La delegación del PIP se opone a la imposición de sanciones al Senador Molina.
El incidente que da lugar a la querella ante nuestra consideración ocurrió el 6 de octubre de 2025, durante una manifestación convocada bajo la consigna Jenniffer Renuncia y que tuvo lugar en el Viejo San Juan, en la calle que desde el verano de 2019 se conoce como Calle Resistencia.
Durante la manifestación ocurrieron varios incidentes, siendo el más importante, a mi juicio, la intervención de la Policía con el activista Tito Kayak. Tito estaba colocando una carpa o caseta de campaña; agentes de la Policía se acercaron, lo levantaron en vilo y lo lanzaron por encima de las vallas que guardan el paso hacia La Fortaleza, lo tiraron al piso y lo acusaron de violación al artículo 246 del Código Penal- resistencia al arresto. El juicio en su fondo se celebró hace par de semanas. La prueba de Fiscalía incluyó el testimonio de un policía regularmente asignado a manifestaciones que declaró bajo juramento que en las muchas protestas que había cubierto jamás persona alguna había montado una carpa, y que fue esa actuación nunca vista lo que les movió a intervenir. Tito fue exonerado. Para los escépticos, están disponibles en las redes los videos del violento arresto de Tito y el del testimonio del policía sorprendido por la colocación de una carpa.
Hago el relato porque fue el atropello a Tito el que movió al Senador querellado a llegar hasta la Calle Resistencia, desde donde transmitió las expresiones que conocemos, y sobre las cuales me parece importante aportar cierto contexto. Primero, ninguno de los agentes de Policía allí presentes se querelló. Ni quisiera hicieron constar el alegado agravio en ningún informe o documento. Así lo declaró uno de los cuatro oficiales que declaró en la vista, quien habría sido el responsable de documentar el evento. Y no hicieron nada, porque no oyeron nada. De los cuatro que declararon, sólo uno de ellos alcanzó a escuchar parcialmente una expresión del Senador no dirigida a los policías. ¿Por qué estamos viendo esta querella entonces? Porque un policía que estaba en su casa muy tranquilo viendo Facebook se encontró con la transmisión en vivo del Senador. Indignado, consultó con la APO, y radicó la querella.
En segundo lugar, y más importante, ¿qué se pretende con la imposición de una multa y una reprimenda pública al Senador? Yo creo que existe un amplio consenso, no unanimidad, pero sí consenso, de que, aun con lo mucho que se ha relajado el uso del lenguaje, no es deseable que una funcionaria o funcionario utilice públicamente palabras que catalogamos como soeces. A mí, personalmente, me parece impropio- creo que no aportan al debate ni al ejercicio de nuestra función y creo que hay una responsabilidad inherente a nuestro oficio a la que se le falta con el uso de ese lenguaje. Nunca he hablado así, ni me parece bien que otros políticos lo hagan. Pero de ahí a utilizar los mecanismos disciplinarios del Senado para penalizar a un legislador porque utilizó tal o cual expresión en el contexto específico que origina esta querella, hay un trecho insalvable. Todas las expresiones contenidas en el Informe alegando que una palabra proferida por el Senador constituye una incitación a la hostilidad hacia el Cuerpo de la Policía; que es una “actuación que erosiona la seguridad”; que se ha menoscabado “la seguridad del Pueblo puertorriqueño y de sus funcionarios públicos”, me parecen totalmente descolocadas. Si el Senador ha cometido una imprudencia, si ha faltado a los mejores usos del lenguaje, dentro del pequeño espacio democrático que concede la colonia hay un remedio: le tocará responderle al electorado. Cualquier actuación disciplinaria de este Cuerpo, a juicio de la delegación del PIP, se acerca peligrosamente a la censura y a la intervención con las facultades de todas y todos los que ocupamos un escaño. ¿Dónde se traza la línea? ¿Quién decide cuál es esa línea. Qué es peor: ¿decir una palabra soez o faltarle descaradamente a la verdad, como se hace con cierta frecuencia en este y en otros espacios de debate? ¿Quiénes son los que realmente atentan contra la seguridad y la convivencia? Consigno el voto en contra de la delegación del PIP al Informe ante nuestra consideración, y reiteramos que la Querella debió haber sido desestimada.
