniformidad para todos”, concluyó.
