Por Carlos F. Ramos Hernández
Yosuel, un estudiante loiceño de escuela superior, quería saber cómo se usaron los fondos de recuperación en su pueblo tras el paso del huracán María. Coralis tenía curiosidad por conocer la información disponible sobre las placas solares instaladas en terrenos agrícolas de su municipio de Salinas. Adriana, Raisel y otros jóvenes preguntaron a los departamentos de la Vivienda y de Salud sobre el estatus del proyecto de construcción del Polideportivo y del nuevo hospital en Vieques. Yanira y Yarimar, por su parte, indagaron sobre las gestiones realizadas por el Municipio de Lares, donde residen, para resolver el problema de agua potable en áreas donde se va a diario.
¿Tienen estos jóvenes derecho a saber esta información? ¡Claro que sí! Incluso, varias de estas solicitudes fueron atendidas por las agencias y municipios, cuando se enviaron como parte del proyecto Medioscopio impulsado por el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), una iniciativa que busca desarrollar a jóvenes de escuela pública como consumidores críticos de los medios de comunicación y periodistas ciudadanos.
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Por medio de talleres, desde el 2022, más de 80 estudiantes han aprendido, por ejemplo, cómo corroborar información e identificar fuentes confiables y cómo analizar la representación de género y de la identidad racial en los medios para entender cómo esto influye en la representación de un grupo o una comunidad, así como a crear podcast o utilizar el rap como medio narrativo.
A estos esfuerzos de educación democrática se les conoce como “alfabetización mediática” (media literacy), en la que se imparten destrezas para que las personas puedan acceder y evaluar la información que nos llega desde diferentes canales y medios de comunicación.
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Durante la última semana del mes de octubre, se celebra anualmente la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, una jornada proclamada por la UNESCO en 2012 y por las Naciones Unidas en el 2021, con el fin de visibilizar la necesidad de difundir información fáctica, oportuna, específica, clara, accesible, multilingüe y con base científica.
Esta semana se busca aumentar la lucha en contra de la desinformación por medio de esfuerzos que desarrollen la capacidad de discernir entre información veraz y falsa. En el contexto de la era digital y la inteligencia artificial, estas campañas de educación cívica cobran aún mayor importancia. Por ejemplo, según la UNESCO, la mayoría de la población (56%) (2023), en particular la juventud, admite que utiliza las redes sociales con frecuencia para mantenerse informada sobre la actualidad, pero dos de cada tres creadores de contenido digital (2024) no comprueban la información antes de compartirla en línea. Sin embargo, el 73% de estos creadores expresan que desean recibir entrenamiento para realizar el chequeo de datos con el fin de combatir la desinformación y los discursos de odio en el ciberespacio. Ante esta realidad, programas como Medioscopio se convierten en un referente importante en Puerto Rico para estas campañas de educación democrática, ya que buscan que los jóvenes puedan insertarse en las denuncias y en la búsqueda de soluciones para sus comunidades.
Hace unas semanas, la senadora Brenda Pérez Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó el Proyecto del Senado 820 para crear la Ley de Alfabetización Mediática y Digital de Puerto Rico, el cual obligaría al Departamento de Educación a incorporar “de manera progresiva y sistemática” competencias de alfabetización mediática y digital para que el estudiantado del sistema público de enseñanza aprenda sobre la “verificación de hechos y corroboración” y la “aplicación de metodologías de fact-checking”.
Esta pieza legislativa podría significar un paso en la dirección correcta.
Un componente imprescindible para desarrollar en los jóvenes un mayor pensamiento crítico requiere fomentar una educación integral en la defensa de nuestros derechos humanos, como el derecho de acceso a la información pública reconocido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Sin embargo, la misma senadora que propone esta legislación de alfabetización mediática votó a favor del Proyecto del Senado 63 (PS 63) que busca restringir aún más el derecho de acceso a la información en Puerto Rico al añadir nuevas limitaciones a la Ley de Transparencia de 2019.
En todas las ediciones de Medioscopio celebradas en los pueblos de Loíza, Salinas, Vieques y Adjuntas, he tenido la oportunidad de impartir un taller sobre libertad de expresión y acceso a la información pública para estos grupos de jóvenes. El ejercicio final de cada sesión ha consistido en discutir, redactar y enviar solicitudes de información pública. Los intereses de estos jóvenes son diversos, auténticos y van desde conocer sobre el cierre de sus escuelas hasta la creciente crisis climática. Son el reflejo de un sector de la sociedad que está vigilante y quiere participar activamente en la toma de decisiones sobre políticas públicas que afectan sus vidas y comunidades.
En la actualidad, estos estudiantes, como cualquier persona en Puerto Rico, tienen derecho a solicitar y recibir cualquier información en poder del Gobierno. Sus solicitudes están protegidas por nuestra Constitución. Pero las “reglas de juego” ante las agencias, los municipios, la Legislatura y el Poder Judicial para entregar información pública se rigen por la Ley de Transparencia de 2019. Si el PS 63 se convierte en ley, se añadirían barreras burocráticas para ejercer nuestro derecho a saber, y solicitudes como las de estos jóvenes en el futuro quizás no sean atendidas.
Con la versión de la medida aprobada en el Senado sin vistas públicas, si la información solicitada por Coralis sobre las placas solares en terrenos agrícolas del municipio de Salinas no estuviera disponible en un documento único, sino en distintos informes y expedientes, el municipio o la agencia podría negarse a entregársela. Si Adriana, Raisel y sus compañeros no incluyen en su solicitud el correo electrónico del alcalde de Vieques o de los secretarios de Vivienda y Salud, porque no están fácilmente disponibles en internet, su solicitud sobre el estatus del proyecto de construcción del Polideportivo y del nuevo hospital en la Isla Nena se consideraría “defectuosa” y no se tendría que responder. Si Yanira y Yarimar no tienen correos electrónicos desde los cuales enviar la solicitud o viven en áreas que no tienen asignada una dirección postal, tampoco podrían tramitar su solicitud para indagar sobre el problema de agua potable en Lares.
Para la UNESCO, los ciudadanos alfabetizados en temas de medios de comunicación e información “están preparados para participar más eficazmente en el diálogo, la libertad de expresión, el acceso a la información, la igualdad de género, la diversidad, la paz y el desarrollo sostenible”. En Puerto Rico, para lograr este cometido, tenemos que fortalecer y capacitar, en vez de limitar o desinformar sobre los derechos humanos.
Hay una contradicción entre la iniciativa de la senadora Pérez Soto, al votar a favor del PS 63 sin escuchar los reclamos de la sociedad civil y de la prensa que se oponen a esta medida, y a la vez impulsar la alfabetización mediática que sería importante aclarar.
Como reveló un ejercicio de chequeo de datos del CPI, la intervención del senador del PNP, Ángel Toledo en la sesión legislativa no fue más que una campaña de desinformación, ausente de rigor sobre los términos para responder a solicitudes de información en jurisdicciones de Estados Unidos. Cabe preguntarse si son nuestros legisladores quienes más se beneficiarían de iniciativas como Medioscopio para fomentar el pensamiento crítico y evitar la proliferación de la desinformación.
Desde la sociedad civil, nuestra campaña educativa sobre el PS 63 continúa de cara a la evaluación de la Cámara de Representantes, que anunció que celebrará vistas públicas, pero aún no ha fijado fechas. Invitamos a todas las personas interesadas en luchar por una alfabetización mediática en derechos humanos a defender nuestro derecho a saber y unirse a este esfuerzo.
