Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
El titular en la portada del periódico lee así: “Trazada la ruta de salida de la Junta Fiscal para el 2028”. Se trata de una entrevista publicada el pasado 1ro de diciembre, al saliente director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, en la que aseguró que si el equipo de la gobernadora Jenniffer González Colón da continuidad a su plan de trabajo, la Junta de Control Fiscal puede salir de Puerto Rico en tres años.
Cuatro días después, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, dejó claro que esto no es cierto. Advirtió que primero tienen que ocurrir varias cosas, como por ejemplo, que se aprueben cuatro presupuestos balanceados sin la intervención de la Junta, que se aprueben planes fiscales que cubran al menos cinco años y que se prohíba por ley la práctica de aprobar medidas legislativas que conlleven un gasto fuera del presupuesto aprobado.
La Junta fue impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico desde 2016 por medio de la ley PROMESA para controlar el manejo fiscal de la Isla y restaurar el acceso a los mercados financieros.
El Plan Fiscal vigente, que es el instrumento con el que la Junta impone al Gobierno las “reformas” fiscales y estructurales que desea impulsar, identifica 50 acciones que deben ocurrir para que ese ente creado por el gobierno federal salga de Puerto Rico. Esas 50 acciones son la interpretación que da la entidad fiscal a cuatro breves párrafos en la sección 209 de PROMESA que exigen, para terminar con la Junta, cuatro presupuestos balanceados consecutivos y tener acceso a los mercados de capital a intereses razonables.
Pero el Gobierno de Puerto Rico tiene una perspectiva distinta de lo que tiene que pasar para que la Junta salga.
“Nosotros entendemos que hemos cumplido [con PROMESA]. Si tú miras a la Junta, ellos extienden y expanden esos requisitos, que es nuestra diferencia filosófica. Lo hemos comunicado y esa es la situación que va a tener la administración entrante, donde no solamente tiene que cumplir legalmente con los requisitos de PROMESA, sino que también tendrá que hacer un argumento o presentar su caso a nivel político, en el Congreso”, dijo Marrero en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), antes de dejar su cargo en AAFAF.
En el Congreso y específicamente en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y PROMESA, lograr cambios a la ley que faciliten la salida de la Junta es “muy improbable” bajo el control Republicano, según la congresista demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez. “La influencia de la industria de cabilderos sobre PROMESA en Puerto Rico, Nueva York y Washington, D.C., ha retrasado y se ha opuesto repetidamente a los esfuerzos para reformar la ley”, dijo al CPI.
El congresista republicano Bruce Westerman, quien preside el Comité de Recursos Naturales en la Cámara, no contestó preguntas del CPI sobre el futuro de la Junta.
Lejos de encaminar su salida, en ocho años la Junta ha levantado una operación de más de 80 empleados en nómina — el 99% son puertorriqueños, según la entidad — y cientos de consultores y abogados bajo contrato a un costo que supera los $30 millones anuales, la mitad de su presupuesto anual. Tiene grupos de trabajo que van desde asuntos municipales y “transformación fiscal”, hasta infraestructura y “revisión legislativa y de ingresos”.
Su página web tiene una sección de empleos, en la que reclutan puestos como “Asociado senior de transformación fiscal” y “Asociado senior de administración de presupuesto”. Desde el 2020 tiene un departamento de investigación y política pública, que organiza webinars sobre temas como la reforma del servicio público y la crisis demográfica de Puerto Rico. En el verano del 2023, pagó más de $720,000 en fondos públicos por una encuesta a las compañías de planes médicos para obtener datos sobre la cantidad de profesionales de la salud en la Isla.
Después de cinco años y seis meses de estar encargado de la relación entre el Gobierno y la Junta, Marrero describió al organismo fiscal como “una forma de leviatán”, un monstruo que tomó vida propia, que pretende reformarlo todo en el Gobierno, y que ejerce “microgerencia” de distintas formas.
“Creo que Robert Mujica está claro de que está en la última fase de PROMESA. Creo que lo ha comunicado claramente. Más bien mi preocupación es en cuanto al Plan Fiscal [aprobado bajo la dirección de Mujica en junio de 2024] y cómo funciona, que es básicamente la zapata y la carta magna, que tiene unos requisitos que van mucho más allá de lo que establece PROMESA, y lo que parece más bien es un [trabajo de] creatividad de los consultores para mover el finish line”, dijo antes de salir del Gobierno el licenciado quien retornó a su trabajo como abogado corporativo.
Una cuesta cada vez más empinada la salida de la Junta
Aunque la Junta asegura que ya estabilizó las finanzas de Puerto Rico, dijo en declaraciones escritas enviadas al CPI que el Gobierno todavía debe “aceptar e instituir prácticas firmes de administración fiscal a largo plazo”.
