Por Alberto L. Martín Rivera.
La morosidad, entendida como el retraso en el pago de deudas, tiene consecuencias graves para la salud financiera de las cooperativas. Entre ellas se encuentran la reducción de ingresos financieros, restricciones en el flujo de efectivo, aumento en costos operacionales y, en última instancia, el deterioro de su capacidad para crecer, invertir y servir a sus socios. Si no se atiende con prontitud, puede convertirse en una “enfermedad financiera” de difícil reversión.
Frente a este panorama, una de las herramientas que utilizan las cooperativas es la reestructuración de préstamos: acuerdos renegociados con socios en dificultades, diseñados para facilitar el pago y evitar el deterioro total del crédito. Este mecanismo busca ser una solución temporal para que el socio pueda ponerse al día sin perder acceso a servicios financieros. Sin embargo, su efectividad debe evaluarse con cuidado.
Durante los últimos diez años, la cuenta de préstamos reestructurados ha mostrado una reducción significativa: de un 41.59% de morosidad en 2016 a 11.17% en 2025. Aunque esto podría interpretarse como una mejora, el contraste con la morosidad general del sector —que bajó de 4.28% a 2.39% en el mismo periodo— plantea dudas sobre el verdadero impacto de estas reestructuraciones.
Un análisis más profundo sugiere que la reducción en la tasa de morosidad de esta cuenta no necesariamente obedece a una mejora en el cumplimiento de pago, sino más bien a la reclasificación de préstamos irrecuperables como pérdidas contables. Este ajuste disminuye el saldo de la cartera reestructurada y, en consecuencia, mejora artificialmente la tasa de morosidad.
Al cierre del primer trimestre de 2025, el 78.7% de los préstamos reestructurados con más de 180 días de atraso muestran señales de terminar en castigo contable, comparado con el 74.2% de 2024. Las proyecciones estiman una posible pérdida de $5.5 millones en los próximos meses. Estos datos reflejan que muchos préstamos reestructurados no logran cumplir su función principal: la recuperación sostenible del crédito.
Por ello, resulta esencial implementar indicadores que midan con precisión cuántos socios logran reincorporarse con éxito a la cartera activa y cuántos terminan en pérdida. Sin esta información, la reestructuración puede convertirse en un simple paso previo al castigo, en lugar de un verdadero proceso de rehabilitación financiera.
Las cooperativas deben preguntarse: ¿están los socios reestructurados realmente en condiciones de cumplir los nuevos términos? ¿Se están utilizando criterios adecuados de evaluación de capacidad de pago? ¿Existe un seguimiento riguroso posterior a la reestructuración? Si las respuestas son negativas, el instrumento pierde efectividad y podría poner en riesgo la salud de toda la cartera.
El propósito de la reestructuración debe ser claro: apoyar al socio en momentos difíciles, pero también asegurar que dicha ayuda conlleve una responsabilidad y un compromiso real de pago. De lo contrario, se convierte en una medida temporal que difiere el problema, sin resolverlo.
