Por Ariana N. Negrón Pacheco
Si de verdad queremos que la tecnología fortalezca nuestra democracia, no basta con estar conectados. Hay que empoderar digitalmente a la sociedad. Eso implica crear plataformas de participación donde las consultas ciudadanas sean vinculantes y efectivas, replicando modelos como los presupuestos participativos digitales. También significa enseñar, desde las escuelas hasta los barrios rurales, cómo participar, cómo proponer, cómo incidir y, sobre todo, garantizar que todos tengan acceso a dispositivos y a una conexión de calidad.
Vivimos en una época donde las redes sociales se han convertido en el escenario principal para debatir, organizar y compartir ideas. Pero a pesar de que estamos más conectados que nunca, la participación ciudadana que realmente transforma políticas públicas, presupuestos y leyes sigue siendo escasa. En Puerto Rico, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero las instituciones aún no han logrado abrirle la puerta a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Según el Puerto Rico Community Survey del Censo de Estados Unidos, el acceso a internet en los hogares creció de 56.2% en 2012 a 76.7% en 2023. Además, el Internet Society estima que el 87% de los puertorriqueños se conecta al menos una vez cada tres meses. Es evidente que la infraestructura digital está creciendo. Pero, como advirtió la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) en 2022, tener conexión no es suficiente para participar políticamente. Hace falta educación digital y canales reales de interacción con el gobierno.
Un estudio de la Universidad de Puerto Rico en 2023 reveló que, aunque la mayoría de los departamentos gubernamentales tienen presencia en redes sociales, la comunicación sigue siendo de una sola vía. Se informa, pero no se escucha. Menos del 15% de las publicaciones oficiales generan algún tipo de interacción con contenido político o propuestas ciudadanas. Es como si habláramos al vacío. Si miramos más allá, la brecha digital sigue siendo una barrera enorme. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reportó en 2024 que el 22% de los hogares rurales no tiene acceso estable a banda ancha. Esto no es solo un problema técnico: es una forma de exclusión política. Comunidades enteras quedan fuera de los espacios donde se decide el futuro. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lo advirtió en 2023: la desigualdad tecnológica limita la representación ciudadana, especialmente entre personas mayores y de bajos ingresos.
En resumen, la ciencia y los estudios de política pública lo tienen claro: la participación digital solo funciona cuando se combinan acceso, educación y poder de decisión. Puerto Rico tiene la infraestructura. Lo que falta es voluntad política para abrir de verdad el espacio digital a su gente. Porque estar conectados no sirve de mucho si seguimos desconectados del poder.
