Por Carlos F. Ramos Hernández
“Una batalla tras otra”, así se titula una de las películas favoritas a ganar el Óscar este próximo año, y así también se siente el trabajo de abogacía y educación que hemos hecho durante los pasados meses en contra del Proyecto del Senado 63, ahora Ley 156-2025, que enmendó la Ley de Transparencia.
En el largometraje del director Paul Thomas Anderson, un exrevolucionario se enfrenta a un militar fascista retirado que secuestró a su hija y atraviesa un sinnúmero de vicisitudes en su intento de rescatarla. Acá en Puerto Rico, aunque la secretividad y la opacidad gubernamental ganaron esta batalla, la contienda por lograr un Puerto Rico más justo, accesible y transparente continúa, sin dar marcha atrás. De este proceso hay lecciones aprendidas y quisiera compartir algunas en esta columna de fin de año.
Primera lección: al abuso de poder del Estado se le enfrenta sin miedo, con tenacidad y con la verdad.
El proceso legislativo que culminó en que hoy la ciudadanía tenga que esperar hasta 50 días laborables para obtener información pública fue un insulto a la democracia participativa.
La mayoría de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cámara y Senado que votaron a favor del PS 63 demostraron un completo desconocimiento, o menosprecio, dadas las barreras que impusieron a un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución. Los intercambios durante la celebración de la única vista pública que hubo se asemejaron a una tragicomedia. Y hay una explicación clara: pocos actuaban con criterio propio; eran simples soldados de fila. En el salón de Audiencias 1 de la Cámara de Representantes se observaba a personajes tras bastidores moviendo sus marionetas para crear la ilusión de que existía un espacio real de participación ciudadana. Pero todo era un show. Cuando se cuestionaba en los pasillos de mármol a los representantes y senadores de la mayoría parlamentaria, estos no podían ripostar a los serios cuestionamientos planteados por la sociedad civil, las comunidades y la prensa. Apenas repetían como papagayos los talking points que les habían asignado, y que de paso eran falsos. La magia del circo se desvanecía.
Y es que detrás de la colorida y atractiva carpa de circo en la que se ha convertido nuestra Asamblea Legislativa, se esconde una realidad: ya no existe un sistema bicameral de pesos y contrapesos. Allí sólo mandan los caprichos del presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, y sus asesores. El presidente de la Cámara, “Johnny” Méndez, dijo “no tener prisa” para atender el PS 63, pero su homólogo le tenía otros planes. Fue penoso y hasta patético conversar con representantes del PNP que durante el último día de la sesión, al mediodía, juraban que la medida no se iba a presentar por descargue. En horas de la noche, con caras de abochornados, ofrecían todo tipo de excusas a quienes llevábamos semanas alertando sobre los peligros de la legislación. Recuerdo cuando el representante del PNP José “Che” Pérez Cordero, quien presidió la única vista pública sobre la medida, nos dijo: Lo único que tengo es mi palabra. Voy a hacer lo que pueda para dejar la medida para enero. Quisiera hacer una resolución investigativa, esto luego de que su delegación enviara la medida al comité de conferencia. Tras negociaciones políticas de último momento o un buen torcido de brazos, como en los regímenes autoritarios que tanto critican, se bajó a votación en los últimos minutos de la sesión.
Segunda lección: hay que desconfiar siempre y combatir con datos certeros y confiables a quienes mienten, sin pudor, desde el oficialismo.
Cuando culminó el trámite legislativo y la medida pasó ante la gobernadora Jenniffer González Colón, la estrategia consistió en recordarle sus promesas de campaña y evidenciar que las enmiendas contradicen tanto la plataforma de gobierno del PNP como su Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA). Logramos que múltiples y respetadas voces de Estados Unidos y de todo el mundo supieran lo que pasaba en Puerto Rico y se expresaran directamente a La Fortaleza para poner en “bandeja de plata” el veto del PS 63.
Instituciones de calibre internacional como el Reporters’ Committee for Freedom of the Press, el Committee to Protect Journalists (CPJ), el International Press Institute o la Society of Professional Journalists (el gremio periodístico más longevo de los Estados Unidos) le explicaron a la Gobernadora que estaba añadiendo capas de burocracia e ineficiencia en detrimento de la ciudadanía.
Nada de esto le importó.