“Cumplir el mandato de PROMESA no es simplemente marcar la casilla de presupuestos equilibrados consecutivos. Los presupuestos equilibrados del Gobierno indican responsabilidad fiscal. Los requisitos para lograr la responsabilidad fiscal están en manos del Gobierno. La disciplina, las prioridades y la planificación son los elementos clave para el cumplimiento de los mandatos de PROMESA y para que la Junta de Supervisión cese sus funciones”, agregó la Junta.
El Plan Fiscal vigente, aprobado en el verano del 2024, habla sobre una nueva Plataforma de Recursos Integrados (“ERP” en inglés) que conectará, en un solo sistema, el manejo financiero de todo el Gobierno: el pago de nómina y la administración de recursos humanos, los procesos de compras y contratación de servicios y los presupuestos de cada agencia. Es una de las 50 “acciones necesarias para lograr responsabilidad fiscal y acceso adecuado a los mercados de capital” bajo el Plan Fiscal, aunque forma parte de los requisitos de la Junta desde el 2017.
A preguntas del CPI, Mujica explicó que, a pesar de que la implementación del ERP no es un requisito de la Sección 209 de PROMESA, es “un ingrediente” de lo que tiene que ocurrir para cumplir con la ley federal, parte de la agenda del manejo financiero que el Gobierno de Puerto Rico debe adoptar.
“Necesitas tener un sistema de contabilidad que realmente funcione, algo que el Gobierno no tiene. Los mercados financieros buscan eso. Y la razón por la que existe la Junta es que no había un sistema de contabilidad que realmente funcionara y eso resultó en la quiebra. Por lo tanto, hay que implementar el sistema”, dijo el director de la Junta.
Además del ERP, la lista de “acciones necesarias” incluye implementar nuevas reglas a la hora de llevar la contabilidad gubernamental (con el visto bueno de la Junta); establecer una nueva oficina dedicada exclusivamente al manejo de fondos federales; y publicar estados financieros auditados en o antes de seis meses después de finalizar cada año fiscal. El Gobierno tardó más de año y medio en publicar los estados auditados del año fiscal 2022, y todavía no ha publicado los del año fiscal 2023, que debió divulgar hace más de un año para cumplir con las exigencias de la Junta.
También está pendiente realizar un nuevo plan de activos (“capital plan”) que cubra 10 años y que incluya un plan de financiamiento. Deberá cambiar la manera en que transfiere fondos a los municipios a un sistema que esté basado en el desempeño de los ayuntamientos, según las metas y condiciones que se impongan. El presupuesto del Departamento de Educación debe transformarse en uno que esté basado en el estudiante (“student based”), algo que requerirá “tiempo y recursos significativos durante varios años para planificar, pilotear e implementar”, según el Plan Fiscal.
En el renglón de la economía, la Junta pide cuatro reformas: una del sistema educativo, otra del sector laboral, una contributiva y una energética. También exige un nuevo plan integrado de desarrollo económico que, la Junta ha dicho, hará junto al Gobierno y distintos sectores de la sociedad.
Además, los cuatro presupuestos balanceados que pide PROMESA deben ser preparados por el Gobierno sin intervención de la Junta (el presupuesto vigente, y los anteriores, vinieron de la entidad fiscal, excepto el del año fiscal 2022), y cumplir con estándares modificados de contabilidad, o “modified accrual basis”, en los que el Gobierno registre sus ingresos cuando “se hagan disponibles y puedan ser contabilizados”, y los gastos “cuando se incurre en ellos”, según los define PROMESA. El Plan Fiscal requiere legislación que limite la práctica de aprobar medidas legislativas que añaden gastos al presupuesto de manera imprevista.
En noviembre de 2016, como parte del primer Plan Fiscal que impuso, la Junta adoptó como principio su salida de Puerto Rico en o antes de 10 años, luego de que el Gobierno cumpliera con las exigencias de la Sección 209 de PROMESA. La Junta de Control Fiscal que tuvo Washington, D.C., estuvo en operación seis años, mientras que el administrador de emergencia en Detroit estuvo poco menos de dos años.
Un informe de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público publicado en enero de 2025 asegura que la Junta, que cumplirá ocho años en septiembre, no saldrá de Puerto Rico hasta por lo menos el 2030.
Complicado el retorno a los mercados financieros
Otro de los requisitos de PROMESA para terminar con la Junta es el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital, donde se emite deuda. Según el Plan Fiscal, la Junta concluye que Puerto Rico debe recuperar su grado de inversión de parte de las principales casas acreditadoras de Wall Street. Estas instituciones otorgan grado de inversión cuando concluyen que existe poco riesgo de incumplimiento para los bonistas, como sería no recibir el pago del servicio de la deuda según lo pactado. Esto se determina mediante un sistema de calificación crediticia, donde una calificación mayor a Baa3 de Moody’s, o BBB- en el caso de las casas acreditadoras Standard & Poor’s (S&P) y Fitch Ratings, se considera como grado de inversión. Una calificación menor a esto se considera como especulativo o chatarra, con un alto riesgo de incumplimiento.
