Ante esos hechos, la demanda del gobierno para cancelar el contrato de LUMA, la inestabilidad financiera de Genera, la ausencia de un análisis económico y otros señalamientos, representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida argumentaron que el Negociado de Energía debe rechazar los aumentos propuestos por ambas empresas operadoras y desestimar sus solicitudes de revisión tarifaria.
“La propuesta de diseño de la tarifa de LUMA duplicaría el cargo fijo, un aumento sin precedentes que impactaría desproporcionadamente a los clientes de bajo consumo y aceleraría la desconexión de la red”, expusieron las organizaciones en comentarios públicos ante el Negociado.
Advirtieron que durante el contrainterrogatorio de las vistas evidenciarias del caso de revisión tarifaria, el testigo experto de LUMA reconoció que alrededor de 400,000 clientes de bajo consumo y quienes han instalado sistemas solares o mejoras de eficiencia, serán penalizadas porque experimentarán aumentos entre 70 y 90 por ciento (%) como resultado del cargo fijo propuesto por LUMA. Resaltaron que el testigo no pudo identificar ningún caso en la última década en el que un regulador haya aprobado un aumento similar en los cargos fijos.
En los comentarios señalaron que las propuestas de aumento carecen de un análisis económico específico y no consideran la realidad de que miles de clientes ya están parcial o totalmente abandonado el sistema. En la actualidad, cerca de 4,000 personas instalan sistemas solares cada mes y LUMA ha perdido clientes comerciales que ahora operan exclusivamente con energía producida en sus propias instalaciones. Asimismo, las organizaciones subrayaron que los aumentos solicitados por LUMA y Genera son particularmente injustos porque, no solo agravan la ya alta carga energética de los abonados, sino que imponen una carga desproporcionada sobre los clientes de bajos y medianos ingresos, quienes ya de por sí encuentran dificultoso pagar la factura eléctrica. Este impacto desigual contradice los principios básicos de una política energética asequible y ampliaría las brechas económicas y sociales en el acceso a un servicio esencial como la electricidad.
Las organizaciones resaltaron que el sistema eléctrico actual es más inestable que en años anteriores, con índices de interrupciones en niveles récord, lo cual evidencia un servicio cada vez más caro e ineficiente.
“Un aumento tarifario significativo sólo aceleraría esta tendencia y, por ende, reduciría los ingresos recaudados, lo cual volvería inviable la estructura tarifaria propuesta… Ante un escenario donde los sistemas solares y de almacenamiento proveen un servicio más barato, confiable y resistente que la red centralizada actual, las propuestas de LUMA y Genera solo lograría que más clientes abandonen el sistema”, sostuvieron.
Advirtieron además que los operadores no han cumplido con demostrar en el proceso que los aumentos “son justos y razonables” y que quedó evidenciado que los aumentos encarecerán el servicio sin aportar mejoras proporcionales en confiabilidad. En su lugar, profundizan en la dependencia de gas importado y promueven infraestructura que terminará como activo varado, e incompatible con la meta legal de 100% de energía renovable para el año 2050.
Las organizaciones también denunciaron que los aumentos no se justifican dado que LUMA ha fallado en la función básica y esencial de una medición precisa del consumo y factura correcta a los clientes, ya que admitieron que múltiples medidores no registran el consumo adecuadamente y que dependen de facturación manual y estimada y que sus sistema de facturación alimenta datos defectuosos en sus sistemas financieros, lo cual genera problemas de reconciliación y crea riesgos en los ajustes sistémicos de facturación.
“Las inconsistencias entre los testimonios y lo presentado en sus informes demuestran que no han corregido los problemas que dicen haber resuelto”, señalaron en los comentarios. Añadieron que LUMA admitió que no está facturando miles de cuentas municipales por exceso de consumo bajo el programa Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), que tampoco sabe cuánta energía no facturada está involucrada y que no pudieron demostrar la existencia de políticas contables escritas adecuadas.
Otro de los argumentos de las cinco organizaciones es que en la vista del 18 de diciembre quedó demostrando que ambas empresas operadoras gestionan inadecuadamente los fondos federales disponibles, trasladando a los abonados con costos que podrían ser cubiertos por FEMA y otras agencias muchas veces argumentando que, aunque no se han agotado los fondos, los proceso son lentos. “LUMA utiliza una clasificación interna llamada ‘matriz de esperanza’ para determinar qué proyectos pueden recibir fondos federales, pero admite que esta categorización no se basa en análisis técnico alguno y que descarta proyectos antes de que FEMA evalúe su elegibilidad… Genera clasifica como altamente financiables varios proyectos, pero aun así los incluye en el requerimiento de ingresos bajo el argumento de que los fondos no están obligados, lo que resulta en que los abogados paguen por adelantado obras que probablemente recibirán reembolso federal”, revelaron en los comentarios públicos.
Los grupos también señalaron que, aunque LUMA y Genera niegan conflictos de interés, el expediente del proceso de aumento evidencia lo contrario. En el caso de LUMA, las especificaciones técnicas permiten que sus empresas afiliadas obtengan ventajas indebidas frente a competidores, mientras Genera, se beneficia de aumentos en el consumo de energía producida por gas e incluso en diversas instancias regulatorias se han documentado “representaciones engañosas, actuaciones no autorizadas y violaciones seguridad en sus operaciones”.
“Dado que LUMA y Genera no han cumplido con su carga de prueba y sus propuestas contravienen los mandatos legales de costo mínimo, transparencia y asequibilidad, el Negociado debe rechazar en su totalidad los aumentos solicitados y desestimar ambas peticiones, o en la alternativa, adoptar medidas que reduzcan la carga energética del País y aseguren protecciones efectivas para los consumidores”, puntualizaron las organizaciones. Añadieron que una alternativa concreta es la adopción de un Programa de Pago por Porcentaje de Ingresos, un modelo utilizado en otras jurisdicciones que fija un tope a la factura de electricidad según los ingresos del hogar y protege a las familias de bajos recursos. Esta recomendación fue presentada por el Dr. Agustín Irizarry Rivera en el informe comisionado por los cinco grupos.
El pasado 6 de marzo fue el último día para presentar comentarios públicos ante el Negociado de Energía que tiene ante su consideración los aumentos tarifarios propuestos por las dos operadoras del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica.
