Por Jeniffer Wiscovitch y Omaya Sosa Pascual I Centro de Periodismo Investigativo
La transacción que un grupo de médicos puertorriqueños, liderado por el radiólogo Josué Vázquez Delgado, y varios beneficiarios de la Ley 60 encabezados por el criptomagnate Brock Pierce, anunciaron con bombos y platillos como la salvación del quebrado Hospital HIMA de Humacao terminó siendo su condena.
La fachada del edificio del Hope Medical Center, al costado de la plaza pública de Humacao, luce aún empapelada con el rostro gigante del doctor Vázquez Delgado y otros médicos, pero ninguno de ellos está allí. A menos de dos años de la adquisición del hospital mediante licitación en el Tribunal Federal de Quiebras, las puertas están cerradas con cadena y candado, 168 empleados quedaron en la calle con una quincena de atraso en sus salarios y la institución tiene deudas que superan el millón de dólares.
Mientras tanto, el Gobierno de Puerto Rico desconoce quién o quiénes son los dueños de la empresa propietaria del hospital y cómo responderán a los acreedores, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que incluyó entrevistas a fuentes internas, a media docena de personas cercanas a la operación, la revisión de documentos judiciales y del Registro de la Propiedad, y entrevistas a algunos de los principales funcionarios a cargo del cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
“Esa parte de la corporación, y quiénes son parte o no, no es algo donde Salud entra”, dijo el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, quien aseguró desconocer quiénes son los dueños actuales del hospital más allá de la corporación Eastern Health a la que le otorgaron las licencias y el Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC), un documento que emite el Secretario de Salud para autorizar a una persona a llevar a cabo una actividad relacionada con servicios de salud. El funcionario atribuyó el cierre a la “mala administración”.
Foto suministrada Hope Medical
Los médicos que pidieron originalmente la licencia —los doctores Freddy Velázquez, Harry Negrón Judice y Vázquez Delgado— ya no forman parte de dicha corporación. Los primeros dos salieron antes de que se concretara la compraventa y el último salió en enero de 2025 y vendió su participación en la empresa. Este cambio de dueños y gerencial no fue informado al Departamento de Salud. El Reglamento del Secretario de Salud para la Construcción, Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico
sostiene que en cambios en el “control propietario” debe hacerse una nueva solicitud de licencia, pero el Secretario indicó al CPI que la corporación no tenía que informarlo al Departamento de Salud porque no cambió la compañía tenedora de la licencia, Eastern Health.
Ante la insistencia del CPI en la pregunta de quiénes son los seres humanos responsables de los incumplimientos y deudas, Ramos Otero dijo que, aunque no son los deudores ni están siendo multados, los miembros de la Junta de Directores de la corporación “tienen responsabilidad”.
Por su parte, el director de Finanzas del Municipio de Humacao, Peter Vega Santana, y el presidente de la Legislatura Municipal, Ángel David Rodríguez Medina, dijeron al CPI que tampoco conocen quién o quiénes son los dueños del hospital. Rodríguez Medina dijo que el hospital, que tiene más de 100 años en operación, ha cambiado de dueño en cuatro ocasiones y que siempre se había sabido quiénes eran los dueños. Hasta ahora.
Vega informó que en abril de 2025 la empresa Hope Medical Center presentó en el Municipio una declaración de volumen de ingresos preliminar correspondiente al año anterior, sin la planilla de contribución sobre ingresos que debe acompañarla, y pidió una prórroga que venció en octubre. Dijo que al presente están realizando una auditoría interna y generarán una carta notificando a la empresa de los hallazgos e incumplimientos, y esperan enviarla antes del 31 de enero de 2026.
