En los trabajos de la sesión ordinaria de hoy, el Senado aprobó un paquete de medidas que fortalecen la protección de menores e incapacitados, viabilizan un portal para edictos y subastas, amplían el registro de propiedades públicas con potencial de desarrollo o conservación y perfeccionan la “Ley de Acuerdos Académicos para Atletas Universitarios”.
El Proyecto del Senado 52, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmienda el Código Civil de 2020 para aclarar que los términos de prescripción quedan suspendidos mientras persistan la minoridad o la incapacidad de la persona. Esta corrección elimina ambigüedades en la interpretación de la ley y garantiza la protección de menores e incapacitados hasta que cese la condición que les afecta.
“Lo que se está buscando es que mientras más enriquecido sea su lenguaje, más fácil el entendimiento es para el puertorriqueño y más fácil es que se pueda educar a todo el mundo sobre cuál es el alcance, el derecho que tienen los menores en Puerto Rico y las personas incapacitadas de poder reclamar”, comentó la senadora Roxanna Soto Aguilú.
De igual forma, se aprobó el Proyecto del Senado 97, también presentado por Rivera Schatz, que crea la “Ley de Edictos y Subastas de Puerto Rico”. La medida establece un portal cibernético único donde se publiquen todos los edictos y subastas requeridos por ley, reglamento u ordenanza, modernizando el mecanismo tradicional de notificación por prensa escrita y adecuándolo a los patrones actuales de acceso a la información pública.
El portal centralizado permitirá que la ciudadanía pueda acceder en un solo lugar a todas las notificaciones legales y administrativas, además de publicaciones de subastas gubernamentales. El proyecto busca asegurar que cualquier persona con acceso digital pueda conocer de las acciones promovidas, fortaleciendo el debido proceso de ley y democratizando la información pública.
En un turno, el senador Héctor “Gaby” González López, expresó que “esta medida provee para que el tope en costo para publicar en ese portal cibernético sea de $50 dólares. Automáticamente para los municipios de Puerto Rico es un ahorro, porque ya están en la obligación de hacerlo en un periódico de circulación general. Al proveerle entonces, que utilice la herramienta de un portal cibernético, de lo que pagan hoy, que estamos estimando entre $400 y $500 dólares, se reduciría un tope de $50 dólares por publicación de subasta pública”.
Mientras, el Proyecto del Senado 200, del senador Ángel Toledo López, enmienda la Ley 19-2011 para ampliar el catálogo de propiedades incluidas en el Registro Interactivo de Propiedades Públicas con Oportunidad de Desarrollo Económico o Conservación y Protección. El propósito es garantizar el mejor uso de activos públicos que fomenten el desarrollo económico, urbano y social. Además, la pieza realiza correcciones técnicas y deroga la Ley 193-2003, que establecía un inventario de estructuras en desuso.
Por su parte, el Proyecto del Senado 554, presentado por la senadora Soto Aguilú, enmienda la “Ley de Acuerdos Académicos para Atletas Universitarios” para uniformar parámetros de implantación, garantizar mecanismos de revisión y apelación, y se crean estructuras de seguimiento que aseguren el derecho a la educación y la equidad académica de los atletas. La medida responde a los retos de establecer parámetros uniformes para todas las instituciones, mecanismos de revisión y apelación, y estructuras de monitoreo que garanticen la implementación adecuada de los acuerdos. El esfuerzo legislativo busca asegurar el derecho a la educación y la equidad académica de los atletas universitarios, equiparando a Puerto Rico con modelos internacionales de alto rendimiento que integran el componente académico y deportivo como parte de la formación integral del estudiante.
Por otro lado, la Resolución del Senado 260, del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, ordena una investigación sobre la población veterana en Puerto Rico, con el fin de cuantificar la población y sus necesidades en áreas como salud, vivienda, empleo y salud mental, con el fin de fundamentar nuevas políticas públicas dirigidas a este sector.
