Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) manifestó su profunda preocupación ante el silencio del nuevo gobierno respecto a la crisis de violencia de género en Puerto Rico. A un mes del inicio de esta administración, ni la gobernadora Jenniffer González Colón ni su equipo han presentado acciones concretas para atender esta emergencia. Su silencio resulta alarmante y refleja una falta de compromiso con la seguridad y los derechos de las mujeres y comunidades vulnerabilizadas.
En conferencia de prensa el 3 de enero, la gobernadora afirmó que «no hay ningún papel que te diga que mañana no va a haber una [mujer] asesinada», minimizando la importancia de una orden ejecutiva como herramienta de acción. Aunque mencionó la necesidad de nombrar una Procuradora de la Mujer y fortalecer programas existentes, hasta el momento no se han implementado medidas concretas ni se renovó la Orden Ejecutiva que se proclamó en el 2021 y fue posteriormente extendida.
CPM recordó que en diciembre emitió un comunicado exigiendo transparencia, compromiso y acción inmediata ante la crisis. Entre sus demandas se incluyen:
- Reconocer la violencia de género como una emergencia aún no resuelta.
- Asignar los recursos económicos necesarios para albergues, programas de prevención y servicios de apoyo integral.
- Garantizar que los servicios de atención a sobrevivientes sean considerados esenciales.
- Desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia, con enfoque en la prevención y educación desde una perspectiva de género.
“El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en el país. No es suficiente con discursos; se necesita acción concreta. La violencia de género no puede seguir siendo relegada a un segundo plano en la agenda pública”, expresó Vilma González, directora ejecutiva de CPM.
Preocupación ante nuevas políticas públicas del Presidente Donald Trump
CPM reafirmó su compromiso con las personas migrantes, especialmente con las mujeres que enfrentan todo tipo de violencias en un sistema que las discrimina por su origen nacional y estatus migratorio.
La xenofobia y el racismo son formas de opresión que colocan barreras adicionales a las mujeres y niñas migrantes que buscan seguridad, justicia y dignidad. En momentos de crisis como el actual, no se puede permitir que las injusticias imperen sobre los derechos humanos de las personas más vulnerabilizadas.
“Exigimos un Puerto Rico donde las mujeres migrantes no tengan que elegir entre sobrevivir o ser invisibles. Se hace un llamado a la solidaridad, la empatía y a mantenerse informados”, señaló González Castro. Añadió que respaldan la labor que sin temor a represalias y con los limitados recursos que tienen, han continuado llevando a cabo organizaciones como el Centro de la Mujer Dominicana, para proteger el derecho a una vida digna de las sobrevivientes que, de República Dominicana y otras naciones, buscan refugio y paz en el archipiélago boricua.
Además, como Coalición Puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual, CPM expresó su preocupación por las órdenes del nuevo presidente de Estados Unidos y otros pronunciamientos de la rama ejecutiva federal a los efectos de ordenar o pretender imponer la pausa o el cese de programas de asistencia financiera. La reciente orden del presidente Donald Trump de congelar subvenciones y préstamos federales, aunque detenida por los tribunales, sigue siendo motivo de inquietud, pues afecta financiamientos esenciales para organizaciones que proveen servicios a sobrevivientes.
“La falta de acceso inmediato a estos fondos pone en riesgo la continuidad de programas vitales, limitando la capacidad de ofrecer apoyo a quienes buscan escapar de situaciones de peligro y reconstruir sus vidas. Además, la incertidumbre financiera compromete la planificación y respuesta a emergencias, lo que podría agravar la crisis de violencia de género en Puerto Rico. La ausencia de estos servicios no solo afecta directamente a las víctimas, sino que impacta a la sociedad en su conjunto, aumentando el riesgo de reincidencia y perpetuando el ciclo de violencia”, explicó Carmen Alicia Nebot, facilitadora del Comité Coordinador de CPM.
Mantener estos fondos es una inversión en la seguridad y estabilidad de las comunidades. Se insta a tomar medidas para evitar futuras interrupciones en la financiación de estos programas esenciales, ya que cualquier recorte afectaría gravemente la capacidad de las organizaciones para atender a las víctimas y garantizar su bienestar. El gobierno de Puerto Rico debe expresar y demostrar su voluntad de defender los recursos establecidos por legislación federal, así como de aumentar sus propias asignaciones, para que las organizaciones puedan continuar con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de otras poblaciones en riesgo.