El CPI supo que la empresa declaró ingresos brutos preliminares de menos de $100,000 correspondientes al 2024. Esta declaración no concuerda con la información obtenida por tres fuentes vinculadas a la operación, que apunta a que los gastos mensuales superan el millón de dólares. Vega se negó a confirmar la información, señalando que es confidencial, pero reconoció que menos de $100,000 anuales no sería compatible con una operación hospitalaria como la de Hope Medical Center. Cuando se le preguntó quién presentó los documentos a nombre de la empresa, Vega dijo que se usó un correo electrónico que corresponde a Negrón Judice, quien había salido de la compañía en diciembre de 2023.
Mientras ni el Gobierno estatal ni municipal conocen quién es la entidad jurídica ni los individuos que la representan, en los tribunales se mantiene viva una batalla legal de deudas, traspasos y compraventas que tampoco aclara quién es el titular del hospital.
El pasado 5 de diciembre el Departamento de Salud suspendió el CNC y las licencias operaciones a Hope Medical Center porque cerró repentinamente y sin aviso previo a la agencia. El Municipio de Humacao además confirmó al CPI que Hope operó sin patente y que está en incumplimiento con la presentación final de volumen de negocios y la planilla de contribución sobre ingresos correspondiente a su primer año de operaciones, el 2024. Entretanto, los empleados fueron “suspendidos temporeramente” —sin previo aviso y sin fecha de reanudación de labores— y se quedaron sin cobrar sus sueldos en plena Navidad.
“Tuve que decirle a mi hijo: Santa Claus no puede venir”
Los empleados del Hope Medical Center siguen sin cobrar su salario, que esperan desde el día después de Acción de Gracias. Esta situación ha traído tristeza a los trabajadores, no solo porque se quedan sin ingresos, sino también porque la acción se tomó en medio de la Navidad. Nicole Peña, supervisora general de enfermería del hospital, aseguró que desde hace seis meses los empleados estaban teniendo problemas para cambiar algunos cheques, ya que no tenían fondos.
El último cheque lo recibieron el 14 de noviembre, pero algunos empleados estuvieron varios días para poder cambiarlo porque tampoco había fondos suficientes para cubrirlos, indicó Peña.
“No sabemos nada”, dijo sobre cuándo les pagarán. “Yo hice cuatro turnos adicionales para, entonces, comprarle los regalos a los nenes. Sin la soga y sin la cabra, me quedé yo”, aseguró la madre de tres.
Contó que unos buenos samaritanos le prestaron un dinero para comprarle un regalo de cumpleaños y un bizcocho a uno de sus hijos porque “literalmente yo no tenía nada”.
“Tuve que decirle a mi hijo: ‘Santa Claus no puede venir’… cuando mi hijo de 10 años tenía esa ilusión. Tuve que romperle la ilusión de Santa Claus. Eso no es fácil”, dijo con voz entrecortada.
Por su parte, Greika Meléndez Cintrón, quien también trabajó como enfermera en la sala de emergencias del Hope, aseguró que su salud mental se ha visto afectada producto de la situación por la que está atravesando, en la que se quedó, de la noche a la mañana, sin el ingreso que generaba en el hospital.
“Tuve que volver al psicólogo… no estoy durmiendo”, sostuvo la madre de un niño de 8 años.
“La administración todo el tiempo era: ‘estamos trabajando’. [y al preguntar] ¿Y los cheques? [contestaba] ‘Estamos trabajando con eso’”, dijo.
El Departamento del Trabajo confirmó al CPI que 126 empleados del hospital han reclamado ante el Negociado de Normas de Trabajo sus salarios correspondientes a los períodos bisemanales desde el 9 de noviembre hasta el 6 de diciembre. La portavoz de la agencia, Marimar Alicea Torres, no quiso ofrecer un estimado de a cuánto ascienden estas deudas porque, según dijo, están evaluando los casos recibidos y aún hay empleados que reciben orientación en el Negociado.
Karla Vallejo De Jesús, secretaria auxiliar de beneficios al trabajador del Departamento del Trabajo, dijo al CPI que han recibido 146 reclamaciones de seguro por desempleo. No proveyó información sobre las deudas de Hope con el Departamento porque dijo que es información confidencial y el hospital no está en un proceso de quiebra.
