Dramático aumento de muertes de mujeres por sobredosis

Por Génesis Dávila Santiago | Unidad Investigativa de Género

El día que murió su hermano, falleció también su madre. A él, lo encontraron junto a las
herramientas con las que preparaba sustancias controladas. De su madre, sin
embargo, no recibió detalles sobre lo que ocasionó su muerte.

Nery, quien solicitó identificarse como cariñosamente la llamaba su mamá, recibió una
llamada el 16 de enero de 2020, en la que le indicaron que su progenitora había
desaparecido después de enterarse que su hijo estaba grave. Pero no imaginó que,
horas más tarde, la encontraría también sin vida.

“A mí, me da más tranquilidad pensar que ella no lo vio morir… pero no te sé decir [si
presenció ese momento] porque no tengo información y no son cosas que se
investigan”, relató vía telefónica Nery.

Por la historia de abuso de sustancias que tenía su madre, Nery sospechaba que
también había muerto por una sobredosis, pero no tenía la certeza. No fue hasta que
se le contactó para este reportaje, cuatro años después, que Nery lo confirmó. La base
de datos del Registro Demográfico, a la que tuvo acceso la Unidad Investigativa de
Género — alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) — lo
establece así: “Muerte accidental por envenenamiento y exposición a narcóticos y
psicodislépticos”.

Entre 2013 y 2023, unas 400 mujeres han muerto por sobredosis, de acuerdo con
datos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Aunque las mujeres componen un
porcentaje bajo de las muertes por sobredosis, en la última década, los fallecimientos
de mujeres por esta causa aumentaron 4.7 veces, en comparación con 4.2 veces de
aumento en hombres. De manera que, tanto para hombres como para mujeres, las
muertes van en aumento, pero el fallecimiento de mujeres por sobredosis incrementó
proporcionalmente de forma más acelerada.

Aun así, los recursos específicos de ayuda para mujeres con abuso de sustancias son
limitados. Solo tres de ocho albergues de rehabilitación que atienden a mujeres
proporcionan espacio para madres con sus niños, dos de ellos con límites de edad. De
igual forma, los recursos son casi nulos para aquellas mujeres que presentan abuso en
el consumo de drogas junto a una situación de violencia de género, pues la mayoría de
los refugios para víctimas de violencia no aceptan a mujeres si no están estables en el
tratamiento de su adicción.

La falta de transporte, la poca disponibilidad de psiquiatras y el temor a una
intervención del Departamento de la Familia, en el caso de quienes son madres, se
suman a la larga lista de circunstancias que se interponen ante la posibilidad de recibir
tratamiento.

Para Debora Upegui Hernández, quien lleva cinco años contabilizando muertes por
sobredosis en el Observatorio de Equidad de Género (OEG), esta situación es
alarmante y no se puede seguir ignorando.
“Hay una crisis que está comenzando y que, si se atiende prontamente, se podría
trabajar” para prevenir y controlarla, subrayó sobre las muertes que el OEG cataloga
como feminicidio indirecto para llamar la atención sobre el aumento y la falta de
recursos específicos para mujeres.

Para recoger y clasificar sus estadísticas, el OEG utiliza el Modelo de protocolo
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de
género. Este modelo clasifica las muertes de mujeres por sobredosis como feminicidios
indirectos porque reconoce que las mujeres se encuentran en un estado de
vulnerabilidad que no tienen los hombres y, aunque no hay un culpable directo, el
Estado pudo haber tomado acciones para prevenir su muerte.

Upegui Hernández explicó que, aunque los hombres también sufren sobredosis,
existen más recursos para ellos, no viven el estigma por ser usuarios como lo vive una
mujer, no se exponen a violencia de género por parte de otros consumidores en los
hospitalillos y las razones que les llevan a utilizar sustancias controladas son distintas a
las de las mujeres.

“El uso de sustancias entre los hombres está básicamente aceptado. Puede que no se
considere algo deseable, pero se entiende que los hombres tienen libertades de
hacerlo… A las mujeres, sin embargo, se les tilda de malas madres. Es como si no
tuvieran derecho a buscar placer de otras maneras porque son madres, porque son
hijas, porque tienen que cumplir con sus roles asignados de género”, expresó.
En octubre de 2024, una docena de personas fueron víctimas de sobredosis en el
pueblo de Arecibo. Al menos dos de ellas eran mujeres.

