Por: Nelson Gabriel Berríos
El tema del endeudamiento creciente del gobierno federal se ha convertido en un factor de mayor preocupación recientemente. La decisión de Moody’ s en mayo 16, de bajar la clasificación crediticia de la deuda federal no sorprende. El aumento significativo esperado como resultado del presupuesto federal sometido recientemente, incrementaría considerablemente la deuda federal, un factor de peso en dicha clasificación .
El “One Big Beautiful Bill” adoptado por la Cámara de Representantes federal a fines de mayo, le añadiría $3.1 billones (trillions en inglés) a la deuda federal (incluye intereses) durante los próximos diez años. A mayo 29 la deuda federal total ascendía a $36.2 billones (trillions), que es la deuda sujeta al límite de deuda constitucional, que también estaría aumentando en $4.0 billones (la versión del Senado lo aumentaría a $5.0 billones (trillions). El impacto mayor proviene de las propuestas presupuestarias federales bajo consideración.
Comparando la deuda de un país con su PIB (Producto Interno Bruto) es un indicador de la situación fiscal de una economía, ya que ilustra la carga de deuda relativa a la producción total de la economía y su capacidad de pagarla. Poniendo en perspectiva dicha participación, durante los años de la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), la participación de la deuda federal estuvo en promedio en 69.4%; para el año 2000 se redujo a 33.7%, aumentando a 99.0% en el 2024, para el 2026 se proyecta que aumentaría a 103.3% y a 116.0% para el 2034.
El pago de dicha deuda representa una carga preocupante. La partida de intereses es la de mayor crecimiento en el presupuesto federal. El pago de intereses de la deuda federal representa ahora el cuarto programa más grande entre los gastos del presupuesto federal, superada solo por el Seguro Social, Medicare, y el gasto en defensa.
En la medida en que las tasas de interés permanezcan bajas, la deuda sería sustentable, pero ese no es el caso en estos momentos, y para los próximos años. El aumento en su repago podría traducirse en una reducción en beneficios para servicios, tales como servicios de salud, educación y otros.