Se repite la historia del sistema hospitalario HIMA
Muchos de los problemas que llevaron a la quiebra bajo el Capítulo 11 de reorganización del conglomerado de hospitales HIMA en agosto de 2023 parecen repetirse ahora con deudas pendientes de energía eléctrica y agua, así como con empleados y suplidores, sostuvieron dos fuentes conocedoras de la operación. LUMA dijo que no podía revelar las deudas de sus clientes, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no había respondido a una solicitud de información al cierre de esta edición.
En el caso de HIMA, el Gobierno de Puerto Rico permitió la acumulación de $180 millones en deudas durante 50 años.
Desde antes del cierre, Hope enfrentó demandas por cobro de dinero en el tribunal estatal que suman casi $500,000, algunas de éstas ya resueltas. Entre estas, figura la demanda de PR Health Management Group, compañía del doctor Negron Judice que administró la sala de emergencias, por una deuda de $118,257. Las otras demandas son por incumplimientos en los pagos de medicinas y productos de limpieza.
El representante autorizado de Eastern Health, el empresario venezolano Gustavo Higuerey, rehusó contestar las preguntas del CPI. Higuerey, según Vázquez Delgado, uno de los dueños originales, ni siquiera quiso confirmar si es aún uno de los dueños.
“Nosotros estamos esperando que se determine algo en el Departamento de Salud, y una vez eso ocurra estaremos dispuestos a participar en su entrevista”, dijo Higuerey en referencia al informe que debía emitir el Oficial Examinador de la División de Vistas Administrativas de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública del Departamento de Salud. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de una vista administrativa celebrada el pasado viernes 12 de diciembre en el Departamento de Salud relacionada con la cancelación del CNC y de los permisos para operar de Hope.
En la resolución e informe tras esa vista, emitido el viernes 19 de diciembre, el oficial examinador ordenó la revocación del CNC, de la licencia de operación hospitalaria, la licencia de laboratorio, el certificado de registro de Sustancias Controladas, la licencia de Medicamentos y Farmacia y la licencia de conservación y registros biológicos. Además, le impusieron una multa de $30,000.
El CPI llamó nuevamente a Higuerey, pero éste no respondió la llamada.
A la vista, el Hope Medical Center compareció representado por el licenciado Arturo Bauermeister y varios miembros de la Junta de Directores, que el abogado identificó como Christopher Valentine, Cassandra Wesselman, Sanjeev Kaila, Pierce, e Higuerey, quien fue designado CEO temporero para manejar la situación, según el informe de la vista administrativa. Durante ese proceso administrativo, Hope se opuso a las cancelaciones de licencia y certificado ejecutadas por el Departamento de Salud y argumentó que las cancelaciones no procedían porque a la compañía le asiste el derecho a cerrar y que, además, el cierre es de carácter temporero.
El empresario de criptomonedas Pierce, quien está involucrado en decenas demandas en Puerto Rico y enfrenta la reevaluación de su decreto contributivo en la Isla, dijo al CPI que Wesselman —su mano derecha y principal oficial financiera del hospital— estaría llamando para contestar todas las preguntas del CPI, pero al cierre de esta edición la llamada no había ocurrido. Valentine contestó una llamada, pero indicó que no estaría disponible para contestar preguntas porque estaría dos días en Florida. Posteriormente se le volvió a llamar y a enviar un mensaje de texto, pero no respondió.
Corta vida, larga historia la de Hope
En su corta vida, la historia del Hope Medical Center implica un entramado de corporaciones de responsabilidad limitada, de las que casi una decena están formadas en su mayoría por extranjeros que tienen, al menos, un beneficiario de la exención contributiva que otorga la Ley 22 y su sucesora la Ley 60—.
