Amparada en que plantea deficiencias constitucionales, limita la capacidad y los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo y conlleva serias implicaciones en el derecho puertorriqueño al reconocerle personalidad jurídica a uno no nacido, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) le solicitó a la gobernadora Jenniffer González que vete el Proyecto del Senado 504.
El mencionado proyecto propone enmendar los Artículos 67, 69 y 70 del Código Civil para reconocerle personalidad y capacidad jurídica al nasciturus desde el momento de la concepción y en cualquier etapa de gestación dentro del vientre de la persona gestante.
“La medida plantea conflictos entre los derechos de las mujeres y el embrión. Las despoja de sus derechos constitucionales por motivo de embarazo. Limita el ejercicio de su capacidad reproductiva creando un conflicto entre los derechos de la mujer y el reconocimiento de los derechos al nasciturus. Le confiere al concebido no nacido personalidad y capacidad jurídica en cualquier etapa del embarazo, con todos los derechos de aquella prole nacida”, reza la Resolución 002 aprobada por la Junta de Comisionados del organismo público, que busca persuadir a la Primera Mandataria de Puerto Rico a que, como mujer y Gobernadora, no firme la pieza legislativa.
Para el director de la CDC, Lcdo. Ever Padilla Ruiz, el proyecto necesita una amplia discusión y consideración ya que todavía no se han despejado varios de los planteamientos presentados por algunas de las agencias a quienes les solicitaron su parecer.
“Nuestra petición es que vete el Proyecto. Sin duda alguna, esta medida, que bajó por descargue en la Cámara de Representantes, crea un claro conflicto entre los derechos de las mujeres y de las personas gestantes y el nasciturus representando un desafío constitucional con implicaciones en múltiples áreas del derecho que ni tan siquiera se han considerado”, subrayó Padilla Ruiz, al asegurar que la discusión sobre la personalidad y capacidad jurídica del nasciturus desde el momento de la concepción “no es nueva. Esta discusión ha implicado múltiples estudios y publicaciones en revistas jurídicas”.
Según añade la Resolución, esta medida plantea serias preocupaciones sobre la prelación de derechos constitucionales que establece. Plantea implicaciones jurídicas que repercuten en múltiples áreas del derecho, no solo en el Código Civil, sino en todo el ordenamiento jurídico, comenzando por serios cuestionamientos constitucionales sobre la capacidad plena de las mujeres y personas gestantes, con implicaciones en materias de derecho penal, familia, sucesiones, obligaciones y contratos, derecho contributivo y mercantil.
“Los derechos fundamentales de la ciudadanía en última instancia son responsabilidad del Gobierno, ya que tales derechos forman parte esencial de la Constitución y de las leyes. Del récord legislativo no se desprende un ejercicio analítico riguroso de las consecuencias de esta medida. El proyecto debió ser objeto de una profunda y amplia discusión entre todos los sectores que componen nuestra sociedad para conciliar los legítimos intereses en pugna”, concluyó el funcionario publicó, esperanzado en que la Gobernadora, como mujer y madre, y de cara al Día Internacional de los Derechos Humanos, tome la decisión responsable de vetar el Proyecto.
