El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó este martes en el tribunal un recurso especial bajo la Ley de Transparencia contra el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico por incumplir con su deber de proveer información pública relacionada con los pagos de dietas y millaje pagados a legisladores, así como detalles sobre sus jubilaciones e ingresos adicionales.
El CPI había enviado solicitudes de información desde el 26 de marzo de 2025 a ambos cuerpos legislativos, que sí fueron respondidas, y posteriormente amplió los requerimientos el 30 de junio, sin obtener respuestas en el término establecido por ley.
“El pueblo espera que la legislatura rinda cuentas, que sea transparente, y que cumpla con las leyes. En este caso, el Senado y la Cámara han incumplido con la Ley de Transparencia que ellos mismos aprobaron. Por eso, y luego de las gestiones de seguimiento que no tuvieron resultado, no tuvimos otro remedio que ir al tribunal”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Las solicitudes pendientes a ambos cuerpos, realizadas por la directora editorial del CPI Wilma Maldonado Arrigoitía, incluyen información detallada sobre pagos por concepto de dietas y millaje a legisladores, los informes presentados para reclamar esos pagos, así como los nombres de legisladores que han generado ingresos externos entre enero y junio de 2025. También se solicitó confirmar la fuente de esos ingresos, y si los mismos están sujetos al pago de contribuciones.
“La falta de respuesta de la Legislatura y el no entregar esta información afectan derechos constitucionales fundamentales”, señaló Maldonado Arrigoitía. “Esto impide la fiscalización ciudadana y atenta contra el derecho a saber cómo se gasta el dinero del pueblo”, añadió.
El recurso legal fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por los abogados Judith Berkan, Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El escrito establece que tanto el Senado como la Cámara tienen un deber ministerial de proveer la información, y que esta forma parte del patrimonio documental público del país. En la demanda se solicita al tribunal que ordene a ambas cámaras entregar la información solicitada.