La justificación de política pública es que el PS 63 busca aclarar una supuesta “confusión” en el proceso de solicitud de información, reducir los pleitos judiciales y priorizar a la prensa. Todas son premisas falsas que no tienen ningún apoyo en datos o estadísticas, según un Chequeo de Datos del CPI. En el expediente legislativo no hay evidencia de que existan “tantas y tantas solicitudes de información que no hay manera de que el Gobierno las pueda cumplir a tiempo”. De hecho, apenas llegan una o dos peticiones de información al mes en aquellas agencias y municipios para los cuales está disponible ese dato, ya que no se están registrando las solicitudes de información mensuales ni su estatus, como ya exigía la Ley de Transparencia.
Tampoco se otorga ahora “más poder” a los periodistas, como dijo la Gobernadora en una conferencia de prensa. Por el contrario, se dificulta aún más el trámite para toda la ciudadanía. El libreto de la administración de turno repite que las enmiendas no limitan el acceso y que siempre se entregará la información, solo que ahora con cierta demora. Esto es falsedad y desinformación desde el oficialismo.
Si una persona no copia al jefe de la agencia y también al oficial de información en una petición, ésta se considerará “defectuosa” y no existe una obligación legal de responder. ¿El problema? Que bajo la administración de González Colón sólo se han nombrado nuevos oficiales de información en 15 agencias de las más de 120 entidades gubernamentales y se cambian jefes de agencia con frecuencia, como en un juego de sillas musicales. ¿Cómo pueden la ciudadanía y la prensa cumplir con el nuevo ordenamiento? Bajo este esquema, en la práctica, la información pública nunca llegará.
Tercera lección: no hay duda de que ya vivimos una nueva era de censura gubernamental y de ataques frontales contra la libertad de expresión y la prensa.
La administración de González Colón y los líderes legislativos del PNP, con cada día que pasa, adoptan sin vergüenza los estilos antidemocráticos del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del Centro de Periodismo Investigativo.
Las personas con las que hablo todavía se quedan atónitas cuando se enteran de que hace unas semanas me negaron la entrada al Capitolio, la gran “casa de las leyes”, durante el último día de la sesión legislativa. ¿La razón? Por llevar puesta mi camisa de trabajo del CPI, ya que presuntamente contenía un ‘mensaje de protesta’ y ‘alusivo a un proyecto de ley. Decía: “Por el libre acceso a la información”. Esta actuación es contraria a la libertad de expresión protegida tanto en Puerto Rico como bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Para añadir a la metáfora del circo con personajes estrambóticos, nunca se me mostró el reglamento o la ley para impedirme la entrada. Un supervisor de la Superintendencia del Capitolio salió corriendo cuando le indicamos que íbamos a grabar su explicación para el récord. Y el teniente de la Policía presente me mostró, desde su celular, una búsqueda que realizó en Chat GPT bajo la premisa de que me ‘iba a enseñar’ las leyes de seguridad aplicables en el Capitolio. Reír para no llorar. Casi media hora más tarde, tras ponerme la camisa al revés, me permitieron entrar.
Al día siguiente de que las enmiendas antitransparencia se convirtieran en ley, Eliseo Colón Zayas, presidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI, publicó una reflexión en Facebook que explica de forma brillante lo que él llama la nueva “mordaza del siglo XXI” que ahora impera en nuestro país. Explica Colón Zayas que “[n]o se trata de censura directa, sino de una reconfiguración administrativa del silencio. La transparencia no se elimina; se convierte en trámite. El derecho a saber no se niega; se posterga hasta la fatiga”. En respuesta, hace un llamado a ejercer el periodismo de investigación como “un acto de resistencia sostenida, no una práctica institucionalizada” y como un “acto decolonial” que se niega a aceptar “que el acceso al saber sea una concesión del poder”. Ahí está la ruta a seguir para quienes creemos en el imperativo de luchar por un periodismo puertorriqueño que continúe preguntando, incomodando, investigando y publicando la verdad, sin temor.
La última lección: el coraje que surge de la indignación del pueblo puertorriqueño, la solidaridad constante y las muestras de agradecimiento en defensa de nuestro derecho a saber son valores que me llevo de esta jornada.
Si el Gobierno piensa que nos va a acallar, se equivoca. Olvidan que desde el CPI hemos ganado en los tribunales más de 50 demandas de acceso a la información, incluidos los siete litigios presentados este año contra la administración de González Colón. Olvidan que somos parte de una ciudadanía que, ante mayor represión, reacciona con mayor indignación. Olvidan que no importa cuánto quieran silenciar el mensaje de la camisa del CPI, lo seguiremos llevando a todas partes: “¡Por el libre acceso a la información!”