“Nosotros, siendo responsables sobre el proceso legislativo, le enviamos una notificación al Procurador del Veterano, para conocer la cantidad de esta población en Puerto Rico. Desafortunadamente no nos contestó. Así que, en el proceso legislativo, lo que nos queda es hacer esta resolución, para hacer el trabajo del Procurador, y hacer una investigación exhaustiva sobre la población de veteranos, que hay actualmente”, explicó el vicepresidente senatorial, sobre el propósito de la medida.
La Resolución Conjunta del Senado 95, presentada por la delegación del PIP ordena al Departamento de Hacienda enmendar el Reglamento Número 49 de 2012 para crear una nueva clasificación presupuestaria exclusiva para gastos en tecnología y comunicaciones. Actualmente, estas partidas quedan subsumidas en categorías como servicios profesionales o compra de equipo, lo que dificulta la transparencia y la fiscalización. La disposición aplicará a partir del año fiscal 2025-2026 y permitirá un manejo más eficiente y claro del presupuesto público, al tiempo que refuerza la capacidad de supervisión de la oficina de PRITS.
Proyectos camerales aprobados por el Senado
Asimismo, el Alto Cuerpo dio paso a proyectos camerales, en primera instancia, dio paso al Proyecto de la Cámara 446, esfuerzo de Administración, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa” y la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” para establecer un currículo en las escuelas superiores que, en coordinación con la Academia de la Policía, permita a estudiantes adelantar créditos universitarios hacia un grado asociado. El programa será supervisado por el Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad Pública y deberá cumplir con los estándares acreditadores, además de viabilizar alianzas con la UPR y otras universidades privadas. “Con esto estamos tratando que los estudiantes tomen unas clases para adelantar el grado asociado y, de esta forma, poder salir antes a la calle”, sentenció el senador Gregorio Matías Rosario.
Asimismo, el Proyecto de la Cámara 580 enmienda el Código Penal para establecer como circunstancia agravante la comisión de un delito contra un funcionario del orden público en el cumplimiento de su deber. La medida busca reforzar la disuasión y el respeto al orden democrático.
La Resolución Concurrente de la Cámara 24, que crea la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión del Sistema Electoral de Puerto Rico. Dicho cuerpo, tendrá la responsabilidad de estudiar, evaluar e investigar todo lo concerniente al proceso electoral de la Isla, incluyendo el Código Electoral de 2020, la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, y cualquier otro estatuto relacionado. Estará compuesta por igual número de senadores y representantes, con participación de todos los partidos con representación legislativa, y contará con copresidentes designados por los presidentes de ambos cuerpos legislativos. Entre sus facultades se incluye celebrar vistas públicas, investigar procesos, citar testigos, requerir documentos y proponer proyectos de ley o enmiendas dirigidas a modernizar y fortalecer la transparencia, accesibilidad y confiabilidad del sistema electoral.
Finalmente, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 51, que designa el edificio e instalaciones donde ubica el Complejo de Seguridad Pública en la PR-846 de Trujillo Alto con el nombre de Pedro A. Padilla Ayala, en reconocimiento a su trayectoria de servicio público.
Nombramientos confirmados
Como parte de los trabajos, se confirmaron nombramientos del Ejecutivo para diferentes puestos. En primer lugar, a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los licenciados Mónica Alpi Figueroa, Waleska Cruz García, Rubén Castro Rodríguez y Cyndia Enid Irizarry Casiano, en ascenso. También para la judicatura, al puesto de Fiscal Auxiliar I se dio paso a los licenciados Yosué Manuel Cabán Cedrés, Ileana Andrea Santos Colom y Paloma Isabel Rubí Crespo Santiago; así como la licenciada Yolanda Pitino Acevedo como Fiscal Auxiliar III.
Por otro lado, como miembros a diferentes Juntas de Gobierno, la licenciada Lylybeth Echeandía Fuster como Miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; el licenciado Andrés L. Córdova Phelps como Miembro de la Comisión de Derechos Civiles; la licenciada Coral Marie Cummings Pino como Miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, en calidad de representante del sector comercial; José Luis Rivera Rivera como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; Juan Camilo Ruiz Pinzón como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en calidad de funcionario de gobierno; y el ingeniero Omar Y. González Rodríguez como Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Del mismo modo, el licenciado Gilberto Gierbolini Merino, fue confirmado a Procurador de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia.
