El Senado de Puerto Rico aprobó hoy en Sesión Ordinaria, el Proyecto del Senado 1 de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para fortalecer la protección de la libertad religiosa en la isla y brindar nuevas salvaguardas para evitar restricciones indebidas del gobierno en el ejercicio de las creencias religiosas.
El Proyecto del Senado 1 busca establecer la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, que tiene como objetivo principal garantizar que ninguna entidad gubernamental pueda imponer cargas indebidas sobre el ejercicio de la religión, a menos que se pueda demostrar un interés gubernamental apremiante y que no exista una alternativa menos restrictiva. Con esta legislación, se busca proteger a iglesias, comunidades de fe y ciudadanos que deseen practicar sus creencias sin interferencias del Estado.
“Este fue el primer proyecto que se radicó al inicio de esta Vigésima Asamblea Legislativa. Porque cuando decidí aspirar, le planteé al pueblo de Puerto Rico que, si lográbamos una mayoría, presentaríamos el proyecto y lo aprobaríamos. No basta con decir que se cree en algo o que se defiende un principio, un valor. Además de eso, hay que demostrar que se tiene la capacidad de defenderlo, de lograrlo y de alcanzarlo”, expresó Rivera Schatz.
El proyecto, que tiene como coautoras a las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Brenda Pérez Soto, también establece medidas para que la libertad religiosa no se utilice como justificación para actos de discriminación, asegurando que las protecciones establecidas en la legislación sean claras y equitativas para todos. De esta forma, busca evitar que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y préstamos u otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas. Para ello, se establecen unos lineamientos que deberán ser adoptados por las tres ramas de gobierno mediante guías para aplicar lo dispuesto en esta Ley.
El portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario se expresó a favor de la medida. “Aquí estamos luchando por un sector que se siente discriminado. Que cuando ocurrió la pandemia, no sabían a dónde acudir porque no había una ley que lo estableciera. Queremos que se queden aquí porque merecen un derecho… A quién piense diferente a mí, le tengo que decir que hay un Dios que me salvó, que me cambió, que arregló mi vida. Así que, no sigan tratando de poner al cristiano como el malo. Por supuesto, puede haber un ministro que haya fallado, pero la mayoría están al servicio del pueblo de Puerto Rico…Queremos garantizar que cuando un cristiano diga, yo sirvo a Cristo, no lo persigan. Porque eso sí ocurre en Puerto Rico… La comunidad cristiana se cansó de callar”, sentenció.
Además, entre las disposiciones de la pieza legislativa, se destaca la modificación de la Ley 25 de 1983 sobre Inmunización Infantil para garantizar que la excepción por motivos religiosos no pueda ser eliminada sin el consentimiento informado de los padres. Igualmente, las protecciones de la libertad religiosa no estarán condicionadas al acceso a ayudas estatales o federales para estudios en colegios o escuelas privadas.
“Los propulsores de este proyecto de ley entendemos la necesidad de delinear el alcance de este derecho humano fundamental, porque también la libertad religiosa es un derecho humano y fundamental. Así que con este proyecto no solamente buscamos delinear el alcance de este derecho, sino también los límites del Estado ante él mismo… Este proyecto, al amparo de la libertad religiosa, promueve el respeto a la diversidad humana partiendo del reconocimiento de la pluralidad de creencias como fundamento indispensable para la convivencia armoniosa entre todos”, sostuvo la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.
De igual forma, el proyecto propone que se prohibiría la imposición de sanciones como multas o prisión a padres o tutores que decidan no vacunar a sus hijos por motivos religiosos. A la vez, se derogaría la Ley 95-2024 conocida como la «Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza», para incorporar nuevas protecciones que incluyen el acceso a información detallada sobre las vacunas, sus componentes, beneficios y posibles efectos adversos, permitiendo a los padres o tutores tomar decisiones informadas en cuanto a la salud de sus hijos.
Ante las dudas y debates sobre el propósito de la medida, la senadora Roxanna Soto Aguilú explicó que esta legislación no quita libertades ni el respeto hacia comunidades específicas. “El Proyecto del Senado 1 no socava de forma alguna, ni suplanta la Carta de Derecho de la Constitución de Puerto Rico y muchísimo menos la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la ley suprema y el principio recto sobre lo que estamos hablando aquí… Este proyecto es sobre acceso a vacunación, no sobre quitar libertades fundamentales, ni quitar sobre todo el respeto a la dignidad humana”, sentenció Soto Aguilú.
El líder senatorial sostuvo que el proyecto pretende reconocer la libertad religiosa de un individuo sin quitarle ningún derecho a nadie y sin poner en peligro ningún servicio del gobierno. “No puede haber algo más cristiano que independientemente de una diferencia entre dos personas, una pueda socorrer a la otra. Y digo eso para los que son extremistas. Así es que, hoy cuando aprobemos este proyecto lo pasaremos a la Cámara. Yo conversé con la señora Gobernadora y con el Presidente de la Cámara y están en el ánimo también de darle paso. Así que, este proyecto se va a convertir en una ley. Y habremos de ese modo cumplido la palabra empeñada por el pueblo de Puerto Rico que nos eligió. Porque de eso se trata. Sin quitarle nada a nadie. Sin atropellar a nadie”, enfatizó.
