La senadora Nitza Moran Trinidad, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, anunció hoy la aprobación en el Senado del Proyecto del Senado 238, una medida que crea el marco regulatorio más completo para reglamentar, fiscalizar y operar los alquileres a corto plazo (Short Term Rentals) en Puerto Rico. La legislación establece un sistema uniforme de licencias, en donde se crea un registro en todos los municipios. La medida distribuye arbitrio que se paga hoy del 7% a la Compañía Turismo de devengarle a los municipios 1%, ingreso que irá directo y con él se podrá atender pagar los servicios necesarios que ha traído esta modalidad de alojamiento.
La senadora destacó que por años la isla ha sido testigo del crecimiento acelerado de los alquileres a corto plazo sin normas claras ni fiscalizadoras creando una competencia desleal ante las regulaciones que tienen que cumplir hoy los hoteles, paradores y moteles. La falta de visibilidad de esta industria ha provocado retos para residentes, desafíos de convivencia comunitaria y de seguridad para los municipios y un ecosistema comercial que necesitaba regularse. Subrayó que esta medida responde a reclamos de comunidades, alcaldes, comerciantes y titulares de condominios que pedían ley y orden con certeza de cumplimiento.
“Hoy Puerto Rico adopta una política pública moderna y responsable. Esta propuesta de Ley no prohíbe: ordena. Protege a las comunidades sin frenar el desarrollo económico y brinda a los municipios las herramientas que llevaban años reclamando,” afirmó Moran. La legisladora explicó que la medida se inspira en regulaciones implementadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Miami, así como en la Ordenanza 39 del Municipio de San Juan, para crear un modelo balanceado que armoniza el derecho a generar ingresos con la necesidad de proteger la calidad de vida de los residentes.
El proyecto dispone la creación de un registro municipal en los 78 pueblos, donde deberá consignarse información completa de cada propiedad dedicada al alquiler a corto plazo. Asimismo, establece que toda unidad deberá contar con una licencia anual, la cual incluirá información del anfitrión u operador, permisos aplicables, catastro, capacidad de huéspedes y plataformas digitales utilizadas. La legislación también exige certificaciones del Departamento de Hacienda, Turismo y el CRIM, además de cumplir con reglamentos internos, escritura matriz o condiciones restrictivas cuando apliquen.
A través de esta medida, el impuesto del 1% turístico aplicable que será dirigido directamente al municipio donde ubique la unidad permitirá sufragar tareas de seguridad, fiscalización, ornato, limpieza, infraestructura y manejo de desperdicios sólidos en las zonas más impactadas por la actividad turística. La senadora sostuvo que este componente fiscal refuerza la capacidad de los municipios para gestionar adecuadamente el impacto de esta actividad económica en sus comunidades además de que la medida podría ser unas de las alternativas a considerarse para sustituir la contribución al inventario.
Un aspecto fundamental de la Ley es el reconocimiento pleno de las facultades de condominios y urbanizaciones. Si la escritura matriz, reglamento o condiciones restrictivas prohíben los alquileres a corto plazo, esa prohibición prevalece. A su vez, se permite que dichas comunidades establezcan requisitos más estrictos que los contemplados en la Ley, garantizando la protección de su autonomía y su derecho a preservar la convivencia interna ya que al momento que adquirieron la propiedad era bajo el propósito primordial de ser una vivienda a largo plazo y con las comodidades y amenidades que ofrece este tipo de propiedad.
Moran, quien es senadora del Distrito de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo, y representa el territorio con una de la más alta densidad de alquileres a corto plazo en Puerto Rico y destacó que la medida establece controles claros sobre plataformas digitales como Airbnb y VRBO además de anfitriones independientes que quedarían claramente identificados en los municipios de donde se obtendrán datos mensuales que permitan supervisión, transparencia y cumplimiento reglamentario.
“Este proyecto establece un equilibrio real: protege a los residentes, fortalece a los municipios y garantiza que esta actividad económica continúe creciendo de manera ordenada. Hoy Puerto Rico tiene una solución moderna a un problema real, y ese es el tipo de política pública que debemos impulsar,” expresó Moran.
La medida establece un periodo de transición de 180 días para que los municipios adopten reglamentos y sistemas, seguido de 180 días adicionales para que anfitriones y operadores cumplan con todos los requisitos, permitiéndoles continuar operando durante ese proceso sin penalidades.
La senadora Moran reiteró su compromiso con el desarrollo económico responsable y con políticas que promuevan tanto la actividad turística como la calidad de vida en las comunidades. “Mi objetivo es simple: garantizar convivencia, orden y prosperidad. Este proyecto es un paso firme en esa dirección,” concluyó.
