El Senado de Puerto Rico aprobó hoy en Sesión Ordinaria, el Proyecto del Senado 12 de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que enmienda la Ley de Municipios Autónomos con el fin de optimizar la descentralización administrativa y fiscal en la Isla.
La medida introduce disposiciones para mejorar la gestión de los recursos municipales y fortalecer la relación entre los gobiernos locales y la administración central, permitiendo así una mayor autonomía y eficiencia en los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
En particular, la legislación modifica los Artículos 7.200 y 7.207 del Código Municipal de Puerto Rico para extender a ocho meses el período de radicación de la Declaración de Volumen de Negocios en casos de prórroga, lo que beneficiará a aquellos contribuyentes con decretos de incentivos.
Además, el proyecto establece que los ingresos por contratos municipales sean reconocidos como ingresos del municipio contratante, sin importar la ubicación de la empresa, lo que permitirá una distribución más equitativa de los fondos.
Por otro lado, dio paso al Proyecto del Senado 30 también presentado por el presidente senatorial, para crear la «Ley para la Recuperación de Animales Domésticos», con el propósito de facilitar la localización y devolución de mascotas extraviadas a sus dueños. Esta legislación establece un proceso uniforme para la recuperación de animales rescatados y la creación de una página web administrada por la Oficina Estatal de Control Animal (OECA), donde se publicarán fotos y descripciones de los animales encontrados. Con esta iniciativa, se busca agilizar los procesos de identificación y adopción, reducir la cantidad de animales en refugios y promover la responsabilidad de los dueños de mascotas en la isla.
Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 386 de la autoría del presidente del Senado y la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), que tiene como propósito enmendar el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (Ley 1-2011) y restablecer un crédito contributivo por donativos a la Fundación del Palacio de Santa Catalina.
Según la medida establece, el Palacio de Santa Catalina, mejor conocido como La Fortaleza, es la residencia oficial de la Gobernadora de Puerto Rico desde el siglo XVI y un monumento histórico construido en 1533. Su valor cultural y arquitectónico fue reconocido por la UNESCO en 1983 al declararlo Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la eliminación del crédito contributivo por donativos al Patronato de Santa Catalina mediante la Ley 52-2022 ha reducido significativamente las aportaciones privadas destinadas a su conservación.
Ante este escenario, el P. del S. 386 busca reinstaurar el incentivo fiscal para fomentar las donaciones privadas a la Fundación del Palacio de Santa Catalina, entidad responsable del mantenimiento y preservación de La Fortaleza. La medida establece que los donantes podrán reclamar un crédito contributivo equivalente al 100 por ciento del monto donado durante un año contributivo. No obstante, los créditos otorgados no podrán exceder los $2,500,000 anuales, y los donantes deberán presentar una certificación de la Fundación al momento de rendir su planilla.
Además, el proyecto dispone que este crédito sustituirá la deducción por donativos establecida en otras secciones del Código de Rentas Internas. También incluye una cláusula de separabilidad para garantizar la validez de la Ley en caso de que alguna de sus disposiciones sea declarada inconstitucional.
A su vez, el Alto Cuerpo avaló el Proyecto del Senado 130, presentado por el portavoz de la mayoría Gregorio Matías Rosario, que introduce cambios a la Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber para garantizar la protección de policías, oficiales correccionales y otros empleados de primera respuesta en caso de una pandemia.
La medida establece que, si un servidor público se contagia con una enfermedad declarada como pandemia mientras ejerce sus funciones y como consecuencia queda incapacitado o fallece, él o sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión por incapacidad ocupacional o por muerte, sin necesidad de certificar la cadena exacta de contagio. Con esta reforma, se reconoce el sacrificio de estos trabajadores y se les otorga una protección económica justa en situaciones de crisis sanitaria.
De otra parte, el Alto Cuerpo dio su aprobación a la Resolución Conjunta de la Cámara 8, del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para reasignar al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la cantidad de $30 mil, provenientes del balance disponible en la Sección 1 apartado 34 inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 92-2012, correspondientes al Distrito Representativo Núm. 36, a fin de viabilizar la construcción de un muro de gaviones, que proteja el hogar adyacente a la Quebrada Juan Martín, de Julio L. Ortiz Ríos, residente del municipio de Luquillo; y autorizar el pareo de fondos a ser reasignados.
Otras medidas aprobadas
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 456 presentado por el presidente del Senado a petición del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Esta medida busca enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para establecer que la imposición, notificación y cobro de las contribuciones tasadas por el CRIM, será retroactivo a la totalidad de años en abandono según última factura de servicio eléctrico o de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y en caso ser una propiedad en uso, será retroactivo a dos años.
“Esta es una medida que presentó Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo, en la pasada Comisión Total, con el objetivo de abordar el problema de las estructuras abandonadas en los centros urbanos. Las enmiendas que acaban de ser leídas y aprobadas son el resultado de las conversaciones con el alcalde… No se establecieron criterios para la transferencia de títulos, se permitió la llegada de inversionistas fraudulentos”, expresó la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María De Lourdes Santiago Negrón.
Ante esto, la senadora presentó enmiendas al proyecto para que una vez cumplido el plazo, en caso de que el tercer arrendatario decida transferir la propiedad a una persona diferente, deberá notificar al municipio sobre la venta. Además, si el precio de venta excede el precio de su inversión por un monto superior al 10%, el arrendatario deberá entregar al municipio la suma que exceda ese porcentaje.
De igual forma, dio su consentimiento para el P. del S. 457, presentado por Rivera Schatz para crear el programa de adquisición de paquetes prepagados de peajes, en diferentes modalidades con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y las entidades concernientes. Asimismo, con el P. del S. 459, también del presidente para enmendar la “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, con el fin de reconstituir los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”.
A su vez, avaló el Proyecto del Senado 465, de Rivera Schatz que propone enmendar el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como delito la negativa a cooperar en una investigación criminal o a comparecer ante un tribunal para autenticar video, foto y audio con contenido delictivo publicado en redes sociales.
Por otro lado, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 37 también de la autoría del presidente senatorial y la delegación del PNP, para enmendar la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año Fiscal 2025 para aumentar de $13,062,302,000 a $13,186,067 mediante la asignación de fondos excedentes del Fondo General del Tesoro del Estado para gastos operacionales del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2025.
Finalmente, vio su aprobación el Proyecto de la Cámara que busca enmendar la “Ley del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico”, para excluir a los municipios de la fijación de cargos establecidos en legislación y atemperarla a las disposiciones de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada.
Del mismo modo, el Senado dio paso a seis resoluciones investigativas; entre las que se encuentran la Resolución 64 del senador Jeison Rosa Ramos, Resolución 66 del senador Héctor “Gaby” Hernández López, Resolución 70 del senador Ángel Toledo López, Resolución 96 de la vicepresidenta del Senado Marissita Jiménez y el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, la Resolución 110 del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos, y la Resolución 111 de la senadora Migdalia Padilla.
