Ante las expresiones y señalamientos que han trascendido públicamente sobre el funcionamiento de varios centros de inspección y el presunto envolvimiento de la secretaria del Departamento de la Vivienda como propietaria de un centro de inspección ubicado en el municipio de Yabucoa, se solicita a la Secretaría de Justicia que inicie una investigación criminal exhaustiva sobre estos hechos.
Las alegaciones que han circulado en foros públicos y medios de comunicación levantan serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, uso indebido de información privilegiada y otras conductas que, de ser corroboradas, podrían constituir violaciones a las leyes y reglamentos vigentes.
“La confianza del pueblo en sus instituciones es sagrada. Cuando surgen dudas razonables sobre la conducta de un funcionario público, corresponde a las agencias con jurisdicción aclarar los hechos con total transparencia y sin consideraciones políticas”, dijo el
Representante Ramón Torres.
La solicitud a la Secretaría de Justicia busca que se determine, mediante una investigación independiente y objetiva, si existió algún tipo de actuación ilegal o impropia relacionada con los centros de inspección y si algún funcionario público utilizó su posición para beneficio personal o de terceros.
Se reiteró que esta petición no constituye una adjudicación de culpabilidad, sino un llamado responsable para que se esclarezcan los hechos y se garantice que todos los funcionarios públicos cumplan con los más altos estándares éticos y legales.
“El país merece respuestas claras. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales; son deberes fundamentales del servicio público”, concluyó diciendo la Representante Swanny Vargas.
