Los exmiembros de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García y Joel Sánchez Ayala, reaccionaron hoy a la aprobación unánime del Informe Final de la Comisión de Ética que impone una amonestación al representante del PNP, Emilio Carlo Acosta, tras un incidente de tránsito en el que utilizó su posición para intentar influenciar una intervención policiaca.
El informe, avalado hoy por el pleno cameral, confirma que el legislador violó el Código de Ética al realizar una llamada a la alta oficialidad de la Policía mientras era intervenido por rebasar una luz roja en Mayagüez. Además, se le encontró culpable de ocultar su participación en un proceso judicial posterior relacionado con los mismos hechos.
El exrepresentante Ángel Matos se mostró satisfecho con que la Cámara no dejara pasar por alto la conducta, «Agradezco a la Cámara de Representantes por haber acogido la querella y, tras entrar en sus méritos, encontrar falta en las acciones del representante Carlo Acosta. Aunque la sanción sea una amonestación, el récord queda claro: su conducta no representa lo que debe ser un miembro de este cuerpo legislativo. El país vio las imágenes de las cámaras corporales y la Comisión ha confirmado que ese comportamiento es inaceptable en el servicio público», afirmó Matos.
Por su parte, Joel Sánchez Ayala fue más enfático al señalar que la amonestación administrativa no debería ser el final del camino, catalogando los actos como corrupción, «Como había anticipado, las acciones del representante son claramente antiéticas y constituyen un acto de corrupción al intentar utilizar su poder político para amedrentar a un oficial de la uniformada. La Cámara ya lo encontró culpable de violar las normas de conducta, pero esto no puede quedarse en una simple amonestación. La Comisión de Ética tiene el deber de referir este expediente completo al Departamento de Justicia. Estamos claros en que aquí hubo un aprovechamiento craso e ilícito del cargo para beneficio personal. Por eso, solicitamos un referido directo al Departamento de Justicia para que el representante enfrente las consecuencias legales de sus actos ante las autoridades correspondientes.”
El incidente, que se remonta a marzo de 2025, fue captado por las cámaras corporales de la Policía, donde se observa al legislador mencionar su cargo y contactar a mandos superiores durante la intervención. A pesar de que la multa de $510.00 fue ratificada por el tribunal, el representante omitió notificar a la Secretaría de la Cámara sobre dicho pleito judicial, lo que constituyó una violación adicional al reglamento interno.
Ambos exlegisladores insistieron en que el proceso no debe concluir administrativamente, reclamando que la Cámara cumpla con su responsabilidad de trasladar el expediente a las agencias de ley y orden para que se evalúen las posibles consecuencias legales.
