Durante la sesión ordinaria de hoy, el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado 180 de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, mediante la cual se ordena una investigación sobre el proceso de subasta, evaluación, adjudicación y contratación del sistema de videovigilancia electrónica en los planteles escolares del Departamento de Educación, conforme al RFP DEPR-OC-2024-005.
“La transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública son pilares fundamentales para la confianza ciudadana y la legitimidad de la administración gubernamental. Este principio adquiere especial relevancia cuando se trata de contratos de gran envergadura presupuestaria, como lo es la adjudicación de un contrato de sistema de videovigilancia electrónica en las escuelas del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, cuya inversión supera los $120 millones por un periodo de 5 años”, cita la exposición de motivos de la medida que fue referida para investigación a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Rivera Schatz.
La medida sostiene que incluirá en la investigación toda actuación del DE y las alegaciones presentadas ante la Junta Revisora por las partes impugnantes. La pieza legislativa establece que dicha comisión tendrá 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
De igual forma, el Alto Cuerpo aprobó el proyecto senatorial 432, del senador Rivera Schatz y los miembros de la mayoría, para enmendar la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003” para requerir que sea parte inherente del sistema de educación judicial, ofrecer adiestramientos en el tema de Violencia Doméstica a todos los jueces del Tribunal General de Justicia y que el adiestramiento sea ofrecido al menos dos veces al año por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Del mismo modo, dio paso al Proyecto del Senado 67, también presentado por el presidente senatorial, que propone enmiendas a la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor” con el fin de integrarla plenamente al sistema digital del marbete electrónico.
Con esta acción, se busca agilizar el proceso de selección del asegurador, proteger los derechos del consumidor y asegurar la participación de las Estaciones Oficiales de Inspección en la nueva infraestructura tecnológica. La medida establece que, el pago y la selección del seguro obligatorio se realicen durante el proceso de inspección vehicular en vehículos con más de tres años de fabricación, permitiendo que este trámite se lleve a cabo tanto de forma física como electrónica.
Asimismo, dispone que la evidencia de selección pueda ser provista al asegurado de manera digital o impresa, y garantiza que toda persona conserve el derecho a elegir su aseguradora libremente mediante un Formulario de Selección. Este formulario podrá procesarse en estaciones de inspección autorizadas, bancos, colecturías y cooperativas, según definidos por ley.
Otra de las medidas aprobadas fue el Proyecto del Senado 352, de la autoría del senador Héctor “Gaby” González López, que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para disponer que, en los casos donde un conductor cause la muerte de otra persona al manejar bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas, no serán aplicables penas alternativas a la reclusión. Esto incluye la eliminación de sentencias como libertad a prueba, servicios comunitarios, arresto domiciliario o cualquier otra modalidad que sustituya la pena de cárcel.
Por otra parte, el Proyecto del Senado 183, del senador Ángel Toledo López, transfiere al Banco de Desarrollo Económico la responsabilidad de facilitar líneas de crédito, préstamos e incentivos a la clase artesanal. Esta acción fortalece el Programa de Desarrollo Artesanal y permite una mejor gestión financiera para los talleres de producción, elaboración y confección de artesanías.
La medida también actualiza diversas disposiciones legales y reconoce el papel del artesano como un actor fundamental en la economía creativa de Puerto Rico. Además, promueve el desarrollo de cooperativas artesanales y establece alianzas con agencias gubernamentales, universidades y el sector privado para fomentar la sostenibilidad de esta actividad cultural y económica.
Asimismo, se dio paso al Proyecto del Senado 199, también del senador Toledo López, que fortalece el Programa de Orientación y Capacitación del Banco de Desarrollo Económico para apoyar a microempresas y pequeños y medianos comerciantes. La medida amplía los servicios del banco, permitiéndole brindar asesoramiento especializado en temas tecnológicos, energéticos y ambientales, así como firmar acuerdos con agencias y contratar servicios externos para apoyar a los empresarios.
El proyecto reconoce a las microempresas como negocios que generan menos de $500,000 anuales y tienen siete empleados o menos. El objetivo es empoderar a este sector clave de la economía, brindándoles las herramientas necesarias para desarrollar negocios sostenibles y generar empleos en un entorno económico cambiante.
Proyectos camerales
Por otro lado, también fue aprobado el Proyecto de la Cámara 172, presentado por el representante José Aponte Hernández, el cual enmienda la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI” para aclarar que la preferencia de los veteranos en el acceso a empleos y ascensos aplica tanto en el sector público como en el privado. Esto incluye empleos a tiempo parcial, temporeros y transitorios, asegurando que se respete su derecho en cualquier oportunidad laboral.
Además, la medida establece que toda convocatoria para puestos de libre competencia, independientemente del tipo de empleo o del sector (gubernamental o privado), deberá ser notificada a la Oficina del Procurador del Veterano. Esto facilitará su circulación a las organizaciones de veteranos y ampliará su acceso a más oportunidades de reintegración laboral, eliminando así las interpretaciones restrictivas que limitaban sus derechos.
A su vez, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 211, del representante Luis Pérez Ortiz, que modifica la Ley para el Bienestar y Apoyo a la Mujer Veterana en Puerto Rico con el objetivo de incluir a las mujeres que han servido en la United States Space Force como beneficiarias de los servicios que otorga dicha legislación.
Con esta medida, Puerto Rico garantiza que todas las mujeres veteranas, incluidas las que han servido en la Space Force, tengan acceso a servicios especializados de salud física y mental, empleo, vivienda y prevención del suicidio.
