Por Dr. Edgar Leon
El incumplimiento de la Ley 85 condena a nuestros estudiantes al fracaso académico
Puerto Rico enfrenta una crisis educativa sin precedentes que amenaza el futuro de toda una generación. Con apenas un 35% de aprovechamiento académico en todas las materias y grados, nuestros estudiantes están pagando el precio de un sistema que ha invertido sus prioridades, violando flagrantemente la Ley 85 que establece que el 70% del presupuesto educativo debe destinarse al ámbito académico y solo el 30% al administrativo.
La realidad actual es desalentadora: la proporción de gastos administrativos supera los recursos destinados directamente al aprendizaje. Mientras nuestros niños y jóvenes luchan en aulas mal equipadas y con recursos limitados, una burocracia inflada consume los fondos que deberían nutrir su educación.
Una Burocracia Obsoleta en la Era Digital
En pleno siglo XXI, cuando la inteligencia artificial revoluciona la gestión y automatiza procesos administrativos, resulta inexcusable mantener una estructura burocrática tan voluminosa. La proliferación de administradores, ayudantes especiales, directores, coordinadores y otros asistentes no solo viola la ley, sino que crea barreras innecesarias que obstaculizan el proceso educativo.
Esta estructura administrativa inflada funciona como un obstáculo entre los recursos y quienes realmente los necesitan: estudiantes y maestros. Cada puesto administrativo innecesario representa fondos que no llegan al aula, materiales educativos que no se compran, programas académicos que no se implementan.
Los Números No Mienten
Un aprovechamiento académico del 35% en todas las materias no es solo una estadística preocupante; es una emergencia nacional que compromete la competitividad futura de Puerto Rico. Estos resultados reflejan décadas de desatención sistemática al componente académico, producto directo del incumplimiento de la Ley 85.
Cuando la administración consume más recursos que la educación misma, el resultado es predecible: estudiantes mal preparados, maestros desmotivados y padres frustrados ante un sistema que no cumple su función fundamental.
Un Llamado a la Acción Urgente
Es hora de que legisladores y maestros se unan en una petición legal contundente para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 85. Esta no es una sugerencia; es una obligación legal que se ha ignorado durante demasiado tiempo, sacrificando el futuro de nuestros estudiantes.
La solución requiere medidas inmediatas:
Reducción drástica de puestos administrativos innecesarios. Cada posición que no contribuya directamente al proceso educativo debe ser eliminada. En la era de la automatización y la gestión digital, mantener estructuras burocráticas obsoletas es un lujo que nuestro sistema educativo no puede permitirse.
Redistribución inmediata de recursos. Los fondos liberados de la reducción administrativa deben canalizarse directamente hacia programas académicos, materiales educativos, tecnología en el aula y mejoras en la infraestructura escolar.
Transparencia total en el uso de fondos. La comunidad educativa y los padres tienen derecho a conocer exactamente cómo se distribuyen los recursos y exigir que se respete la proporción establecida por ley.
El Costo del Silencio
Esta crisis no es solo un problema del sector educativo; es una amenaza existencial para Puerto Rico. Una población con bajo nivel educativo es vulnerable a la manipulación política, dependiente económicamente y incapaz de competir en una economía globalizada.
No podemos permitir que el miedo o la comodidad política perpetúen esta situación. Los resultados hablan por sí solos: nuestro sistema educativo está fallando, y la responsabilidad recae directamente en quienes han permitido que la burocracia prevalezca sobre el aprendizaje.
Invirtiendo en el Cerebro Puertorriqueño
Es momento de apostar por la inteligencia y el potencial de nuestro pueblo. Cada dólar invertido correctamente en educación es una inversión en la independencia intelectual y económica de Puerto Rico. Un pueblo educado no teme al debate, no se deja manipular por la propaganda y tiene las herramientas para construir su propio destino.
La Ley 85 existe por una razón: reconoce que la educación debe ser la prioridad absoluta. Su incumplimiento no es solo una violación legal; es una traición a las futuras generaciones de puertorriqueños.
La Hora de la Verdad
No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras nuestros estudiantes pagan las consecuencias de decisiones administrativas irresponsables. La unión de legisladores, maestros, padres y ciudadanos comprometidos con la educación es esencial para exigir cambios inmediatos.
El futuro de Puerto Rico se decide hoy en nuestras aulas. Si seguimos permitiendo que la burocracia consuma los recursos destinados al aprendizaje, estaremos condenando a nuestros jóvenes a un futuro de dependencia y limitaciones.
Es hora de actuar. Es hora de hacer cumplir la ley. Es hora de poner a nuestros estudiantes primero.
La educación no es un gasto; es la inversión más importante que puede hacer una sociedad. Puerto Rico merece un sistema educativo que honre esta verdad y respete tanto la ley como el potencial infinito de nuestros estudiantes.
