Por: Hevan Vélez Hernández
El segundo término del presidente Trump ha traído consigo políticas agresivas contra personas indocumentadas en Estados Unidos, y Puerto Rico, por motivo de su relación colonial no ha sido la excepción. En los pasados meses se han realizado redadas por autoridades federales alrededor de la isla donde se ha intervenido con cientos de extranjeros, siendo estos en su mayoría, nacionales de la República Dominicana. La forma en que se han gestionado estas intervenciones ha generado serios señalamientos de violaciones crasas a los derechos humanos de estas personas y ha deteriorado sustancialmente su calidad de vida.
Por otra parte, la complicidad de las autoridades locales ante este capricho del gobierno federal ha sido bochornosa, comportándose como borregos en un momento histórico y definitorio de nuestro carácter como nación hermana. Inverosímil, además, ha sido ver Estados de la Unión resistir con mayor fuerza esta situación y como estos han defendido vehementemente a los residentes indocumentados de su territorio a diferencia de Puerto Rico.
Aquí en la isla, muchos, en su anhelo de anexarse a los Estados Unidos han traicionado a nuestros hermanos dominicanos mendingando la aprobación y una palmadita en la espalda del gobierno federal por actuar como fieles servidores. Ejemplo de ello es el reciente caso en Cabo Rojo, donde una mujer dominicana acudió al municipio en busca de asistencia para desarrollar su negocio y acabó siendo reportada a las autoridades por un guardia municipal fungiendo de lacayo federal.
Múltiples medios locales e internacionales han reportado como el miedo se ha apoderado de esta población en la isla y que, algunos están viviendo en condiciones precarias por temor de salir de sus hogares y se topen con una situación como la sucedida hace unos días en Cabo Rojo.
Una población extranjera compuesta en su mayoría por dominicanos que llegaron a Puerto Rico en busca de mejores condiciones de vida y que ha demostrado con los años ser un sector vital para el desarrollo de este país, ciertamente no merece un trato como este, ¿qué vida es esa? El problema que pudieran argumentar otros países del mundo sobre el control de sus fronteras no aplica en un país relativamente vacío y envejecido como el nuestro, por tanto, ¿cuál es el interés del Estado en acatar estas políticas?
Es inevitable también, que uno se pregunte por la falta de acción de la clase política del país en este momento crítico, especialmente de los “líderes” que tanto piden el voto de la comunidad dominicana en cada elección. Siempre es bueno en situaciones como estas, utilizar de compás político a quienes estuvieron primero que nosotros y amparándome en esto, si nosotros tuvimos un padre de la patria en Betances que llamaba a la unidad del pueblo antillano y fomentaba el amor entre los países hermanos, ¿quiénes somos nosotros para ahora darles una puñalada en la espalda?
