La Asociación de Promotores y Profesionales de Espectáculos Públicos acoge la determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) de poner en pausa la orden administrativa que buscaba prohibir el uso del llamado promoter fee en la venta de boletos para espectáculos públicos en Puerto Rico. Esta decisión permite evaluar con mayor detenimiento el impacto real de la medida en el precio de los boletos y en la transparencia del mercado, evitando consecuencias no deseadas para el público.
La orden administrativa emitida por el DACO proponía impedir que los promotores incluyeran el promoter fee como un renglón separado en el precio del boleto, aun cuando dicho cargo se presenta de forma clara y visible durante el proceso de compra. Desde la perspectiva de la industria, eliminar ese desglose no elimina los costos reales de producir un evento, simplemente los integra al precio base del boleto. Como resultado, el consumidor podría terminar pagando un precio más alto y con menos claridad sobre cómo se compone el costo total del boleto.
“En Puerto Rico, los cargos asociados a la producción de espectáculos se informan de manera transparente desde el inicio del proceso de compra. El consumidor ve el precio total antes de pagar y decide libremente si adquiere o no el boleto. Eso no es un cargo oculto, es información clara para el público”, expresó Pepe Dueño, promotor de espectáculos y miembro de la Asociación.
Por su parte, Manny Morales, presidente de la Asociación de Promotores y Profesionales de Espectáculos Públicos, señaló que el enfoque regulatorio debe concentrarse en las prácticas que realmente afectan al consumidor. “Mientras se discute un cargo transparente y de impacto limitado, los mayores perjuicios al bolsillo del público provienen de la reventa abusiva, los aumentos excesivos en el mercado secundario y los fraudes. Puerto Rico es, en muchos casos, uno de los mercados más claros y accesibles para asistir a eventos”, afirmó.
Morales añadió que la Asociación mantiene total disposición para colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones balanceadas. “Queremos trabajar junto al secretario del DACO y otras agencias para establecer un marco regulatorio moderno que proteja al consumidor sin afectar la viabilidad de la industria del entretenimiento. También estamos disponibles para colaborar con el Departamento de Hacienda y con la Legislatura en la revisión de leyes que ya no responden a la realidad actual del mercado”, sostuvo.
La Asociación recordó que producir espectáculos en Puerto Rico conlleva costos adicionales frente a otros mercados, como el transporte marítimo de equipos, la logística propia de una isla, los seguros, la seguridad, los permisos y las cargas contributivas aplicables a artistas y producciones. Eliminar la posibilidad de desglosar estos costos no los hace desaparecer; simplemente los traslada al precio general del boleto.
Desde el punto de vista legal, el abogado Carlos Fontán explicó que la decisión de poner en pausa la orden permite una evaluación responsable del asunto. “Cuando se adopta una regulación sin el análisis adecuado, se genera incertidumbre y se corre el riesgo de afectar negativamente al mismo consumidor que se busca proteger. Esta pausa abre el espacio para una discusión técnica y legal más completa”, indicó.
Asimismo, la Asociación subrayó que cuando Puerto Rico recibe eventos de gran escala, las principales quejas del público suelen estar relacionadas con la reventa ilegal y los fraudes, incluyendo casos de boletos inexistentes o precios inflados fuera de los canales oficiales. “En ese contexto, no se han documentado controversias relacionadas con el promoter fee. Los problemas reales para el consumidor provienen de prácticas fraudulentas que operan fuera del mercado formal”, coincidieron los portavoces del sector.
La Asociación de Promotores y Profesionales de Espectáculos Públicos reiteró su compromiso con la transparencia y su disposición a colaborar con el Departamento de Asuntos del Consumidor, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, demás legisladores y agencias pertinentes, en un proceso de diálogo que fortalezca la protección al consumidor, combata la reventa abusiva y permita mantener a Puerto Rico como un mercado competitivo, accesible y claro para el público.
