La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo que preside la senadora Nitza Moran Trinidad, llevó a cabo una vista pública sobre la Resolución del Senado 112, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 247-2015 conocida como, “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”, en términos del reciclaje por parte de los establecimientos comerciales, en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“Tenemos leyes que se han traducido en problemas para el comercio y para el consumidor. Así que nosotros vamos a estar muy atentos a esta resolución porque me parece que si hay artículos que no se están llevando a cabo dentro de la ley, ni están vigentes o por alguna razón no se pueden ejecutar, es momento de mirar la legislación porque esta ley después de 10 años, entonces realmente no tuvo su propósito”, afirmó Moran, quien es autora de la resolución.
Compareció a deponer la licenciadaValerie Rodríguez Erazo, secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), quien expresó como necesaria una evaluación de la ley. “La revisión del cumplimiento y los resultados de la Ley 247-2015 es no sólo razonable, sino necesaria. De cara a una posible reestructuración legislativa, resulta esencial que cualquier política pública que pretenda incidir en los patrones de consumo logre un balance adecuado entre los objetivos ambientales que persigue y la carga económica que impone. Cualquier desviación de ese equilibrio termina siendo injusta para el consumidor y poco efectiva para el ambiente”, mencionó Rodríguez.
A preguntas de Moran sobre la implementación de la ley, la deponente respondió que “para mí es evidente que la ley no se ha llevado a lo que era la intención. Si al día de hoy nosotros no tenemos un resultado de poner el programa de reciclaje que esté en vigor para validar el propósito de la ley, pues no está dando resultado”.
Asimismo, la senadora preguntó por qué entiende no se ha cumplido el objetivo público. Rodríguez sostuvo que de aquí se desprende que hasta el Departamento de Recursos Naturales no puede dar un resultado concreto de qué se logró. “Porque el interés de la medida era eliminar los plásticos porque eran malos para el medio ambiente, pero entonces ahora tenemos una bolsa que, de hecho, lo que he leído es que para que esas bolsas sean efectivas a favor del medio ambiente se tienen que rehusar mínimo como diez veces”.
En la misma línea, Karla Marrero y Antonio Ríos en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), indicaron que consideran pertinente realizar un análisis amplio y actualizado que permita examinar los logros, limitaciones y posibles ajustes conforme a la política pública vigente.“El DRNA ha constatado que, si bien muchos establecimientos han cesado el uso de bolsas plásticas desechables tradicionales, persisten prácticas que requieren evaluación adicional, tales como el ofrecimiento de bolsas de mayor grosor que, aunque permitidas bajo la ley, presentan nuevos retos de degradabilidad y las reclamaciones ciudadanas relacionadas al costo adicional que enfrentan los consumidores, particularmente personas de edad avanzada o poblaciones vulnerables”, sostuvo Marrero.
Moran preguntó cómo debemos atender el asunto de la bolsa de mayor grosor y en cuánto tiempo se degrada. Ríos indicó que la ley es meritoria. Podemos señalar sobre el uso de las bolsas plásticas pero el uso viable para sustituir sería la bolsa de papel por el efecto en el ambiente. “El problema de bolsas plásticas es el manejo ciudadano de estas. La de papel se degrada rápido, la plástica se puede tardar años en degradarse”.
Por su parte, la senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cómo se va a reciclar responsablemente durante este proceso. Ríos indicó que “además de apoyar a los municipios en la implementación de los programas. Ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo sus ideas, sus propuestas y sus publicaciones. También están recibiendo asistencia técnica, así como apoyo en la parte relacionada con la obtención de fondos para implementar los programas de manera individual, de forma que puedan utilizarse para la compra e instalación”.
Igualmente, asistió a la audiencia la licenciada Vianca Rivera, en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC),quien también favorece se lleve a cabo un estudio sobre la ley y abogó por las plantas de reciclaje. “El DDEC reconoce la importancia de promover el uso de bolsas reusables, pero de igual forma reconoce que el fin que busca la Ley 247, que es proteger el medio ambiente, en gran parte dependerá de que contemos en Puerto Rico con plantas de reciclaje ya sea para bolsas plásticas, de papel u otros materiales reciclables que aquí se generen”.
Moran preguntó qué industrias se han acercado para el incentivo económico en términos de plantas de reciclaje. Rivera respondió “sabemos que en Puerto Rico existen varias plantas de reciclaje”. Añadió que el tipo de reciclaje es de metales, plástico y foam. A petición de Moran, la deponente entregará información detallada en los próximos días a la comisión sobre las industrias de reciclaje que operan en Puerto Rico.
Se expresa el sector empresarial
De otro lado, participó como deponente la licenciada Ágnes Martínez, del Centro Unido de Detallistas (CUD), quien pidióreevaluar estas leyes. “Todas estas leyes que de una u otra forma van dirigidas al tema de reciclaje deben ser reevaluadas. La prohibición no debe ser el método primario en los esfuerzos de reciclaje y protección del medioambiente, sino que debemos movernos a establecer una cultura y concienciación que fortalezca está práctica, tan importante para la protección de nuestro ambiente. La mera prohibición e imposición de avisos y sanciones, aplicable al sector comercial, no resulta en una medida efectiva”.
A preguntas de Moran, la deponente indicó que lo único que ha hecho el sector empresarial es pasar el costo de la bolsa y es completamente voluntario al consumidor. Los comercios permiten a sus clientes llevar sus bolsas sin ninguna restricción. Además, sostuvo que “hay que eliminar los artículos que fueron específicamente transicionales para la implementación de esta política pública”.
También, se expresó Manuel Reyes, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). Reyes indicó que el objetivo de la medida de reducir las bolsas plásticas se ha cumplido y afirmó que están a favor del medioambiente. “Si ese era el objetivo, pues por lo menos la data apunta a que se cumplió o por lo menos se ha cumplido en gran medida el objetivo y ahí nosotros estamos en ese balance de intereses aquí entre el medioambiente y la parte comercial”.
Por su parte, se expresó Ingrid Vila, de la organización Cambio Puerto Rico quien manifestó su apoyo a la ley vigente pero sugiriendo enmiendas. “Desde su entrada en vigor, la Ley 247-2015 ha tenido efectos positivos medibles en el ambiente costero y marino de Puerto Rico. Los datos recopilados por Scuba Dogs Society a través de la Limpieza Internacional de Costas revelan una disminución impresionante en la cantidad de bolsas plásticas recogidas durante las limpiezas costeras a partir del año 2016. Este descenso se ha sostenido, sugiriendo que la ley ha impactado de forma significativa la reducción de estos residuos”, dijo Vila.
Igualmente, la deponente recomendó enmiendas a la ley. Mencionó que debe incluir una declaración que reconozca que todas las bolsas plásticas son nocivas para el ambiente y la salud, incluyendo aquellas clasificadas como «reusables». Deben permitirse únicamente las bolsas de papel reciclable y las bolsas de tela.
