Lo que comenzó como una querella vecinal en marzo de 2025 se ha convertido en un caso emblemático que, tras la presión sostenida de la comunidad de Las Mareas y gestiones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ha provocado finalmente acción por parte del Municipio de Salinas.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, aseguró que la Oficina de Permisos del Municipio está diligenciando una multa de $14,000 contra el propietario de una construcción ilegal ubicada a la entrada de la comunidad Las Mareas, y que además se encuentra en curso un análisis legal para solicitar, a través del Tribunal, la demolición de la estructura. Esto luego de que la propia agencia permitiera que se construyera aproximadamente un 80% de la estructura sin contar con los permisos requeridos.
Este desarrollo ocurre luego de múltiples denuncias comunitarias y la radicación de una resolución investigativa impulsada por el legislador municipal del PIP en Salinas, Emilio Nieves Torres, que colocó el caso en el foco público y político.
“Este caso demuestra la importancia de las comunidades en fiscalizar lo que ocurre en sus áreas. Es inconcebible que, a pesar de órdenes reiteradas de ‘Cese y Desista’, la construcción avanzara impunemente. La multa y la posible demolición son pasos importantes, pero aquí también hay que evaluar la inacción de las agencias que permitieron que esto llegara tan lejos. Dicha inacción envía a la ciudadanía el mensaje equivocado de que pueden construir sin permiso y que luego de varios avisos es que tal vez se considere multar o llevar al Tribunal.”, expresó Emilio Nieves Torres.
Desde el 20 de marzo de 2025, cuando se realizó la primera inspección tras denuncias vecinales, las autoridades documentaron la ausencia total de permisos para la construcción. Ese mismo día se emitió una orden de “Cese y Desista”.
Sin embargo, inspecciones posteriores —incluyendo visitas en septiembre de 2025, enero de 2026 y marzo de 2026— confirmaron que el propietario, Miguel A. Rivera Díaz, continuó la obra en abierta violación de las órdenes emitidas. Incluso se documentó la remoción del rótulo oficial de paralización y la continuación de los trabajos hasta alcanzar una etapa avanzada de construcción.
A pesar de que la Oficina Regional de Permisos del Consorcio CCVS confirmó reiteradamente la ilegalidad de la obra, no impuso multas ni tomó acciones coercitivas efectivas durante ese periodo, lo que permitió que la estructura avanzara casi hasta su finalización.
La Ley 161-2009, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y el Reglamento Conjunto de 2020 de la Junta de Planificación establecen claramente que construir sin permisos conlleva sanciones económicas, incluyendo multas mínimas de $500 por infracción, acumulativas por cada día de incumplimiento, así como penalidades adicionales por conducta contumaz.
De haberse aplicado desde la primera intervención, las multas podrían haber alcanzado cifras sustancialmente mayores. No obstante, la falta de acción oportuna plantea cuestionamientos serios sobre la efectividad de los mecanismos de fiscalización.
“Aquí hay dos dimensiones: la conducta ilegal del desarrollador y la falla institucional de las agencias llamadas a hacer cumplir la ley. La permisividad envía un mensaje peligroso de impunidad. Este caso debe marcar un precedente de que en Salinas no se puede construir al margen de la ley sin consecuencias. Esperamos que las palabras de la alcaldesa se conviertan en acción”, sostuvo Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental del PIP.
La resolución investigativa presentada por el PIP, aunque no fue finalmente aprobada, propició la solicitud y evaluación del expediente administrativo, confirmando tanto la ilegalidad de la construcción como la reiterada desobediencia del propietario.
Los líderes independentistas han reiterado que darán seguimiento al caso para asegurar “que se cumpla con la ley y que se establezcan responsabilidades, no solo para el infractor, sino también en cuanto a la actuación de las entidades gubernamentales involucradas”.