Limitados recursos para madres

Nery recuerda a su madre, quien era secretaria de profesión, como una mujer con
metas que, cuando ella era pequeña, la llevaba al circo y a la feria. “Tuvimos muchas
experiencias bien bonitas”, recordó.

Cuando Nery tenía entre 17 y 20 años, ella y su hermano, cuatro años menor que ella,
se mudaron constantemente entre hogares de familiares, mientras su madre entraba y
salía de centros de rehabilitación. Después, Nery se independizó y se fue a vivir por su
cuenta.

Cuando las mujeres con adicción a sustancias tienen hijos, buscar ayuda se dificulta
aún más. Vanessa Acevedo, coordinadora del programa de retirada asistida
Compromiso de Vida, detalló que no reciben muchas madres en su albergue porque
ellas temen que el Departamento de la Familia asuma la custodia de su prole.

“Nosotras, como madres, tenemos la preocupación de que nos quiten a nuestros hijos
si tenemos uso problemático de sustancias y por eso es que las mujeres tienen mucho
temor de llegar a recibir los servicios de detox”, explicó Acevedo, quien también detalló
que, en las orientaciones comunitarias, intentan aminorar esa resistencia a tratamiento
entre las mujeres.

Compromiso de Vida tiene 22 camas disponibles de las cuales destinan tres para
mujeres. Como no aceptan menores en sus instalaciones, coordinan con familiares de
los pacientes para que, durante los 10 días que dura su tratamiento, se queden con los
menores.

Al contactar a ocho albergues que ofrecen ayuda a mujeres con uso problemático de
sustancias, solo permiten menores en sus instalaciones La Perla de Gran Precio; uno
de los centros de Hogar Crea; y la Residencia, Tratamiento para Mujeres Adultas de la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). ASSMCA
coloca como límite para los infantes la “edad escolar”, que supone que los niños deben
tener un año o menos.

En el caso de Hogar Crea, los niños deben tener entre 0 y 4 años, y al menos uno de
sus padres debe ser positivo al virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH
para poder entrar.

La Perla de Gran Precio no ofrece tratamientos para rehabilitación por falta de recursos
económicos, aunque hace más de 10 años sí lo hacían. Según su directora y
fundadora, Lissette Alonso, la persona puede comenzar su tratamiento en el hospital
y, al salir, integrarse al albergue. Si necesitara un procedimiento ambulatorio, como
metadona o servicios psicológicos, puede recibirlo en La Perla de Gran Precio.

“[Las madres] pueden tener a sus hijos… hemos tenido de todo. Hemos tenido
adolescentes, madres y embarazadas”, detalló Alonso para luego asegurar que, entre
todos los proyectos, tienen aproximadamente 60 camas para mujeres. Ese número es
el más alto, pues otros proyectos tienen entre ocho y 22 camas para mujeres.
En el caso de las mujeres trans, solamente Casa de la Providencia colocó como
requisito tener la operación de afirmación de género para ser aceptadas en sus
instalaciones. Hospital Panamericano y Capestrano no respondieron las solicitudes de
entrevista de este medio.

Barreras para madres en tratamiento ambulatorio

El tipo de tratamiento que reciba una persona dependerá de su adicción. De acuerdo
con Vilmari Molina Roque, trabajadora social para Intercambios Puerto Rico, no todos
los casos de adicción a sustancias requieren de un albergue de rehabilitación. En
algunos casos, como los opioides, las personas pueden recibir tratamiento ambulatorio
de metadona o buprenorfina cuando visitan el centro y regresan a su casa ese mismo
día. Si se trata de crack, se necesita asistencia de psiquiatras.

Pero las madres que reciben tratamiento ambulatorio también tienen sus obstáculos,
entre ellos, la carencia de transporte, la disponibilidad de psiquiatras y la falta de
comprensión por parte del Departamento de la Familia, según Molina Roque.
La trabajadora social afirmó que ha tenido participantes estables en su tratamiento a
las que el Departamento de la Familia les intentaba quitar sus hijos porque tenían
historial de uso de sustancias controladas.

