Tres organizaciones que agrupan a los jubilados del Gobierno de Puerto Rico favorecieron el Proyecto de la Cámara 45, encaminado a crear la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”.
En vista pública de la Comisión de Sistemas de Retiro, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, la profesora Susan Rivera Miranda, portavoz del Capítulo de Jubiladas y Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), apoyó la medida al señalar que tras aprobarse la Ley 53 del 2021- que evitó el recorte a las pensiones del 100 por ciento de los retirados- se han afectado a 160 mil jubilados del Gobierno de Puerto Rico ya que no se protegió el poder adquisitivo de estas pensiones.
“Particularmente en el magisterio tenemos 44 mil docentes retirados que no cotizaron para el Seguro Social y que solo cuentan con su pensión que en ocasiones son 500 a 700 dólares, lo que impide atender las necesidades básicas de un ser humano, entre las que está la salud”, dijo Rivera Miranda.
Al no contar con la aportación mensual de 100 dólares para costear su plan médico privado, más de 15 mil docentes jubilados ven reducido el poder adquisitivo de su pensión, indicó la profesora. La deponente calculó que un retiro digno, según el costo de vida actual, sería de 3 mil dólares.
“Este proyecto es una de las herramientas para establecer que los jubilados actuales y los futuros jubilados tengan un retiro digno”, señaló Rivera Miranda.
Por su parte, el presidente del Capítulo de Trabajadores Jubilados Prosol Utier, Ariel Aulet Lebrón, favoreció la medida legislativa puesto que “los pensionados del gobierno no reciben un aumento en sus pensiones hace aproximadamente 17 años, por lo que sus pensiones se han ido reduciendo con el pasar de los años ya que el costo de la vida ha ido aumentado año tras año y seguirá aumentado hacia el futuro inmediato y a largo plazo. Es hora de hacerle justicia a estos pensionados”.
Aulet Lebrón indicó, que luego de aprobada la Ley 3 del 4 de abril de 2013, las pensiones de los empleados públicos se redujeron de un 75 por ciento del salario cotizado, a un máximo de 46 por ciento del sueldo al 30 de junio de ese año, ya que se congeló lo que devengaban para efectos de computar su pensión. Sin embargo, se aumentó la edad de retiro y se eliminaron beneficios como el retiro por incapacidad y las aportaciones al plan médico.
“Con la aprobación de esta medida evitaríamos que nuestras pensiones sigan reduciendo cada año por los aumentos al costo de vida. Esperamos que esta comisión haga un informe positivo de la medida y sea aprobado por unanimidad en ambas cámaras. Es una de las formas de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pensionados a los que le aplique este proyecto, cumpliendo con la política pública establecida por este gobierno”, puntualizó el presidente del Capítulo de Trabajadores Jubilados Prosol Utier.
En su turno durante la vista pública, Eulalia Centeno Ramos, en representación del Junte de Pensionadas y Pensionados, opinó que “la protección del poder adquisitivo de las pensiones es esencial, dado el panorama precario que atraviesan los jubilados a causa de la creciente inflación”.
“Este proyecto ofrece la oportunidad de crear una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Permitirá mejorar la calidad de vida de los pensionados del servicio público, contribuirá a reducir la dependencia de los programas sociales, fomentará el consumo y generará ingresos adicionales al gobierno a través del cobro de impuestos”, expresó Centeno Ramos.
Asimismo, añadió que este proyecto no afectaría ninguna disposición del plan de ajuste de deuda, ni el plan fiscal de Puerto Rico, ya que incluye medidas de recaudo par financiar el aumento propuesto.
Según el proyecto, la financiación de esta propuesta provendrá de los Ingresos del IVU que no estén asignados al Fondos de Administración Municipal, al IVU municipal, a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias y la Industria Cinematográficas de Puerto Rico y al pago de la deuda de COFINA, así como de los sobrantes del presupuesto general gobierno.
