Con el fin de garantizar mayor justicia ambiental, seguridad pública y cumplimiento de la política pública de conservación, la senadora Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado 628, que redefine la zona marítimo terrestre de Puerto Rico e impone nuevas obligaciones a las agencias para su reglamentación y fiscalización.
“Esta es una herramienta necesaria para combatir la erosión costera, mejorar la fiscalización de construcciones ilegales y proteger el acceso público a nuestras costas. Además, estamos consignando que para todos los efectos civiles, la Zona Marítimo Terrestre será considerada patrimonio de Puerto Rico. Debemos reconocer el valor ecológico, económico y emocional que las playas representan para nuestra gente”, expresó la senadora Álvarez.
El proyecto busca enmendar la “Ley de Muelles y Puertos de 1968” y la “Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales” para establecer una nueva y más precisa definición de la zona marítimo terrestre. La nueva definición incorpora elementos como las mareas máximas vivas equinocciales, eventos de oleaje extremo, y rasgos naturales como dunas, manglares, estuarios y bermas, extendiendo así el reconocimiento legal del espacio costero más allá de la simple línea de marea. Este cambio permitirá identificar con mayor claridad los bienes de dominio público marítimo terrestre y facilitará su deslinde, manejo y protección frente al avance del mar, la erosión y las amenazas de desarrollo no autorizado.
La legislación también establece que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Puertos deberán promulgar un reglamento que defina los procedimientos de deslinde, fiscalización y delimitación oficial de los bienes del dominio público marítimo terrestre. Este reglamento deberá incorporar criterios científicos actualizados y uniformes para garantizar la protección de la costa, impedir construcciones ilegales y salvaguardar el acceso libre a las playas.
Esta medida fue presentada por petición de destacados expertos en geociencia y conservación: Pedro A. Gelabert (geólogo), Ruperto Chaparro (director del programa Sea Grant, UPR-Mayagüez), Ernesto Díaz (oceanógrafo), Gerardo Cerra (agrimensor), Miguel Canals (biólogo marino), Aurelio Mercado (oceanógrafo), Alfredo Torruella (oceanógrafo), Heidi Morales (bióloga y activista científica) y Mildred Sotomayor (en su capacidad personal).
“El pueblo tiene derecho a acceder y disfrutar de sus playas. Esta medida atiende décadas de ambigüedades legales y conflictos causados por la ocupación indebida y privatización de nuestros bienes de dominio público. Reafirmamos que las playas son patrimonio colectivo y no propiedad de unos pocos”, añadió Álvarez Conde.
El reglamento deberá emitirse en un plazo no mayor de 180 días desde la aprobación de la ley, y ambas agencias deberán rendir un informe a la Asamblea Legislativa en o antes de 240 días sobre su ejecución y cumplimiento.
“El aumento en el nivel del mar, la erosión y los desastres naturales como el huracán María nos obligan a actuar con urgencia. Esta medida es un paso firme hacia una política costera más responsable y basada en ciencia”, concluyó Álvarez.
