La gobernadora Jenniffer González Colón anunció hoy los primeros resultados de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA). La mandataria informó que 12 agencias ya han iniciado la derogación de 251 reglamentos, eliminando más de 7,200 páginas de disposiciones obsoletas que representaban trabas, generaban confusión jurídica o imponían requisitos innecesarios que atrasaban procesos en perjuicio de los ciudadanos. Este logro constituye la reforma de eficiencia gubernamental más abarcadora en décadas, con resultados medibles desde su primera etapa.
“IDEA es una prioridad estratégica de nuestra administración que busca modernizar el aparato gubernamental y simplificar procesos, fomentando la eficiencia, la competitividad y la transparencia. Los esfuerzos que estamos liderando son para transformar la forma en que opera el gobierno y que sea uno en donde el ciudadano es primero, que sea unificado, que se comunique y trabaje en conjunto, donde se dé el uso máximo a la tecnología digital, trabajando una desregulación inteligente, un gobierno en donde se fortalezca el servicio público y se dé impulso a la competitividad regional. Con IDEA, Puerto Rico elimina lo que no funciona, adopta tecnologías responsables y establece una agenda clara de desarrollo económico”, expresó la gobernadora.
La Coordinadora de Eficiencia, licenciada Veronica Ferraiuoli Hornedo, subrayó que la iniciativa busca transformar el funcionamiento del gobierno desde la raíz.
“IDEA no es un ejercicio aislado; es un proceso estructurado que cambia la manera en que el Gobierno de Puerto Rico regula y administra. Cada agencia creó su propio Comité, compuesto por representantes legales, tecnológicos y de servicio al ciudadano y más de 300 servidores públicos fueron capacitados para participar de este esfuerzo. Hemos trabajado con disciplina, con datos y con procesos uniformes, para asegurar que cada decisión esté justificada y dirigida a mejorar la gestión pública.
Con la eliminación de reglamentos obsoletos estamos limpiando décadas de acumulación burocrática, pero no nos detenemos ahí. El próximo paso es garantizar que todo reglamento nuevo lleve una certificación de eficiencia regulatoria, lo que obliga a justificar la necesidad de regular, considerar alternativas más livianas y evaluar costos y beneficios. De esta manera, Puerto Rico contará con un marco moderno que asegura reglas claras, procesos más simples y un gobierno que responde con agilidad a los ciudadanos y al desarrollo económico de la Isla”, indicó la licenciada Ferraiuoli.
Como parte del esfuerzo, se informó que el Gobierno de Puerto Rico ha examinado 4,160 reglamentos inscritos en el Departamento de Estado, revelando que el 90% no se habían revisado en más de cinco años. En algunos casos, se trataba de normas con más de seis décadas de antigüedad o de reglamentos de agencias que ya no existen. Del total, 2,918 reglamentos ya fueron clasificados: 807 serán derogados, 1,245 serán revisados o consolidados y 866 permanecerán en vigor. El restante, 1,242 reglamentos, fueron identificados como pendientes de evaluación, incluyendo 92 reglamentos huérfanos de agencias que ya fueron disueltas, pero cuyos reglamentos aún figuran como vigentes en el registro oficial.
Los reglamentos son el marco que rige cómo operan las agencias y cómo se ofrecen servicios al pueblo. Cuando permanecen sin revisión por décadas, acumulan enmiendas sobre enmiendas y hacen los procesos más confusos, lentos y costosos para los ciudadanos. Por eso, IDEA comenzó con una depuración regulatoria: para eliminar reglas obsoletas que complicaban trámites innecesariamente y sustituirlas por normas claras, simples y modernas. Este esfuerzo ya tiene resultados tangibles.
En el área de vivienda, por ejemplo, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) eliminó un reglamento de 546 páginas, lleno de enmiendas que lo hacían prácticamente incomprensible para una familia interesada en solicitar financiamiento o asistencia. Este reglamento fue sustituido por normativas más recientes, pero seguía figurando como activo, lo cual demuestra la carga excesiva y confusa que enfrentaban ciudadanos y desarrolladores. Esto significa menos papeles, menos vueltas y procesos accesibles para cualquier ciudadano. Asimismo, en el Departamento de Salud se derogaron reglamentos arcaicos vinculados a la lepra o al trabajo de comadronas auxiliares, garantizando que los servicios se regulen conforme a la ciencia moderna y sin pasos administrativos innecesarios.
Por su parte, el secretario de Salud, doctor Víctor Ramos Otero, enfatizó que “el Departamento de Salud participó de un proceso histórico de revisión y eliminación de reglamentos obsoletos que, aunque tuvieron pertinencia en su momento, ya no cumplían ninguna función en la realidad actual de los procesos administrativos ni en la prestación de servicios. Entre estos se incluyeron disposiciones vinculadas a condiciones como la lepra, cuyo tratamiento y control hoy se rigen bajo parámetros científicos y clínicos muy distintos a los de hace décadas. Es importante destacar que esta depuración normativa no afectó en ningún momento la seguridad de los pacientes ni la salud pública. Por el contrario, permitió garantizar que los reglamentos vigentes respondan a necesidades reales, sustentadas en la evidencia y en la ciencia moderna, para atender de manera ágil y eficaz a nuestra población. Este esfuerzo constituyó una iniciativa histórica que atacó la burocracia sin piedad y reafirmó nuestro compromiso con un sistema de salud más eficiente, transparente y centrado en las verdaderas prioridades de Puerto Rico.”