A la trama se le suman demandas 一en las que gran parte de los documentos evidenciarios se mantienen confidenciales en los expedientes judiciales一 con alegaciones millonarias de impago y fraude, y hasta la presunta ejecución de los terrenos del antiguo hotel W en Vieques. La guerra, que gira en torno a un préstamo de $6 millones que comenzó antes del cierre de la compraventa del hospital, arroja algo de luz sobre las personas que tienen o han tenido participación propietaria en este negocio.
Según los documentos presentados en corte, el beneficiario de la Ley 60 Valentine junto a Higuerey, a través de su corporación Celeres Holdings LLC, pidieron a otro inversionista Ley 60 y excontratista del COR3 para huracán María, Joseph Lipsey III, un préstamo que les dio el efectivo necesario para licitar por el hospital humacaeño en el Tribunal de Quiebras. Pierce, según los documentos en el Tribunal, daría el colateral para el préstamo. Ambos —Lipsey y Pierce— recibirían participación en la corporación que se crearía para la compra del hospital.
Lipsey, quien era un contratista de transporte y logística de FEMA en Estados Unidos, fue arrestado en 2019 en Aspen, Colorado, por imputaciones de distribución de cocaína a un menor, posesión de parafernalia de droga y proveer nicotina a menores de edad. Se declaró culpable por otros delitos menores. Renunció a la dirección ejecutiva de sus empresas ese mismo año, según publicaron medios de prensa de la industria y de Aspen.
Sin embargo, según las alegaciones de Valentine e Higuerey en corte, Lipsey y Pierce se viraron y negociaron entre ellos un acuerdo secreto para asociarse y juntos prestar el dinero a Celeres, sin que Valentine e Higuerey tuvieran conocimiento de los términos de dicho contrato.
Poco después, Lipsey —quien sostiene en su réplica a una de las demandas que el dinero prestado era solo para el depósito y no para la compra— le ejecutó las parcelas de Vieques a su socio Pierce por impago antes de que se completara la compra del hospital a mediados de diciembre de 2023. Ese mismo mes, Pierce demandó a Lipsey por fraude y Lipsey exigió el pago inmediato a Valentine e Higuerey de la totalidad del préstamo, aunque ya había ejecutado el colateral. Lipsey sostiene que son acuerdos contractuales separados, por lo que tiene derecho a ambos remedios: los terrenos de Vieques negociados con Pierce como colateral para el préstamo y el repago del préstamo dado a Celeres.
Esta madeja de pleitos aún no se ha resuelto y los acuerdos, gran parte de los contratos y anejos de los casos permanecen confidenciales en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por lo que no es posible determinar cómo queda el asunto propietario en el hospital. Los abogados de Lipsey no contestaron las llamadas del CPI para entrevista.
La compañía que finalmente adquirió el hospital, sus terrenos, equipos y licencias en el proceso de quiebra fue Eastern Health LLC. Su presidente, y dueño del 50.1% de las acciones debido a sus aportaciones de capital operacional y humano, el doctor Vázquez Delgado, vendió sus acciones hace más de un año a una empresa incorporada en Delaware llamada Gogoplex Fund LLC. El galeno, quien proveyó evidencia de dicha venta al CPI, dijo que Higuerey firmó a nombre de esa corporación, pero que él desconoce quién o quiénes son los dueños. Aseguró que al vender su participación le pagaron con un terreno cercano al complejo turístico-residencial Palmas del Mar que fueron adquiridos como parte de la compra del hospital ante la corte de quiebras.
Eastern Health LLC y la empresa operadora del hospital Hope Medical Center LLC están regidas por juntas de directores que están compuestas por las mismas siete personas: Wesselmann, Valentine, Nick Vidar, Kaila, Luke R. Fox, Higuerey y Pierce, como presidente del organismo. Pierce, Valentine y Kaila son beneficiarios de la Ley 60, confirmó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Foto suministrada Hope Medical
Todas estas personas también son inversionistas en el hospital, según tres fuentes vinculadas a la operación.
