A pesar de que más de mil personas son reportadas anualmente como
desaparecidas según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, esa agencia no hizo
disponibles los datos de todos los casos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), por lo
que la organización presentó este lunes un mandamus contra la Policía ante el Tribunal de
Primera Instancia en San Juan.
El pasado noviembre, las periodistas del CPI Jeniffer Wiscovitch Padilla y Omaya Sosa
Pascual solicitaron a la Policía una lista de las personas desaparecidas en Puerto Rico
desde el 2014 hasta 2025, que incluyera el nombre, el municipio de residencia, el último
lugar donde fue vista, la fecha, el sexo y la edad. Dos meses luego de la solicitud inicial, la
División de Personas Desaparecidas indicó a las periodistas que no podían producir una
lista ni base de datos al no tener la información organizada ni archivada de esta forma y se
limitaron a entregar algunas requisitorias que envían a la prensa.
“Aquí tenemos un caso sobre un tema de gran interés público para el cual la información
que produce el Estado no está disponible: las personas desaparecidas. ¿Cómo se puede
analizar dónde desaparecen más personas, de qué sexo son, en qué circunstancias, o
cuántas son encontradas, si no tenemos acceso a los datos?”, señaló la directora ejecutiva
del CPI, Carla Minet.
De alrededor de 10 mil personas desaparecidas, que se proyecta por la misma agencia que
fueron reportadas en ese periodo, la Policía ha entregado al CPI apenas 732 de estas
requisitorias, es decir, la información de menos de un 10% de las personas desaparecidas
en ese periodo. Aunque las periodistas dieron seguimiento por correo electrónico, mensajes
de texto, llamadas y visitas al Cuartel General de la Policía, la agencia no ha entregado la
información completa solicitada y alega que eso es todo lo que tienen disponible.
“Ante la gran cantidad de personas que desaparecen en la Isla, de las cuales se
desconocen muchas veces sus circunstancias y el estatus de los casos, o cuántos casos se
resuelven, solicitamos la información a la Policía. Pero han pasado meses de gestiones y
han entregado muy poca información”, dijo Wiscovitch Padilla. “Este caso es un ejemplo
más de la falta de transparencia y de cómo los periodistas nos enfrentamos a situaciones en las que el Gobierno obstaculiza nuestra labor, pero que lejos de desanimarnos nos impulsan a seguir adelante haciendo nuestro trabajo”, añadió la periodista.
En el mandamus se establece que “las partes contra las cuales se dirige el presente recurso
tienen el deber ministerial de entregar la información solicitada”. Se estipula también que la
información que pidieron las periodistas “no está protegida de forma alguna por algún
privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las
excepciones al derecho de acceso a la información”.
La demanda surge como único remedio para obtener los datos luego de que la organización
periodística agotara todos los recursos administrativos.
El recurso legal fue presentado por los licenciados Steven P. Lausell Recurt, Luis José
Torres Asencio y Judith W. Berkan Barnett, además del estudiante clínico Alexis Jiménez
del Proyecto de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
