Por Luis Y. Ríos Silva, PhD
El oeste de Puerto Rico, conocido por sus playas idílicas y atardeceres de ensueño, ha sido golpeado por una dolorosa realidad: el feminicidio. La isla ocupa una de las tasas más altas de feminicidio por cada 100,000 mujeres. Entre 2020 y 2024, Puerto Rico ha mantenido un promedio de 3.4 casos por cada 100,000 mujeres, superando a Estados Unidos (2.4) y a México (2.2), según datos del World Population Review (2024).
Casos recientes en municipios como Adjuntas —con el asesinato de una mujer de 34 años y el de Caroline Bou en abril de 2025— ilustran una violencia sostenida que en otras localidades como Hatillo, Guayama y Salinas también cobra vidas. En zonas rurales, la geografía dispersa dificulta el acceso a ayuda, y el temor al “qué dirán” en comunidades pequeñas silencia el sufrimiento.
Estas áreas enfrentan barreras estructurales: pobreza, discriminación, machismo cultural profundo y un sistema de justicia limitado. En particular, los mecanismos de protección —órdenes de protección y refugios— son inaccesibles o desconocidos por las mujeres afectadas.
En Puerto Rico predominan los feminicidios cometidos por parejas o exparejas, en un 100 % de los casos. La normalización de actitudes machistas y la falta de estudios de perspectiva de género en las escuelas perpetúan ciclos de violencia. El estado de emergencia declarado en 2021 fue una respuesta tardía y limitada.
Frente a esta realidad, se hace una invitación urgente a adoptar herramientas ya utilizadas en otros países que han mostrado resultados concretos. España, por ejemplo, implementó tribunales especializados en violencia de género que agilizan procesos y protegen mejor a las víctimas. Francia incorporó brazaletes de geolocalización para agresores, aumentando la prevención. Alemania creó centros integrales de atención a víctimas que ofrecen servicios médicos, legales y psicológicos en un solo lugar. Reino Unido introdujo programas educativos para agresores, y Canadá desarrolló políticas públicas con enfoque interseccional que considera raza, idioma y situación migratoria.
Estas experiencias internacionales demuestran que el feminicidio no es inevitable. Con voluntad política, recursos suficientes y una visión integradora, es posible prevenir la violencia y proteger a las víctimas. Fortalecer la educación con perspectiva de género, garantizar el acceso a servicios de apoyo en todos los municipios y asegurar una justicia ágil y sensible son pasos esenciales.
El atardecer en el oeste de Puerto Rico no puede seguir siendo el telón de fondo de un dolor tan profundo. Las vidas de nuestras mujeres son invaluables y merecen ser vividas libres de miedo y violencia. Es hora de que el oeste de la isla se levante como un faro de justicia y equidad, donde la vida de cada mujer sea protegida y valorada, y donde el feminicidio sea una sombra del pasado, nunca más una realidad presente.
