Referente a la carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no aprobó una enmienda al contrato del Plan Vital propuesta por la Administración de Seguros de Salud (ASES) para aumentar tarifas a aseguradoras, que representaba un 21 % adicional al incremento autorizado en el año fiscal pasado.
Declaraciones:
«En relación con la comunicación enviada hoy por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico —sobre la enmienda propuesta al contrato del Plan Vital presentada por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)—, hemos estado en comunicación con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera, por lo que este tema ya está siendo atendido de manera diligente y coordinada.
Tan pronto como ASES presentó la propuesta que incluye un aumento tarifario del 21.06% para el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, el equipo fiscal del Ejecutivo se activó. Y no es solo una reacción automática: es una respuesta consciente a la magnitud del ajuste propuesto. En efecto, se han identificado, dentro del presupuesto vigente, mecanismos internos para hacer ajustes, y —lo más importante— se ha reservado una partida específica para atender cualquier alza en la tarifa del Plan Vital. En otras palabras, el asunto no nos tomó por sorpresa y estamos preparados para manejarlo.
Ahora bien, lo cierto es que este aumento va más allá de lo contemplado en el presupuesto del Estado para el año fiscal 2026, que fue trabajado en conjunto con la Gobernadora y sometido a la Asamblea Legislativa el pasado 12 de mayo. Ese presupuesto partía de un aumento razonable del 10%, que ya duplicaba los ajustes anuales observados en los años fiscales 2022 y 2023. Así que entendemos las preocupaciones que puede generar esta nueva cifra y no las tomamos a la ligera.
Por otro lado, también es cierto que este sería el segundo año consecutivo con un alza significativa. El año pasado, la Junta aprobó un aumento del 13%, condicionado a que ASES identificara ahorros para mitigar los costos. Sumando ambos aumentos —el del 2024 y el que ahora se propone— estamos hablando de un incremento acumulado en apenas dos años.
Ante esto, y en aras de mantener la estabilidad fiscal sin sacrificar la calidad ni la continuidad de los servicios de salud, la OGP sigue trabajando mano a mano con ASES y manteniendo canales abiertos con la Junta de Supervisión.
El objetivo es claro de determinar con precisión el impacto fiscal de este aumento, tanto para el año en curso (AF2025) como para el 2026, y actuar en consecuencia.
De igual forma, estamos haciendo otras evaluaciones, si así hiciera falta. Sabemos que toda decisión en este contexto tiene un impacto real en las vidas de miles de beneficiarios que dependen del sistema de salud pública. Por eso, más allá de los números, nos mueve la responsabilidad de proteger lo esencial.
Agradecemos la disposición de la Junta de Supervisión para continuar este diálogo. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, trabajar en colaboración con todas las partes —incluyendo, por supuesto, a la Asamblea Legislativa— para encontrar una solución sostenible que mantenga en equilibrio tanto la salud fiscal del Gobierno como la salud física y mental de nuestra gente”.
