Tras informes recientes de que la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) podría proceder con el cierre de oficinas de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal (USDA por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, el Comisionado Residente Pablo José Hernándezencabezó un esfuerzo respaldado por 20 congresistas exhortando a la agencia a revertir su decisión y preservar estas instalaciones esenciales para la misión del gobierno federal.
“Estas oficinas son la puerta de entrada del gobierno federal en nuestras comunidades rurales”, dijo Hernández. “Apoyan a agricultores, pequeños negocios, familias y municipios. Cerrarlas sería un retroceso—en el peor momento posible”.
La carta dirigida al Administrador Interino de GSA, Stephen Ehikian, responde a una actualización del USDA que confirma que 43 de las 49 oficinas que enfrentan terminaciones de arrendamiento son consideradas “esenciales para la misión” por el propio Departamento. Sin embargo, GSA aún no ha revocado las terminaciones, dejando en riesgo a oficinas locales—incluidas las de Puerto Rico.
Esta acción se suma a esfuerzos previos liderados por Hernández, quien en marzo encabezó una carta con diez congresistas en contra de los cierres y exigiendo al USDA que aclarara el impacto sobre las comunidades rurales. Ese esfuerzo llevó a la respuesta del USDA el 16 de mayo, en la cual se reconoció la importancia de estas oficinas.
“No es la primera vez que alzamos la voz”, añadió Hernández Rivera. “En marzo, nos aseguramos de que el USDA entendiera el rol que estas oficinas juegan en Puerto Rico. Nos escucharon. Ahora le toca a GSA hacer lo mismo”.
“Nuestras comunidades rurales no son una nota al pie—son parte central del tejido económico y social de Puerto Rico”, subrayó Hernández Rivera. “Lucharemos para que no sean abandonadas”.
