El grupo multisectorial Queremos Sol, que aboga por la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico a uno a base de la energía renovable distribuida, criticó la composición y propósitos del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, recientemente anunciado por la gobernadora electa Jenniffer González.
“Tenemos integrantes de ese Comité de Trabajo de administraciones pasadas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) que participaron directamente en la confección e implementación privatizadora de LUMA Energy, Genera y New Fortress Energy, que nos ha traído al desastre que enfrentamos hoy. ¿Qué cambio positivo para el país podemos esperar de personas que claramente no velan por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y en quienes no se puede confiar?”, expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración y Amigos de Río de Guaynabo y portavoz de Queremos Sol.
El Comité de Trabajo nombrado por González incluye al actual director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, quien también dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la administración Fortuño y al ex presidente de la Junta de Gobierno de la AEE en 2011 y 2013, José Ortiz, quien le abrió las puertas a New Fortress Energy, empresa matriz de Genera, otorgándole, bajo un proceso viciado, un contrato de $1,500 millones para suplido de gas. Bajo el mandato de Colón y Ortiz se redujo artificialmente la factura de luz de los consumidores meses antes de las elecciones del 2012. Colón por su parte aprobó las transacciones de las privatizadoras LUMA y Genera como miembro del Comité de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. El Comité también incluye al actual senador y excandidato a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, y el ex senador del PPD, Ramón Luis Nieves, quienes han favorecido la privatización del sistema eléctrico.
La organización Queremos Sol señaló, además, que otros participantes del Comité sean principalmente del sector privado empresarial.
“¿Dónde están los representantes de las comunidades y sectores residenciales del país? La selección de los miembros de este Comité continúa un patrón de favorecer al sector empresarial, por encima de los intereses de los ciudadanos que sufren la crisis todos los días, sin que se escuchen sus voces”, añadió la licenciada Ruth Santiago, portavoz de Queremos Sol.
Queremos Sol también expresó consternación por la insistencia de González en utilizar el gas natural como alternativa de energía limpia y más barata.
“La gobernadora electa se equivoca nuevamente. El gas natural no es una fuente renovable ni limpia y no resultaría en precios más accesibles, pues también está sujeto a los vaivenes del mercado de combustibles fósiles”, expresó el licenciado Pedro Saadé, miembro de Queremos Sol. “Además, las instalaciones de gas, así como su transporte, representan una amenaza inminente para comunidades, para nuestra economía y nos alejan de lograr los objetivos renovables.”
González indicó que establecerá detalles de las responsabilidades del Comité en una de sus primeras órdenes ejecutivas tras tomar posesión de la gobernación en enero. Sin embargo, aún existen dudas sobre la remuneración de sus integrantes y su lugar en la estructura gubernamental existente sobre la energía eléctrica.
“Es necesario cuestionar qué propósito tiene este Comité y qué poderes decisionales tendría. ¿A qué información privilegiada tendrán acceso estos integrantes y cómo se evitará que utilicen este acceso y el poder que tendrán para beneficiar sus propios intereses?”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol. “LUMA y Genera fracasaron. La privatización la intentaron y fracasó. Aquí hace falta un gobierno que actúe con voluntad y contundencia cancelando el contrato de LUMA y estableciendo un modelo público viable, resiliente y económico con energía solar desplegada en los techos de las casas y comercios de Puerto Rico,” añadió.
Queremos Sol urge a devolver el sistema de generación y distribución eléctrica de Puerto Rico a manos del pueblo. A través de un modelo público y participativo, se podrían utilizar gran parte de los $19,000 millones en fondos federales asignados al sector eléctrico para la transformación energética hacia energía solar en los techos y alcanzar el 75% de energía renovable distribuida en 15 años.
