Los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colon y Nelie Lebrón Robles, anunciaron su apoyo y compromiso al suscribir la medida que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Esta propuesta de la ACLU fue un trabajo las oficinas legislativas del PIP colaboraron en la investigación, redacción y búsqueda de coautores del proyecto de ley.
“Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no es un cheque en blanco para la violación de los derechos fundamentales. La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda protecciónes a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña. Este proyecto de ley es una propuesta, para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros”, expresó Márquez Lebrón.
La delegación cameral del PIP explicó que el Proyecto de la Cámara 331, crearía la obligación de desarrollar políticas y protocolos que protejan la información privada de las personas y que prevengan intervenciones de emigración en violación a los derechos constitucionales.
“Ante las recientes redadas, donde fueron detenidas personas sin orden judicial incluyendo a algunas con estatus migratorio regularizado, e incluso a una mujer puertorriqueña, nos pareció urgente actuar para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que viven en nuestro archipiélago, en especial a las que están en situación de vulnerabilidad como la niñez y mujeres sobrevivientes de violencia de género. Toda persona debe poder acceder a servicios esenciales como la salud, educación y seguridad sin temor a ser detenido por su color de piel u origen nacional”, señaló Gutiérrez Colon.
Agregaron que su iniciativa legislativa establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
“Las ordenes ejecutivas del presidente Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de emigración, pero no protecciones constitucionales y a no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo”, concluyó Lebrón Robles.
