La determinación de la actual administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) de conceder a General PR la cantidad de $110 millones a dicha empresa encargada del proceso de generación de energía en Puerto Rico, ha generado serios cuestionamientos por la manera en que se realizó y los detalles de la negociación, que aún no están claros.
Ante ello, Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, solicitó a través de la Secretaría del Alto Cuerpo que se le requiera a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP), por conducto de su director ejecutivo, el ingeniero Josué Colón, que se someta información detalla y puntual conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, y en un término de diez (10) días laborables para conocer los detalles de esta “renegociación” que el Gobierno mantuvo en secreto hasta hace pocos días.
“El problema del suministro de energía eléctrica en Puerto Rico requiere la mayor seriedad e información a la ciudadanía. Es por ello que hemos solicitado a la
Autoridad de las Alianzas Público-Privadas que se someta un narrativo sobre el proceso llevado a cabo para la llamada ‘renegociación’ del contrato con Genera PR. Es importante que la ciudadanía sepa si dicha ‘renegociación’ incluye una extensión o no para el suplido de gas y que se nos informe al detalle las plantas de generación que la empresa ha propuesto convertir a gas como su combustible principal”, señaló el senador por acumulación.
En el documento se requiere además copia del acuerdo al que se llegó con la empresa, así como evidencia de la proyección realizada o llevada a cabo por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para determinar que dicha ‘renegociación’ será de beneficio para el País.
De otro lado, el portavoz popular requirió que se presente la evidencia de las comunicaciones que la gobernadora alega haber enviado a LUMA Energy, donde le notifica el incumplimiento con ciertas cláusulas del contrato. “Es imperativo que podamos examinar cualquier intercambio de comunicaciones con LUMA Energy conducente a establecer un acuerdo parecido al finiquitado con Genera PR, así como toda comunicación enviada a LUMA donde se le notifica específicamente las disposiciones contractuales que han incumplido”, añadió Hernández Ortiz.
El legislador expuso además que de no contar con las comunicaciones, el Gobierno deberá presentar una certificación negativa a esos fines. “Si en efecto el Gobierno le ha enviado cartas a LUMA notificando su incumplimiento, en un proceso transparente deben presentarlas al País y más aun al Senado de Puerto Rico”, señaló el portavoz de la Delegación PPD que como cuestión de hecho presentó al inicio de cuatrienio la Resolución Conjunta del Senado 10 para dar paso a la salida de LUMA Energy.
En el anuncio hecho el pasado domingo por la gobernadora Jenniffer González, se celebró que el acuerdo alcanzado con Genera PR alegadamente exime al gobierno del componente de incentivos por desempeño “y que supuestamente redundaría en ahorros de más $860 millones por los próximos 10 años, pero por otro lado, no libra a la empresa de las exigencias por buena ejecutoria”, finalizó Hernández Ortiz.