Negrón Judice dijo al CPI que se retiró porque se dio cuenta de que las personas involucradas no tenían conocimiento en la industria de hospitales.
“En este caso, los inversionistas que llegaron eran totalmente desconocidos, no conocían de la industria de la salud. Obviamente eso a mí me preocupaba muchísimo”, dijo Negrón Judice.
Afirmó que su intención inicial al momento de crear la compañía era buscar accionistas médicos que conocieran la industria.
“No me sentí cómodo con las negociaciones estando en un negocio con personas desconocidas y preferí, desde el día cero, retirarme”, aseguró Negrón Judice.
El doctor Velázquez declinó hablar con el CPI. En tanto, Vázquez Delgado se desligó de los problemas financieros y operacionales del hospital y alegó al CPI que estos comenzaron tras su salida. Aseguró que dejó la operación porque ese era su plan desde el principio. Esta afirmación es contradictoria con las declaraciones que dio en diciembre de 2024, cuando aseguró que en los pasados 12 meses habían invertido $10 millones en mejoras al hospital y habló de planes futuros para la institución.
“Mi acuerdo con los inversionistas fue claro desde el principio: se iba a hacer la compra, se iba a credencializar el hospital y estabilizarse, y luego de eso yo iba a tener una salida para retornar a mi profesión principal de radiólogo”, sostuvo Vázquez Delgado.
Aseguró que, al momento de su salida del hospital hace un año, “las metas de facturación y ocupación del hospital se habían logrado”.
Aparte de estos médicos, quien único se ha presentado públicamente como parte del grupo propietario del HOPE Medical es Pierce.
Mala administración
El Secretario de Salud dijo que el hospital incumplió la ley al no seguir los pasos adecuados para el cierre de la institución, ya que solo recibieron una carta de Higuerey notificando el cierre a posteriori, y no antes del cierre para hacer una transición ordenada. Según Ramos Otero, para solicitar cambios al CNC, incluyendo un CNC de cierre o un CNC de emergencia, se requiere subir y someter en el portal los documentos de apoyo a la petición, lo que no se hizo.
Antes de recibir la carta de Higuerey sobre el cierre, el Departamento de Salud supo que el hospital ya no tenía pacientes.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
“La realidad es que los dos [cierres] han sido [por] mala administración, tanto el del Hospital del Maestro como éste [Hope]. La causa principal del cierre, puede haber otra, pero la principal, o sea… cuando llegamos allí no había ni administrador. No había nadie, habían dado de alta a los pacientes tres días antes, cuando hablamos con la directora médica, que era la única que admitía pacientes allí [en Hope], nos dijo que se acabó el oxígeno y ella se cansó, renunció y transfirió a sus cuatro pacientes: tres para el [Hospital] Ryder y uno a Pavía Caguas”, sostuvo el Secretario.
“Ellos no me notificaron a mí nada, pero tampoco notificaron al Departamento del Trabajo”, agregó Ramos Otero al tiempo que mencionó que tampoco notificaron al DDEC, institución a la que tenían que avisar por ser beneficiarios de los fondos WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act) que son dirigidos a desarrollar la fuerza laboral.
El Secretario dijo que desconoce cómo se evaluó a los distintos grupos que compraron los hospitales que pertenecieron al conglomerado HIMA San Pablo y que se vendieron mediante el tribunal de quiebras.
Para abrir nuevamente, dijo, tendrían que pedir un CNC nuevo y cumplir con los requisitos.
Aunque se desconoce el futuro del hospital, hay grupos interesados en comprarlo, indicó el funcionario.
Los empleados, por su parte, siguen esperando por los sueldos que se les adeudan en medio de la época navideña sin que nadie les pueda decir quién es el responsable y cuándo finalmente les pagarán por su trabajo.
La periodista Amanda Pérez Pintado colaboró con esta historia.