“Eso yo lo veía con participantes que estaban estables y que tenían hijos que, en algún
momento dado, el Departamento les removió por el consumo de sustancias”, dijo pero
aclaró que la situación con la agencia mejoró y, con un buen plan de tratamiento, es
posible para las madres mantenerse en el proceso de rehabilitación y tener contacto
con sus hijos.

Recordó la historia de una joven que estaba embarazada cuando quiso buscar ayuda
para su adicción. Le había comentado a la trabajadora social que quería tener contacto
con su hija y, cada vez que se le amenazaba con perderla, se desestabilizaba.

Fue entonces cuando Molina Roque tuvo que trabajar en conjunto con el Departamento
de la Familia y la joven para que, al dar a luz, la mujer, que permanecía estable en
tratamiento, tuviera contacto con su hija. Mientras tanto, la custodia le tocó al padre de
la bebé. “Todo esto se logró porque yo estuve ahí”, aseguró la trabajadora social, que
también instó a los profesionales que trabajan con personas usuarias de sustancias a
dar la milla extra por sus participantes.

De igual forma, recordó que el uso de sustancias es una enfermedad crónica cuyo
tratamiento toma tiempo y debe atenderse como tal.

“Creo que hay mucho desconocimiento. Yo creo que estamos estigmatizando y
juzgando mucho a nuestras féminas usuarias de sustancias porque no les están
permitiendo compartir con sus hijos si están en tratamiento y están estables”, indicó
sobre las veces en que se remueven los menores sin previamente crear un plan
adecuado para el bienestar de ellos y sus madres.

La Unidad Investigativa de Género se comunicó con el Departamento de la Familia
para preguntarle sobre los casos de madres estables en tratamiento y la posibilidad de
que sus hijos fueran removidos. La secretaria de Familia, Ciení Rodríguez Troche, dijo,
mediante declaraciones escritas, que remover menores es “una medida extrema” y no
la toman a menos que no exista otra alternativa.

“Establecer que el Departamento de la Familia intenta remover menores solo porque
las madres tenían historial de uso de sustancias no es tan solo un argumento erróneo,
sino que es contrario a la política pública actual de mantener las familias unidas. La
remoción de un menor de su hogar es una medida extrema que solo se adopta cuando
su seguridad está en peligro y no existen alternativas viables para protegerlo dentro de
su núcleo familiar. En esos casos, al momento de la ubicación se evalúan primero
recursos familiares”, subrayó.

Asimismo, indicó que hay situaciones donde la mujer parece estar estable en
tratamiento, pero cuando se evalúa por un profesional, “necesita apoyo adicional”. “En
esos casos, se modifica el plan de servicios y se ofrece apoyo adicional”, puntualizó
Rodríguez Troche.

A estas limitaciones se suma la falta de transporte para llegar a aquellos centros donde
hay psiquiatras dispuestos a atenderles y con menos horas de espera. “Una persona
activa en sustancias y descompensada, ¿cómo va a esperar tantas horas?”, cuestionó
Molina.

Se estima que el número de psiquiatras en Puerto Rico es entre 200 a 250, es decir
que hay un promedio de un psiquiatra por cada 2,000 personas, indicó el psicólogo
Johnny Rullán. Esta cifra impide que las personas reciban un tratamiento personalizado
de más de 15 minutos, añadió el experto.

Víctimas de violencia no tienen a dónde ir

Los profesionales de salud mental tienen un papel importante en el tratamiento del uso
de sustancias controladas, pues, muchas mujeres llegan a la adicción por traumas en
la infancia, violencia de género y trastornos mentales. Otras enfrentan estas
situaciones luego de comenzar en abuso de sustancias.

Un estudio realizado por investigadores de Ponce Health Sciences University en 2022
reveló que “la violencia de género puede ser uno de los causantes para iniciar el uso de
sustancias y, a su vez, coloca a las mujeres que utilizan sustancias a una mayor
vulnerabilidad a recibir violencia”.

