Por Ana Teresa Colón García | Centro de Periodismo Investigativo
“Vivimos tiempos alarmantes”, advirtió el licenciado Luis José Torres Asencio al referirse a la creciente tendencia gubernamental de sustituir los espacios de rendición de cuentas por estrategias de comunicación controladas y de propaganda. Lo destacó durante la conferencia magistral Lo público es nuestro: cuatro décadas del derecho a saber en Puerto Rico, organizada por el Centro del Periodismo Investigativo (CPI) en el marco de la Jornada de la Prensa.
Torres Asencio denunció la creciente escasez de oportunidades donde los gobernantes respondan a preguntas de la ciudadanía y la práctica de que los funcionarios ignoren a periodistas que les fiscalizan en su gestión pública.
“Hoy más que nunca, el acceso a la información de calidad y confiable es indispensable para combatir, no solamente la opacidad gubernamental, sino su pretensión de que este derecho quede supeditado a sus relaciones públicas”, expresó Torres Asencio al mencionar que los gobernantes ahora optan por las redes sociales y plataformas digitales para dar la información que les conviene.
Defender este acceso a la información, incluso cuando se trata de procesos de privatización que involucran asuntos de alto interés público, como la generación eléctrica y la otorgación de permisos en el contexto medioambiental, es imperativo, destacó.
Torres Asencio es abogado, académico y defensor de la justicia social en Puerto Rico. Dirige el Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica Legal en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Su trabajo se ha destacado en las áreas del derecho constitucional y ambiental, la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública.
El conferenciante ofreció un abarcador recuento histórico y reflexión sobre los avances, obstáculos y amenazas al derecho de acceso a la información pública en Puerto Rico durante el evento organizado por el Instituto de Formación Periodística del CPI el martes en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
El acceso a la información es una herramienta clave no sólo para el trabajo periodístico, sino también para que la ciudadanía pueda fiscalizar, denunciar injusticias y fortalecer los procesos democráticos. Aunque el derecho al acceso a la información se ha fortalecido a través de los años, el acceso efectivo a la información pública ha empeorado como resultado de los esfuerzos del Estado, aseguró Torres Asencio.
Puede ver la conferencia magistral completa aquí:
Los avances legales no siempre se traducen en un acceso real y efectivo, advirtió Torres Asencio. Denunció que, desde la aprobación de la Ley 141 de 2019, firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares durante los últimos días de su administración, el trámite de solicitudes de información se ha vuelto más burocrático y opaco.
Según los datos recopilados por el Proyecto de Acceso a la Información en la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana, sólo un tercio de las solicitudes de información reciben respuesta formal (esto puede ser un acuse de recibo) frente al 47.6% antes de la ley. Las respuestas también se tardan más. Antes de la Ley 141, el Estado tardaba un promedio de 26 días en responder u otorgar información solicitada; ahora son casi 40 días.
Además, muchas agencias ahora contratan abogados externos para litigar estos casos, lo que encarece los procesos y limita aún más el acceso. Antes de la Ley 141, dos terceras partes de los abogados asignados a estos casos de acceso a información eran empleados del Departamento de Justicia o de las propias agencias gubernamentales a las que se le requería la información. Ahora, el 50% de los casos que litiga el Proyecto de Acceso a la Información son atendidos por abogados contratados por el Gobierno. Las objeciones a esta ley resultaron ser justificadas. Entonces, muchas organizaciones cívicas y expertos en el tema del derecho a la información advirtieron que dicha ley sería utilizada para establecer nuevas barreras al acceso rápido y completo de la información en manos del Gobierno.
Reconoció en particular la gran contribución del entonces estudiante de derecho Efrén Rivera Ramos y su ensayo La libertad de información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, escrito en 1975. El conferenciante describió el ensayo, que es el artículo estudiantil más citado por el Tribunal Supremo, como un pilar aún vigente para pensar la transparencia gubernamental, y como el preludio de una extensa gestión en favor del derecho a estar informados.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
La conversación con el público, moderada por la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, reflejó tanto la urgencia del tema como el interés de los presentes. Surgieron preguntas sobre qué derechos aplican ante la Junta de Control Fiscal, los vacíos legales frente a entidades privadas que asumen funciones públicas y la falta de sanciones para los funcionarios que incumplen con su deber de informar de forma efectiva y a tiempo.
Cyhthia Burgos López, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro La Maraña, agradeció la conferencia por su relevancia en el trabajo de planificación participativa que realizan junto a la ciudadanía.
“No sabía que no le tengo que decir a una agencia por qué le estoy pidiendo una información, lo cual para mí es muy importante”, dijo. Con el apoyo de Torres Asencio, su organización ha solicitado información que ha resultado en cambios por parte de agencias como la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). Recalcó la importancia de espacios como el de la conferencia para que “herramientas legales se conviertan en herramientas de diario”.
El caso que inició el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información
El caso del Cerro Maravilla, en el cual el Gobierno de Puerto Rico intentó encubrir el asesinato de dos jóvenes independentistas en 1978, marcó un hito en la lucha de acceso a la información, explicó Torres Asencio. El caso resultó en que se reconociera el acceso a la información como un derecho y se elevara a nivel constitucional, gracias a la combinación de investigaciones periodísticas, procesos legales, testigos valientes y la presión del pueblo.
La resistencia del Estado a entregar documentos clave a los familiares de las víctimas, amparándose en una ley aprobada apenas 12 días antes de los asesinatos, que declaraba confidencial toda la información bajo la custodia del Negociado de Investigaciones Especiales, evidenció cómo la opacidad gubernamental podía utilizarse para proteger posibles abusos de poder. Esta medida fue el principal argumento del Gobierno para no divulgar protocolos de autopsia, fotografías y declaraciones de testigos.
La sentencia en Soto v. Secretario de Justicia estableció que las clasificaciones absolutas de confidencialidad deben evaluarse bajo el escrutinio más riguroso y que, cuando la información solicitada pueda revelar posibles abusos gubernamentales, el derecho del pueblo a conocer la verdad prevalece sobre el interés del Estado de ocultarla.
Torres Asencio cerró con un llamado claro: “Los derechos hay que usarlos”. Reiteró que la Clínica de Acceso a la Información permanece abierta a organizaciones y personas que necesiten apoyo legal en su búsqueda por ejercer este derecho fundamental.
El abogado litigante hizo un llamado a reflexionar lo que hubiese sido, por ejemplo, del esclarecimiento de los crímenes cometidos en Cerro Maravilla, o las muertes durante el huracán María, sin el acceso a información. Exhortó a fortalecer este derecho ejerciéndolo continuamente.
“El acceso a la información, más que un fin en sí mismo, es un vehículo para evitar grandes injusticias, revelar descubrimientos y exigir reparaciones”, resumió Torres Asencio.
CÓDIGO DEL PODCAST: SE BUSCAN OFICIALES DE INFORMACIÓN
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