Un proyecto de ley que busca crear un currículo especial en las escuelas superiores contra la violencia en el noviazgo recibió posiciones encontradas de varias agencias públicas que avalaron el esfuerzo de prevención, pero alertaron que no cuentan con el presupuesto, ni el personal suficiente, para implementarlo.
El Proyecto de la Cámara 344 permitiría el desarrollo de cursos y adiestramientos para que estudiantes se certifiquen voluntariamente como capacitadores en contra de la violencia de pareja. La iniciativa, evaluada este viernes en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, es promovida por los representantes José “Che” Pérez y Odalys González González.
Aunque el Departamento de Educación (DE) reconoció la importancia de la propuesta legislativa, portavoces de la agencia indicaron que necesita incluir la asignación de fondos recurrentes a su agencia y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para dar efecto al programa.
La OPM también destacó que carece de la estructura para implantar el proyecto, al tiempo que informó que ya efectúa campañas educativas para capacitar tanto a los estudiantes, como a los docentes, sobre la erradicación de la violencia en el noviazgo.
“La creación y fiscalización de dicha certificación requeriría un equipo adicional de personal educativo, psicólogos escolares, diseñadores curriculares, sistemas de registro académico, seguimiento y medición de impacto que sobrepasan nuestras capacidades institucionales”, afirmó la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, en un memorial explicativo.
La profesora Michelle Tirado, gerente del Programa de Salud Escolar, aseguró que el DE está próximo a poner en vigor la Ley 75-2007, que estipula el ofrecimiento de talleres enfocados en la prevención del abuso sexual infantil en todos los niveles educativos y cuyo programa, ha permanecido sin presupuesto asignado desde su aprobación.
La deponente anunció que Educación envió este viernes al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud el acuerdo colaborativo que será llevado a práctica entre ambas agencias, pese a que hace varios años ya se implementaron estos talleres al personal docente.
Como parte de la iniciativa, el DE informó que organizaciones que ofrecen servicios a víctimas de violencia de género se unieron a la colaboración y están ofreciendo orientaciones en diversas escuelas públicas.
Entretanto, la doctora Catherine Oliver, directora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), detalló que a través de su división de Prevención y Promoción de la Salud Mental se han materializado una diversidad talleres para la comunidad escolar que ha impactado a sobre 75,000 alumnos en lo que va de año.
Las agencias coincidieron en que la legislación propuesta debería unificar las herramientas existentes e impulsar acuerdos interagenciales para evitar la duplicación de esfuerzos.
“Todas las agencias están haciendo lo correspondiente en el esfuerzo no solamente de la violencia en el noviazgo, sino en el manejo del carácter, el manejo de las emociones, trabajar las familias fortalecidas. Es hacer un compendio de todas estas agencias”, expresó la representante Tatiana Pérez Ramírez, presidenta de la Comisión de Educación.
La legisladora adelantó que la Comisión de Educación mantendrá reuniones con las agencias involucradas para “delinear un plan estratégico para atender un problema real en Puerto Rico”. Pérez Ramírez, junto a los autores de la medida, requirieron a las agencias identificar un lenguaje para el proyecto que redistribuya los recursos y permita su implementación sin la obligación de incurrir en gastos adicionales.
De la vista pública también participaron los representantes Reinaldo Figueroa Acevedo y Ángel Morey Noble.