Nery recuerda que su madre estuvo en una relación de violencia doméstica después
que se casó a sus 16 años. En su adultez, se le diagnosticó esquizofrenia y bipolaridad.
“Se medicaba con unos medicamentos después de cierta edad, mientras era joven, se
medicaba con drogas”, dijo, y destacó que, cuando recibió el seguro social, fue que la
mujer pudo comenzar a tratar sus condiciones.

El estudio más reciente por parte del Conteo de Personas sin Hogar reveló que, entre
el 2010 y el 2023, la cantidad de mujeres sin hogar aumentó de 10% a 26%. La
principal razón (37.1%) fue la violencia de género y la segunda, uso de drogas y
alcohol (34.1%). No obstante, cuando las mujeres están en situaciones de violencia
doméstica y a la vez tienen abuso de sustancias, sus posibilidades son limitadas para
recibir ayuda.

Este medio se comunicó con seis de los ocho albergues para mujeres víctimas de
violencia doméstica que existen en Puerto Rico. Solo un portavoz de la Casa Protegida
de Mujeres y Niños dijo que aceptaría a una mujer con abuso de sustancias en
situación de violencia si tiene una orden de protección y si lo aprueba su coordinadora.
El resto respondió que no tiene recursos o no puede atender este tipo de casos si la
persona no está estable en tratamiento. La Casa Protegida Julia de Burgos no
respondió la solicitud de este medio.

“Las pocas veces que yo he tenido que decir ‘no tengo qué ofrecerte’ han sido
féminas”, aseguró Molina Roque sobre aquellas mujeres que están en situaciones de
violencia de género, abuso de sustancias y sin hogar.

Recordó a una de sus participantes, activa en el uso de crack y a la que tuvo que llevar
a emergencias en una ocasión porque llegó golpeada por el hombre con el que vive.
Sin embargo, no pudo hacer más por ella porque, en circunstancias como esta, la
persona misma debe ser quien decida comenzar el tratamiento para su adicción. “A mí,
se me ha hecho bien difícil poder trabajar ese caso”, señaló.

La colaboración entre agencias gubernamentales apenas comienza
Aunque lleva desde el 2018 en operaciones, el Programa de Opioides y Sustancias del
Departamento de Salud (DS) comenzó el año pasado a coordinar la recopilación de
estadísticas entre la agencia, ASSMCA y el ICF. Este año comenzó a recibir
estadísticas por parte del ICF, explicó el gerente del Programa de Opioides del DS, el
doctor Riobel Palomino Gutiérrez.

Aunque el sistema de recopilación de datos muestra las cifras de las defunciones con
presencia de opioides en el sistema, los datos de muertes por sobredosis aún no se
encuentran en el portal del DS porque no está actualizado. “Se están planificando las
reuniones de datos entre ASSMCA y el Departamento de Salud para determinar la
forma en que vamos a estar actualizando esos datos”, dijo el funcionario, quien espera
que esto ocurra antes de que termine el año.

Ambas agencias recopilan datos relacionados con eventos de sobredosis, de fuentes y
con propósitos diferentes.

Mientras el DS se enfoca en las estadísticas de los eventos de sobredosis que llegan a
los hospitales, ASSMCA obtiene datos, a partir de encuestas, sobre las sobredosis
revertidas con uso de naloxona, conocido comercialmente como Narcan, así como las
fatalidades registradas por el ICF.

Palomino Gutiérrez aseguró que, el año pasado, ambas agencias dividieron esfuerzos
para recopilar datos que estarán compartiendo. Dijo que el programa tiene como
propósito recoger más estadísticas, proporcionar fondos al ICF y a entidades
comunitarias y educar sobre opioides y otras sustancias controladas.
Según Pedro Dedós Pérez, director ejecutivo del Observatorio de Salud Mental y
Adicciones de ASSMCA, “en los próximos meses” tanto ASSMCA como el DS contarán
con todos los datos disponibles en sus respectivas páginas.

“Ya han comenzado las conversaciones, las plataformas están en programación, en
mantenimiento y en actualizaciones para que los sistemas puedan sincronizarse y
podamos compartir los datos”, aseguró.

