Por Lcdo. Luis Ibrahyn Casiano
Los(as)(es) profesionales de la salud mental y la conducta humana, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y consejeros, desempeñan un papel crucial en la comprensión de los factores que influyen en el bienestar de los individuos y las comunidades. Más allá de su función terapéutica, estos profesionales tienen un deber ético y social en el análisis y la evaluación de políticas públicas y propuestas electorales, especialmente aquellas que impactan directamente en áreas como la equidad, el acceso a la salud, la vivienda y la distribución económica. Nuestro conocimiento especializado sobre los factores psicosociales y su influencia en la calidad de vida nos coloca en una posición privilegiada para defender políticas que promuevan un mayor bienestar colectivo.
Las políticas públicas y las propuestas electorales juegan un papel fundamental en la configuración de los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la atención médica, la vivienda adecuada, la seguridad económica y la educación. Los determinantes sociales tienen un impacto directo sobre la salud mental de las personas, ya que la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la atención médica y la inestabilidad habitacional están estrechamente relacionadas con trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Por ejemplo, estudios han demostrado que la falta de acceso a una vivienda segura puede aumentar la prevalencia de problemas de salud mental. En este contexto, los profesionales de la salud mental pueden ofrecer una comprensión más profunda de cómo las políticas públicas relacionadas con la vivienda, el salario mínimo o la atención médica universal podrían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuyendo las tensiones psicosociales que contribuyen al deterioro mental y a las conductas mal adaptativas.
Por otro lado, desde una perspectiva ética, los profesionales de la salud mental deben estar comprometidos con los principios de justicia social y equidad. Estos principios no solo guían sus prácticas, sino que también deben aplicarse al análisis de las políticas públicas. Por consiguiente, nuestra voz debe elevarse en favor a las propuestas electorales que fomentan la equidad buscando garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir una vida digna.
