Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 612, medida de administración presentada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista, con el propósito de ampliar las facultades y la jurisdicción de la Oficina de Mediación y Adjudicación adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
“Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de garantizar los derechos laborales de nuestra fuerza trabajadora, lo cual incide en el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico, brindando mayor estabilidad en las relaciones obrero-patronales. Por ello, considera meritorio aprobar toda legislación necesaria que redunde en mejores condiciones de trabajo y mayores garantías para las madres y padres trabajadores”, cita la exposición de motivos.
La legislación busca modernizar los mecanismos de mediación y adjudicación, de forma que las disputas laborales puedan resolverse dentro de la propia estructura administrativa del DTRH, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales prolongados. De esta manera, se impulsa una gestión pública más ágil y sensible a las necesidades tanto de los empleados como de los patronos.
También, de Rivera Schatz se le dio paso al Proyecto del Senado 62. La pieza legislativa busca establecer la “Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales”, que propone sustituir la antigua “Ley Antimonopolística de 1964”. Esta legislación moderniza el marco legal en torno a la libre competencia, tipifica delitos, fija penalidades y protege al consumidor ante prácticas comerciales injustas.
La senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, se expresó a favor de la medida. “Este proyecto que va hacer aprobado para poder derogar la Ley Antimonopolística que estaba vigente desde hace 61 años, lo que le está dando es un paso de protección a las más de 44 mil Pymes que Puerto Rico tenía registradas para el año 2022, donde su margen de volumen de ingresos era de tres millones de dólares o menos en tres años. Eso lo que nos permite es que cuando estemos conversando usted y yo en la calle, no se diga que aquí se protegen a las multinacionales, a los grandes intereses, y no se le brindan herramientas de igualdad de participación a las Pymes en un mercado de libre competitividad”.
Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 679, del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago. La medida propone crear la “Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios”. Esto a los fines de garantizar la adquisición de vivienda libre de discriminación para todas las personas participantes de los programas de recuperación tras desastres subsidiados con fondos federales, incluyendo la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario por Desastre (CDBG, por sus siglas en inglés); entre otras disposiciones.
Ríos Santiago expresó que “estamos proponiendo que aquella persona que le venda a una persona, que tenga este voucher, en vez de pagar el conocido capital gain que se paga de un porcentaje alto, lo pueda pagar de dos por ciento. Eso nos pone entonces en la ventaja de que quizás un puertorriqueño que le quiera vender a otro, en vez de decir, mejor le compro o le vendo a uno de estos que pueden comprar cash, le vendo al que tiene el voucher y solamente va a pagar dos por ciento y eso es un incentivo, se va acelerar el proceso”.
También, de Ríos Santiago recibió aval el Proyecto del Senado 102. La medida busca enmendar la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria”, con el fin de mejorar la redacción y especificar operaciones registrales. De esta forma, se modernizan procesos legales para hacer más eficiente la gestión de documentos de propiedad, agilizando transacciones y fortaleciendo la seguridad jurídica en la compraventa de bienes inmuebles en Puerto Rico. Igualmente, del vicepresidente senatorial se le dio paso al Proyecto del Senado 672. El proyecto enmienda la Ley Núm. 129-2020, según enmendada, a los fines de requerir que Consejos de Titulares de los condominios en Puerto Rico mantengan un portal digital oficial y actualizado para notificaciones, acceso a documentos y servicios básicos de administración; establecer estándares mínimos de accesibilidad y transparencia digital; entre otras disposiciones.
Además, se aprobó el Proyecto del Senado 631, de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni. La medida tiene como objetivo enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico, para extender los límites de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria al Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina, y a cualquier otro hospital cuyos dueños sean municipios o el gobierno de Puerto Rico, sus dependencias o instrumentalidades, independientemente que dichos hospitales sean operados o administrados.
“Al momento el hospital se encuentra ofreciendo servicio que de ordinario sería el Municipio de Carolina, quien debería estar brindándolo. Por otro lado, ante la falta de médicos y cierres de instalaciones médicas, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa proteger y asegurar los servicios de salud que se encuentran disponibles para nuestros ciudadanos”, menciona la pieza legislativa.
Sobre el tema de transparencia digital en beneficio de los adultos mayores, fue aprobado el Proyecto del Senado 516 del senador de mayoría, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Enmienda la “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”. El portal de dicha oficina facilitará el acceso a recursos y fortalecerá la inclusión tecnológica y el bienestar social de las personas mayores.
En el propósito de la medida se busca establecer, actualizar y publicar digitalmente en la página cibernética oficial de la oficina los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para los adultos mayores, tanto en las agencias gubernamentales, así como, en entidades privadas. Además, incluir un listado actualizado de las comunidades especiales por distrito para facilitar y acceder a canales de comunicación efectivos.