El Sistema de Monitoreo de Sobredosis de ASSMCA se creó en 2017, luego de que en
Estados Unidos se declarara una crisis por opioides, explicó Dedós Pérez. Esta
herramienta forma parte de un repositorio de datos conocido como el Observatorio de
ASSMCA, entre cuyas funciones se encuentra recolectar información estadística de
sobredosis fatales y revertidas, suicidios, llamadas a la línea de Primera Ayuda
Psicosocial (PAS), rastrear los opioides que recetan las farmacias de forma voluntaria,
entre otros. Este recogido de estadísticas se convirtió en un mandato de ley en 2021.
No obstante, al cierre de este reportaje, la página del observatorio no estaba
funcionando y, por tanto, el Sistema de Monitoreo de Sobredosis tampoco podía
accederse.

Dedós Pérez adjudicó la falta de acceso a un “mantenimiento” que la página está
recibiendo y que espera que antes del 15 de diciembre vuelva a funcionar.
Nuevo protocolo del ICF y estrategia de Salud para enfrentar el problema
Debido al incremento general de muertes por sobredosis, principalmente, por fentanilo,
el ICF implementó hace tres meses un nuevo protocolo que le permite compartir sus
estadísticas con las agencias en tiempo real,indicó su directora, María Conte Miller, en
entrevista telefónica con la Unidad Investigativa de Género.

“Una persona que sospechamos que murió por sobredosis, inmediatamente se le hace
una prueba rápida. Es una prueba cualitativa, con una tirilla que se torna de un color
que indica la sustancia”, explicó Conte Miller. “Esa tirilla se entra en una plataforma
digital con el propósito de que las otras agencias puedan establecer planes de
prevención, vigilancia epidemiológica e intervenciones”, señaló.

Conte indicó que, desde 2020, el ICF se encaminó a agilizar otras pruebas
toxicológicas que antes tardaban más tiempo, debido a problemas en el laboratorio del
Instituto. Para entonces, ni siquiera se buscaba identificar la presencia de fentanilo.
“Desde el 2020, empezamos a buscar el fentanilo como parte de una rutina. Por eso, también, hemos podido hacer más diagnósticos. Lo que era una percepción, lo hemos
confirmado”, relató.

Conte explicó que para determinar causa de muerte por sobredosis, los patólogos
forenses evalúan la correlación de los hallazgos de la autopsia y pruebas toxicológicas
con las circunstancias del deceso.
Contó que, muchas veces, hay un testigo de una muerte mientras la persona hacía uso
de sustancias o se encuentra el cadáver con las drogas en su posesión. En otras, algún
familiar o allegado relata que el fallecido se sumió en un sueño profundo y no despertó.
Las pruebas, que incluyen muestras de orina, sangre y del humor vitrio (el líquido que
se encuentra en el globo ocular), se analizan en un laboratorio del ICF.
Desde la muerte de una persona hasta que sus familiares puedan tener certeza sobre
la causa del fallecimiento, pasan tres meses en promedio. Aunque el ICF comparte sus
datos automáticamente con las otras agencias concernidas, no existe un mecanismo
para notificarles automáticamente a los allegados de un difunto la conclusión de los
patólogos forenses. Depende de que se comuniquen con el ICF o de obtener la
información, cuando esté lista, en el certificado de defunción, confirmó Conte.
El pasado 11 de octubre, el DS publicó en su página de Facebook que, debido a las
múltiples sobredosis que ocurrieron en Arecibo en ese mes, repartiría kits de detección
de fentanilo y el medicamento para revertir sobredosis, naloxona, conocido
comercialmente como Narcan, a las entidades y organizaciones locales.
El Programa de Opioides y Sustancias del Departamento de Salud entrega Narcan y
tirillas reactivas a fentanilo a las organizaciones que lo requieran al escribir a
opioides@salud.pr.gov

A Nery, cuya madre y hermano murieron por sobredosis, le hubiera gustado recibir más
educación en torno a los métodos para revertir sobredosis como el Narcan. “Mi concern
[preocupación] es la poca información que hay con Narcan. Si yo hubiera sabido que
ellos [su hermano y madre] estaban usando algo así, yo les tendría Narcan en la casa”,
subrayó.

La periodista Cristina del Mar Quiles colaboró en este reportaje.