El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, tildó de insensibles al secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, y a la gobernadora Jenniffer González, tras la decisión de retirarle fondos federales al municipio de Aguadilla, luego de que el alcalde Julio Roldán adoptara una política pública de no colaboración con agencias federales de inmigración. Esto, por medio de la aprobación de la Ordenanza Municipal 82 que declara el Municipio como ciudad santuario.
“Es un acto de insensibilidad, revanchismo y falta de empatía hacia comunidades vulnerables que buscan protección y dignidad. La administración de Jenniffer González ha tomado la ruta más fría y punitiva: quitarle fondos a una ciudad que, con valentía y humanidad, ha optado por proteger a los más vulnerables en vez de perseguirlos”, expresó Ferrer.
Ferrer criticó que la administración de Jenniffer González utilice los fondos públicos como herramienta para imponer su visión ideológica, incluso si eso significa poner en riesgo la seguridad de comunidades enteras.
“No se puede gobernar desde la amenaza ni desde el castigo. Las políticas públicas deben responder al bienestar del pueblo, no a revanchas políticas ni a presiones ideológicas.”, sentenció Ferrer.
Según trascendió, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, ordenó la cancelación de fondos federales dirigidos a la policía municipal de Aguadilla aludiendo a un “incumplimiento con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”.
“Hablan de autonomía municipal, pero cuando un alcalde toma decisiones responsables y justas, lo castigan. Hablan de seguridad, pero recortan los recursos de quienes están haciendo su trabajo de forma digna y respetuosa con los derechos humanos”, agregó el portavoz cameral.
El legislador popular reiteró su respaldo al municipio de Aguadilla y a todo esfuerzo que tenga como base la defensa de la dignidad humana.
“Proteger los derechos civiles y la seguridad de nuestras comunidades no es una postura ideológica; es una obligación moral. Y es evidente que la Gobernadora no lo ha entendido”, sostuvo Ferrer Santiago.
