Los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, emplazaron al Gobierno de Puerto Rico a no acceder a la petición de información hecha por las autoridades federales para rastrear a miles de inmigrantes con la intención de ser arrestados y deportados.
“El gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice y hacerse de la vista larga mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad, y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas. Emplazamos a la gobernadora a que imparta instrucciones claras a la Secretaría del DTOP a no proveer ninguna información al gobierno federal para rastrear y perseguir a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Le recordamos al actual gobierno que toda persona tiene derecho a la protección de su información privada y confidencial. Acceder a lo solicitado por las autoridades federales sin una orden judicial es contraria a su deber de proteger ese derecho”, expresó Gutiérrez Colón.
La exigencia de la delegación cameral del PIP surge tras conocerse que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como el Servicio de Control de Adunas (ICE) solicitaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) información sobre 6,000 personas aproximadamente que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley local que permite a inmigrantes con estatus migratorio no regularizados tener acceso a dicho documento.
En tanto, Márquez Lebrón y Lebrón Robles recordaron que en febrero pasado la delegación del PIP radicó el proyecto 331 precisamente para proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no son un cheque en blanco para la violación de los derechos fundamentales. La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña. Este proyecto de ley es una propuesta, para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros”, expresó Márquez Lebrón.
Según precisaron los tres legisladores, la medida legislativa establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
“Las órdenes ejecutivas del presidente Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de inmigración, pero no las protecciones constitucionales como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo”, indicó por su parte Lebrón Robles.
Gutiérrez Colón agregó que, “en las pasadas redadas han sido detenidas personas sin órdenes judiciales, incluyendo a algunas con estatus migratorio regularizado, e incluso a una mujer puertorriqueña. El llamado es a que este gobierno no sea cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos y constitucionales de las personas inmigrantes y que de una vez y por todas le de paso al proyecto 331 que presentamos a petición de la ACLU”.
