Al culminar la primera sesión ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa, el Senado de Puerto Rico aprobó más de 359 medidas legislativas, entre proyectos del Senado y de la Cámara de Representantes, así como varias resoluciones conjuntas.
La mayoría de estas medidas fueron producto de la colaboración entre cuerpos y contaron con el aval final tras la acogida de enmiendas camerales. De las medidas presentadas y aprobadas 32 ya han sido convertidas en ley por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Durante este primer semestre legislativo también se atendió el 100 % de los nombramientos sometidos por el Ejecutivo, entre los que destacan las jefaturas del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. De los 213 nombramientos sometidos para evaluación, 180 nombramientos confirmados por el Alto Cuerpo, 27 fueron retirados, 6 no contaron con el aval del Senado.
Entre las iniciativas más destacadas figura el Proyecto del Senado 1, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, convertida en la Ley 14-2025 conocida como la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, para reconocer como derecho fundamental la libertad religiosa en Puerto Rico, prohibir sancionar a padres que rechacen vacunar a sus hijos por razones religiosas, y exige que se provea información detallada sobre las vacunas para garantizar el consentimiento informado. Además, impide condicionar ayudas educativas a la renuncia de este derecho y deroga la Ley 95-2024.
Asimismo, se dio paso al Proyecto del Senado 413, de Administración y presentado por la delegación de mayoría en el Senado, convertido en la Ley 6-2025, conocida como la “Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional”, que establece un sistema digital para recopilar la información médica, educativa y de rehabilitación vocacional de esta población. Su propósito es garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación de servicios por parte del Departamento de Salud, Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional. La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) es el responsable de crear, implementar y mantener el expediente, asegurando su seguridad y confidencialidad.
Otra medida de impacto es el Proyecto del Senado 350, también de Rivera Schatz, aprobado en su reconsideración y enviado a la Gobernadora, para crear la “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico”, con el objetivo de prohibir intervenciones médicas o quirúrgicas que alteren la biología del sexo de menores como parte de una transición de género. La medida impide que instituciones médicas, públicas o privadas con fondos estatales, realicen o financien estos procedimientos, salvo en casos médicos excepcionales certificados. También ordena campañas educativas sobre los riesgos de estas intervenciones y establece sanciones penales y administrativas para quienes incumplan la ley.
En términos de educación, se dio paso al Proyecto del Senado 5, del presidente senatorial, que crearía la “Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico” para establecer que todo estudiante de undécimo grado que se encuentre en el 20 % superior de su clase será admitido automáticamente a la UPR. Aplica a estudiantes de escuelas públicas, privadas y modalidades alternativas como homeschooling, entre otras. La medida busca aumentar la matrícula universitaria, fortalecer el sistema UPR y facilitar el acceso a la educación superior.
La aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2025-2026 también marcó uno de los logros legislativos más relevantes de esta sesión. El plan fiscal, acordado entre ambos cuerpos legislativos, la Gobernadora y la Junta de Supervisión Fiscal, garantiza la continuidad operativa del gobierno central, así como la asignación de recursos esenciales a programas educativos, de salud, seguridad y desarrollo económico.
Por otro lado, quedaron pendientes para el próximo periodo legislativo varias medidas de gran importancia en la isla y visibilidad pública, entre ellas las alternativas del impuesto al inventario; así como, las disposiciones y beneficios contenidos en la Ley 60 (antes Ley 22) que se verán en la próxima sesión ordinaria. No obstante, la sesión cerró con un balance legislativo positivo, particularmente en cuanto a la implementación de la plataforma gubernamental y la ejecución de políticas públicas de alcance fiscal, social y económico de beneficio para el pueblo.