De igual forma, otros componentes del gobierno ya han comenzado a mostrar resultados concretos, entre ellos el Departamento de Educación destacó que ha iniciado procesos de revisión de reglamentos con impacto administrativo y escolar, lo que permitirá modernizar normas clave para el funcionamiento del sistema educativo.
En esa misma línea, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) subrayó cómo este esfuerzo fortalece la competitividad e inversión en la Isla, al simplificar procesos y alinear las normas con las necesidades de los sectores productivos.
“La derogación de 87 reglamentos—58 del DDEC y 29 de PRIDCO—representa una reducción del 67% que marca un hito en nuestro compromiso de hacer de Puerto Rico una jurisdicción verdaderamente competitiva para hacer negocios. Los inversionistas globales identifican consistentemente la burocracia excesiva como una de las principales barreras para la inversión. Esta iniciativa responde directamente a esa preocupación, agilizando procesos y eliminando obstáculos innecesarios. Estamos enviando un mensaje claro: Puerto Rico está transformándose para ser el destino preferido para la inversión, donde establecer y expandir operaciones sea no solo posible, sino eficiente y atractivo”, expresó Negrón-Reichard.
Asimismo, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) presentó la adopción de un reglamento actualizado que sustituyó ocho normas anteriores en el sistema financiero. La consolidación permite reglas más claras tanto para bancos como para clientes, reduciendo riesgos y agilizando respuestas.
“En la OCIF hemos consolidado seis reglamentos y dos cartas circulares que ya se encontraban obsoletas. Así, desarrollamos un nuevo reglamento bancario que representa un avance significativo en términos de claridad, coherencia y pertinencia regulatoria. Esta actualización atiende vacíos normativos importantes y alinea sus disposiciones con la realidad operativa de la banca moderna y con los requerimientos de los entes reguladores federales”, explicó la licenciada Mónica Rodríguez Valle, comisionada de Instituciones Financieras.
En total, 12 agencias ya comenzaron formalmente procesos de derogación: la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCCPR), la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Departamento de Salud, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Esta primera etapa redujo la edad promedio de los reglamentos de 22 a 16 años y bajó de 90% a 54% los reglamentos que llevaban más de cinco años sin revisión.
También, en una apuesta estratégica por la modernización del gobierno, se trabaja en la preparación de la primera política de inteligencia artificial (IA) de carácter gubernamental en Puerto Rico, que establecerá criterios uniformes para el uso ético, seguro y transparente de estas tecnologías en la prestación de servicios públicos. Esta política dispondrá de estructuras de gobernanza en cada agencia, medidas de protección de datos, transparencia hacia la ciudadanía en el uso de IA en procesos de servicio y la obligación de mantener supervisión humana en decisiones críticas.
La Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) será la entidad encargada de velar por su cumplimiento y auditar los sistemas de IA que se adopten en las agencias. “Con la implementación de la Política de Inteligencia Artificial en el Gobierno de Puerto Rico, que refleja el compromiso programático de la gobernadora Jenniffer González Colón, estamos estableciendo un marco sólido que promueve el uso responsable de la IA. Nuestro objetivo es garantizar que la innovación se alinee con los principios de transparencia, responsabilidad y ética, al mismo tiempo que se protegen los derechos de nuestros ciudadanos. Esta política, respaldada por procedimientos operativos estándar, no solo facilita la adopción de tecnologías avanzadas, sino que también asegura que cada sistema de IA sea evaluado y supervisado adecuadamente, promoviendo la confianza pública en el uso de la inteligencia artificial en nuestras agencias”, señaló el director ejecutivo de PRITS, Martín Jiménez.
La Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA) fue establecida mediante las Órdenes Ejecutivas OE-2025-009 y OE-2025-023, como parte de la visión de la Gobernadora Jenniffer González Colón para modernizar el aparato gubernamental y romper con un modelo burocrático que por años cargó con reglamentos obsoletos, duplicidad de trámites y servicios lentos e ineficientes.
La implementación de IDEA se apoya en tres órdenes administrativas que:
● Establecieron principios rectores de eficiencia y desregulación inteligente.
- Ordenaron la revisión masiva de reglamentos en todas las agencias con comités especializados.
● Impulsaron la integración tecnológica e interoperabilidad de plataformas.
La iniciativa responde a seis principios que guían su ejecución: el ciudadano primero, eficiencia administrativa, desregulación inteligente, gobierno unificado, digitalización, profesionalización del servicio público y competitividad regional.
Cada agencia del gobierno tiene un comité compuesto por representantes de áreas legales, tecnológicas, de servicio al ciudadano y de cumplimiento. Estos comités son los responsables de clasificar reglamentos, recomendar acciones y garantizar que cada decisión esté orientada a simplificar la vida de los ciudadanos y mejorar la productividad de la gestión pública.
Por primera vez, el Gobierno de Puerto Rico establece un proceso uniforme de revisión regulatoria, acompañado de métricas claras y resultados medibles. Esto permite no solo eliminar regulaciones anacrónicas, sino también crear un marco de gobernanza que previene que el sistema vuelva a caer en la acumulación de reglas obsoletas.
Así, el Gobierno de Puerto Rico abre una nueva etapa en su gestión, dejando atrás décadas de burocracia y proyectando un aparato estatal ágil, eficiente y alineado con las necesidades de su gente.
