Por Edgar León Ayala
La crisis estructural del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ha cruzado una línea roja que vulnera la propiedad privada y la dignidad laboral de sus docentes. Lo que por décadas ha sido una «deficiencia administrativa» —el fracaso de la infraestructura tecnológica— se ha transformado ahora en una imposición abusiva: obligar a los maestros a utilizar sus teléfonos celulares personales para administrar las pruebas estandarizadas.
Una Infraestructura en Ruinas
El problema no es nuevo, pero su ejecución actual es inaceptable. Existe una desconexión sistémica y dislocada entre las Oficinas Regionales Educativas (ORE), el nivel central y las compañías privadas contratadas para proveer internet. A pesar de los millonarios contratos otorgados a proveedores externos, la realidad en el salón de clases es otra: señal inexistente, plataformas que colapsan y equipos obsoletos que no soportan las exigencias del sistema.
Ante este panorama de incompetencia técnica, la «solución» del DEPR no ha sido penalizar a los contratistas, sino transferir la carga al eslabón más débil de la cadena: el maestro.
El Chantaje a los Transitorios
Esta situación es particularmente alarmante para los maestros en puestos transitorios. Estos profesionales se encuentran en una encrucijada obligatoria. Bajo la sombra de la inestabilidad laboral, se ven forzados a ceder sus dispositivos privados para cumplir con las metas de sus directores y hacer que el sistema «luzca bien» en el papel.
Negarse a utilizar el equipo personal para una tarea que es responsabilidad absoluta del Estado y de los contratistas privados no debería ser un acto de valentía, sino un derecho básico. Sin embargo, el miedo a las represalias, a las evaluaciones negativas o, peor aún, a perder su empleo, ha silenciado un abuso que es, a todas luces, ilegal.
Un Llamado a la Acción: De la Secretaría a la Junta de Control Fiscal Federal
Es imperativo elevar esta querella al Secretario de Educación y, más importante aún, a la Junta de Control Fiscal Federal, que hoy ostenta la verdadera autoridad gubernamental en la isla.
La Junta debe intervenir para auditar todos estos contratos tecnológicos. Si las compañías contratadas no pueden proveer una infraestructura que funcione a favor de los estudiantes y maestros, sus contratos deben ser cancelados bajo cláusulas de incumplimiento. No se puede seguir financiando la mediocridad con fondos públicos mientras se le exige al maestro que ponga de su bolsillo y de su propiedad privada para salvar la cara de la agencia.
Conclusión: Menos Papeleo, Más Respeto
Las pruebas estandarizadas anuales se han convertido en un ejercicio de futilidad. Mientras el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes languidece en el charco del olvido, la carga administrativa y el papeleo para el docente aumentan exponencialmente.
Exhortamos a cada maestro a documentar estos abusos. Es vital mantener una bitácora detallada con día, fecha y hora en que se le solicita o exige el uso de su teléfono personal para tareas oficiales. El uso de propiedad privada para fines del Estado sin compensación ni consentimiento es una violación de derechos fundamentales.
El sistema educativo no puede seguir sosteniéndose sobre el sacrificio forzado de quienes lo mantienen en pie. Si el Departamento de Educación quiere datos y estadísticas de exámenes, que provea las herramientas para obtenerlos. El celular del maestro no es propiedad del Estado.
Los maestros de Puerto Rico pueden citar esta ley a quien le pida usar su teléfono privado para un trabajo publico.
La Constitución de Puerto Rico
La base principal es la Sección 7 del Artículo II (Carta de Derechos), que protege la propiedad privada.
El Principio: El Estado no puede «tomar» o utilizar la propiedad privada de un ciudadano para fines públicos sin una justa compensación. Obligarte a usar tu plan de datos, la memoria de tu teléfono y el equipo que tú pagaste para cumplir funciones del Estado se considera una «incautación» de facto de tu propiedad.
