Insisten en que la Gobernadora prioriza la construcción ilegal en la Parguera, la destrucción de las costas en Cabo Rojo, Rincón y Fajardo
En el marco de los 100 días de Jenniffer González Colón como gobernadora de Puerto Rico, el colectivo Una Sola Lucha denunció hoy los crímenes ambientales de su Gobierno por priorizar la construcción ilegal en la Parguera, la destrucción de las costas en Cabo Rojo, Rincón y Fajardo, extender el uso de la carbonera AES, debilitar las regulaciones ambientales, el proceso de permisos, permitir la deforestación masiva, entre otras.
“Desde el inicio de su mandato como gobernadora, Jenniffer González ha promovido una visión del desarrollo económico que entra en conflicto con la protección de nuestros bienes comunes naturales. Sus acciones han favorecido la desregulación ambiental y la expansión de energías fósiles, muy particularmente el gas metano, mal llamado gas natural. En sus primeros 100 días en el poder ha impulsado políticas que facilitan la explotación del territorio, debilitando normativas que protegen el medioambiente y beneficiando intereses privados”, explicó Hernaliz Vázquez, portavoz del colectivo Una Sola Lucha y directora de Sierra Club Puerto Rico.
Una Sola Lucha, compuesto por diversas organizaciones ambientales y comunitarias, denunció que uno de los casos más controversiales de su gestión ha sido la Orden Administrativa 2025-01, firmada por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, para legalizar las casas flotantes en La Parguera, acción que expertos en derecho ambiental han advertido que viola leyes y reglamentos vigentes, y beneficia directamente a personas cercanas a la gobernadora, incluyendo a sus suegros.
“El proyecto de ley enviado por González a la Legislatura (PS 272) no solo busca legalizar estas estructuras en la Zona Marítimo Terrestre, sino que también propone enmiendas a la Ley Orgánica del DRNA que debilitan su capacidad reguladora. Entre los mandatos propuestos, se encuentra la creación de un régimen especial de permisos para concesionar espacios en el agua a propietarios privados, limitando la posibilidad de impugnación de estos permisos por parte de ciudadanos y organizaciones ambientales. Además, el proyecto de ley reduce la protección de ecosistemas marinos al modificar las definiciones de “usos permitidos” en estas áreas, facilitando la proliferación de construcciones en espacios tradicionalmente protegidos”, detalló.
Vázquez señaló, además, que a principios de mes se firmó la flexibilización de permisos para proyectos de energía con la Orden Ejecutiva 2025-16 a pesar de que las comunidades aledañas a muchos proyectos de gas metano y placas solares a escala industrial -muchos de estos en suelos agrícolas- llevan años denunciando la violación de leyes y reglamentos.
Los grupos resaltaron que la Gobernadora solicitó a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés) incluir a Puerto Rico en la desregulación de 31 políticas ambientales que permiten, entre otras cosas, la flexibilización de los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para plantas energéticas, la eliminación de restricciones a la contaminación del aire por mercurio, la reducción de protecciones para cuerpos de agua bajo la Ley de Agua Limpia, la eliminación de regulaciones que limitaban la expansión de infraestructura fósil en zonas vulnerables y la desreglamentación de las cenizas tóxicas de carbón.
“Estas políticas no sólo ponen en riesgo la biodiversidad de Puerto Rico, sino que también agravan la crisis climática y exponen a las comunidades a niveles cada vez más altos de contaminación. Esas políticas nefastas son evidentemente criminales, promueven la enfermedad y la muerte”, añadió.
De igual forma, Víctor Alvarado portavoz del colectivo y de Diálogo Ambiental explicó que la mandataria ha respaldado la continuidad de la quema de carbón como una falsa medida de transición energética ignorando la evidencia científica del efecto nocivo a la salud de los residentes de la zona donde se encuentra AES.
“La primera ley que firmó la gobernadora extendió la quema de carbón por parte de AES para generar energía y eliminó la mayoría de las metas de energía renovable. Esa primera ley da paso a que se perpetue la operación de la planta de quema de carbón sin importarle que 1 de cada 3 personas en Guayama ha sido diagnosticada con enfermedad respiratoria; que 1 de cada 4 habitantes de Guayama ha sido diagnosticada con enfermedad cardiovascular; que el asma pediátrica es aproximadamente 5 veces mayor en Guayama; que el asma grave en niños es 6 veces mayor en Guayama; que la prevalencia de urticaria es 7 veces mayor en Guayama; que la prevalencia de abortos espontáneos es más de 6 veces mayor en Guayama; que a probabilidad de padecer bronquitis crónica en la población mayor de 45 años es 9 veces mayor en Guayama; y que la probabilidad de padecer asma pediátrica es aproximadamente 6 veces mayor en Guayama”, puntualizó.
Para los grupos, otra de las inconsistencias en el discurso ambiental de la gobernadora es su promesa de priorizar el reciclaje sin implementar estrategias concretas. A pesar de reconocer la falta de infraestructura para procesar desechos, su administración no ha propuesto medidas para fortalecer la industria del reciclaje, ni cambiar la fallida lógica del manejo de residuos en Puerto Rico.
“Su única acción concreta hasta el momento ha sido anunciar una campaña educativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje, la reducción, el reuso y otras medidas como el compostaje sin asignar fondos para mejorar la recolección y procesamiento de estos materiales, sin proponer fijar responsabilidad corporativa por los materiales que circulan en nuestro país. De hecho, otra de las primeras acciones del gobierno de González ha sido dejar sin efecto la Ley 51 del 2022 (Ley de prohibición de plásticos de un solo uso) por las presiones, tergiversaciones y manipulaciones que intereses económicos muy particulares como ASORE, agrupación de cadenas de comida rápida han promovido públicamente”, precisó Vanessa Uniarte, portavoz de Amigos del Mar.
Uniarte enlistó los proyectos que actualmente amenazan gravemente los ecosistemas y comunidades.
“Estos proyectos, como el de la ciclovía en la zona costera, que afectaría el Bosque Comunitario La Armonía y la Reserva Marina Tres Palmas; el Proyecto Esencia cerca de la Bahía de Boquerón, que destruiría 2,000 cuerdas de terreno costero; el Paseo La Cima, un desarrollo de 100 apartamentos que devastaría el Bosque de Cupey y el río Piedras; el proyecto de Punta Bandera, que propone la construcción de edificios de alta densidad cerca del Balneario La Monserrate, afectando la costa vecina; y el Moncayo Resort en Fajardo, un complejo turístico de lujo que amenaza 1,100 acres de costa boscosa, justo al lado del Bosque Estatal de Ceiba, deben ser revisados y detenidos para proteger los ecosistemas y asegurar un desarrollo realmente sostenible que propicie la resiliencia ecológica”, concluyó.