Además, recibió aval el Proyecto del Senado 705 del senador de mayoría, Rafael “Rafy” Santos Ortiz sobre innovación y tecnología en el deporte. La medida busca enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para integrar la inteligencia artificial y la tecnología en programas deportivos. Se tiene como objetivo promover el uso de herramientas digitales en el entrenamiento, la administración y el desarrollo atlético en todas las disciplinas deportivas.
“Una medida visionaria que busca posicionar a Puerto Rico a la vanguardia del deporte moderno. Este proyecto tiene un objetivo claro y necesario. Promover la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial en nuestro deporte, desde la base hasta el alto rendimiento. No se trata de un lujo, sino de una necesidad, como también expone la exposición de motivos. En un mundo cada vez más conectado con la tecnología es imperativo integrar herramientas innovadoras que permitan optimizar el rendimiento deportivo”, destacó Santos Ortiz.
Por otra parte, se aprobó el Proyecto del Senado 224 de los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa. La medida establece un límite temporal máximo durante el cual un empleado del Departamento de Educación puede permanecer aislado como medida cautelar, de manera que se garantice el derecho al debido proceso de ley del personal docente.
“Lo que propone este proyecto es que no se le permita al Departamento de Educación la imposición de esa medida cautelar por un periodo mayor a un año. Un año es tiempo suficiente para identificar el contenido específico de la querella, una prueba que se necesite para que se convoquen a los procesos que correspondan”, expresó Santiago Negrón.
También, indicó su voto a favor el senador de mayoría, Ángel Toledo López. “Por el bienestar de nuestros niños y niñas y por la salud fiscal de Puerto Rico, un proyecto como éste tiene mucho sentido en cuanto al manejo de estas querellas porque fíjense que no impone un término irrazonable. Un año, a mi juicio, es tiempo más que suficiente para hacer las entrevistas que corresponden, para levantar el récord y el expediente que corresponde”, dijo Toledo López.
En iguales términos habló el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz. “Yo conocí compañeros directores de escuelas que utilizando este mecanismo estuvieron varios años fuera porque el departamento se aprovechaba de esta situación. Así que yo creo que esto va a mover a que el Departamento de Educación no utilice esta herramienta como subterfugio para penalizar a un empleado que posiblemente la causa de acción sea completamente injusta”.
A su vez, se aprobó el Proyecto del Senado 167, de la senadora del PPD, Ada Álvarez Conde, para establecer la “Ley para la Protección de la Prueba Física y Científica en casos de Delitos Sexuales”. La creación de un portal electrónico de seguimiento para los “SAFE Kits” que permitirá monitorear las pruebas recolectadas en casos de agresión sexual. Esta ley garantiza el manejo adecuado de la evidencia, protege los derechos de las víctimas y fortalece la coordinación interagencial para lograr justicia en los casos de violencia sexual.
Igualmente, de Álvarez Conde, recibió aval el Proyecto del Senado 659. Para establecer la “Ley de Derechos del Padre Presente”. La medida propone proteger el derecho de los padres a estar presentes durante el parto y la recuperación postnatal, reafirmando la equidad de género. Igualmente, permite la participación activa del padre, en acuerdo con la madre, y fomenta una paternidad responsable y vinculada emocionalmente al proceso de nacimiento.
“Hay beneficios en la participación del padre en todas sus etapas. Fortalece el vínculo afectivo y es cónsona con recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud sobre la corresponsabilidad. Esta medida complementa una ley que existe donde se trabajó para que una mujer embarazada pueda estar acompañada por la persona de su elección…éste proyecto busca reconocer a cada uno de los padres”, expresó Álvarez Conde.
Aprobadas Resoluciones Conjuntas y de Investigación
De otro lado, el Senado dio paso a varias resoluciones conjuntas. La Resolución Conjunta del Senado 76 y la 83 del senador de mayoría Wilmer Reyes Berrios. La primera para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a realizar, con carácter de urgencia, todas las obras de rehabilitación en la carretera estatal PR-167, particularmente en los tramos que discurren por los municipios de Naranjito y Comerío. La segunda para conocer sobre la condición actual de la carretera PR-149, y detallar los planes existentes para su reparación.
También, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 83 de la senadora del PPD, Marially González, Huertas, para ordenar al DTOP la reconstrucción y optimización de la carretera PR-143, jurisdicción de los municipios de Ponce y Jayuya, conocida como la “Ruta Panorámica”. A su vez, fueron aprobadas las Resoluciones del Senado 252, del senador del PPD, José “Josian” Santiago Rivera y la 292, de Ríos Santiago, para investigar sobre las propiedades abandonadas y la implementación de educación financiera en las escuelas públicas, respectivamente.
