Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
La Junta de Control Fiscal, impuesta por el gobierno federal para procurar la disciplina fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, lleva un año sin publicar algunos de los informes financieros de sus miembros, según requiere la ley federal PROMESA. Tampoco ha publicado los informes financieros de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien también debe cumplir con esta obligación como miembro ex officio, o sin voto, de la Junta.
En total, son casi 50 informes financieros los que aún no han sido divulgados por la entidad fiscal, identificó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Faltan al menos 33 informes trimestrales, correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2025, 11 informes anuales para el año 2024 y los informes finales para los tres miembros que dejaron de formar parte de la Junta el pasado mes de agosto. Además, tampoco está publicado el informe financiero inicial que debió presentar la Gobernadora al entrar en funciones, ni el informe final del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Como funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, los gobernadores deben someter un informe financiero similar a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Sin embargo, la OEG solo divulga un resumen que ofrece menos detalles que el informe que deben someter a la Junta, el cual contiene información financiera de cónyuges y detalles sobre las fuentes de ingreso, entre otras diferencias.
En su sección 109, PROMESA exige la divulgación de los intereses financieros de los miembros de la Junta bajo estándares similares a los que exige la Ley de Ética Gubernamental del gobierno federal. El proceso delineado en los estatutos de la Junta requiere a sus miembros y funcionarios principales presentar un informe financiero al momento de iniciar y terminar sus funciones, así como al terminar cada año que estén en sus puestos. Los informes deben identificar cualquier activo, fuente de ingreso y deuda que tengan, así como cualquier puesto de trabajo, arreglo o contrato profesional que ostente, entre otros detalles.
Además, de manera trimestral, los miembros y ejecutivos de la Junta deben informar cualquier transacción de compraventa o intercambio de acciones, bonos u otros valores mayor a $1,000 realizada durante ese periodo.
A preguntas del CPI, la Junta indicó que está “en el proceso de actualizar la información relacionada con las divulgaciones financieras de los miembros de la Junta y del personal ejecutivo”.
“Los procedimientos judiciales relacionados con el nombramiento de los miembros de la Junta han retrasado el proceso de revisión. La Junta de Supervisión reconoce la importancia de la transparencia en la divulgación financiera y ha provisto dicha información de manera proactiva”, añadió la entidad.
Sin embargo, la Junta no confirmó si la Gobernadora presentó su informe financiero, según exige PROMESA.
Una vez revisados por la asesora de ética de la Junta, Andrea Bonime Blanc, los informes financieros son publicados en la página web del ente fiscal, según requieren sus estatutos.
En suspenso el caso sobre las destituciones de Trump en la Junta
En su informe anual más reciente, publicado el pasado mes de noviembre, la Junta aseguró que estaba implementando su programa de ética, que requiere la presentación de los informes financieros a sus miembros y principales ejecutivos.
“Se prepararon informes financieros anuales y trimestrales para todos los miembros de la Junta y el personal ejecutivo. Se programaron informes financieros de terminación para los miembros que ya no forman parte de la Junta, así como informes financieros iniciales para los miembros entrantes”, lee el documento anual divulgado el pasado mes de noviembre, a pesar de que dos meses más tarde ninguno de estos informes han sido publicados por el ente fiscal.
Durante este periodo la Junta contó con siete miembros activos —John Nixon, Andrew Biggs, Arthur González, Betty Rosa, Cameron McKenzie, Luis Ubiñas y Juan Sabater— quienes debían someter informes financieros trimestrales, al igual que el director ejecutivo, Robert Mujica, el asesor legal, Jaime El Koury, y el coordinador de revitalización, José Pérez Riera.
En agosto del año pasado, González, McKenzie, Rosa, Sabater, Ubiñas y Biggs fueron destituidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que conlleva informes financieros de terminación.
Sin embargo, Biggs, González y Rosa fueron restituidos provisionalmente en octubre, tras ganar una demanda contra la administración Trump en la que alegan que fueron removidos de sus puestos sin justa causa, contrario a lo que requiere PROMESA. El gobierno federal apeló la decisión en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, donde aún se espera por una resolución.
Además, el 1 de enero de 2025 ocurrió el cambio de gobierno en Puerto Rico, con la entrada de González Colón a La Fortaleza y la salida del entonces gobernador Pedro Pierluisi, quienes debían presentar los informes financieros correspondientes.
Actualmente, la Junta cuenta con cuatro miembros activos —Nixon, Biggs, González y Rosa—, junto a la Gobernadora como miembro ex oficio.
Las prácticas de transparencia de la Junta no tienen parámetros, pues en 2023 el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que la entidad es inmune a los reclamos de acceso a la información bajo las leyes de Puerto Rico y bajo la ley federal Freedom of Information Act.