Hace 10 años, en el 2014, la deuda de Puerto Rico perdió grado de inversión y fue calificada como chatarra hasta que entró al proceso de quiebra bajo PROMESA. Desde entonces, las instituciones suspendieron la evaluación del crédito de Puerto Rico.
A juicio de Matt Fabian, analista financiero de Municipal Market Analytics, hoy día son pocos los inversionistas en el mercado de bonos municipales que ven la deuda de Puerto Rico como opción viable.
“La mayoría de los inversionistas del mercado de bonos municipales no están pensando en Puerto Rico para nada. O sea, sí hay inversionistas que tienen bonos de Puerto Rico, pero más allá de este grupo, son muy pocos los que están pensando en Puerto Rico o evaluando su deuda. Para regresar a donde estaba hace 20 años en cuanto acceso a los mercados, Puerto Rico necesitará un full reboot en términos de cómo se mercadea en Wall Street”, dijo Fabian en entrevista con el CPI.
Además, lejos de contemplar alguna transacción de deuda para financiar los proyectos de infraestructura y mejoras de capital, como ocurría antes de la quiebra, y de gestionar el regreso de Puerto Rico a los mercados financieros, Fabian dijo que la Junta y el Gobierno apuestan a los fondos federales para esto.
“La Junta no ha dirigido el plan financiero del Gobierno hacia restaurar el acceso a los mercados de capital porque sienten que no lo necesitan. En su lugar, dependerán de fondos federales. Eso tiene sus propios problemas, obviamente, que se han complicado aún más”, dijo Fabian en referencia a la nueva administración de Donald Trump y su intención de revisar el gasto del Gobierno federal, lo que podría afectar las asignaciones hechas a Puerto Rico.
Para Fabian, el Gobierno de Puerto Rico, en teoría, podría pedir prestado ahora mismo, pero sería a inversionistas que, en busca de mayores ganancias, toleran mayor riesgo sus inversiones que el bonista tradicional.
En otra sección del Plan Fiscal, la Junta explica que seguirá la misma metodología que usan las casas acreditadoras para evaluar el cuadro fiscal de Puerto Rico, como parte de su proceso para “completar el mandato de la Junta bajo PROMESA”.
Además de tener grado de inversión, Marrero dijo que la Junta también exige alguna transacción de deuda nueva para cumplir con el requisito de regresar al mercado.
Pero para cumplir con la sección 209 de PROMESA, Marrero asegura que el Gobierno solo necesita cuatro estados auditados consecutivos que certifiquen que durante esos años se gastó menos de lo que se tenía disponible y que no se necesita realizar una transacción de deuda en los mercados de capital para que la Junta se vaya. La Junta no contestó al CPI si esto es un requisito para cumplir con su mandato bajo PROMESA.
“Si yo no lo necesito ahora mismo, porque gran parte de mi obra de capital se va a financiar con estos fondos federales de reconstrucción, no me venga a decir ahora que, porque tengo estos fondos federales y no tengo que coger prestado, no tengo acceso [a los mercados]. Eso no tiene ningún maldito sentido a menos que quieras quedarte. (Doesn’t make any freaking sense unless you want to stay)”, dijo Marrero.
Atrasadas o sin comenzar muchas de las medidas
Muchas de las medidas que la Junta ha definido como requisitos para su salida están retrasadas o sin comenzar del lado del Gobierno.
El proyecto requerido por la Junta para centralizar los sistemas financieros, de compras y de recursos humanos, denominado ERP, comenzó en el 2018 y apenas se ha implementado, a pesar de un desembolso de entre $80 millones y $100 millones de fondos públicos, según estimó el saliente secretario de Hacienda, Nelson Pérez, durante una vista de transición en diciembre.
La implementación del sistema ha tomado más tiempo y recursos del proyectado, según Pérez, quien admitió que “hay margen para mejorar” de parte del implementador del proyecto, la firma de consultoría Deloitte. En diciembre, la Junta aprobó una nueva enmienda al contrato de Deloitte para la implementación del ERP, que ahora suma $73 millones y que extiende el calendario de trabajo hasta, al menos, abril del 2026.
Dentro de los retos del proyecto, Pérez dijo que los recursos de Hacienda que trabajan en el ERP también realizan otras funciones, incluyendo la emisión de estados financieros auditados y la reforma del sector público (RSP) que incluye la evaluación de los puestos en el Gobierno, el rediseño de las estructuras organizacionales en las agencias, ajustes salariales y reclutamiento. En el 2023, la Junta y el Gobierno celebraron que, luego de dos años, completaron la primera fase de esta reforma, que impactó a más de 20,000 servidores públicos.
Sin embargo, una segunda fase de la RSP, que cubriría a unos 22,500 empleados del Gobierno, continúa pendiente, según trascendió en las vistas de transición el pasado mes de diciembre. La reforma también continúa sin finalizar en el Departamento de Educación, que trabaja de manera individual y cuyo plan de transformación debía terminar a finales del 2024.
En noviembre de 2020, durante una reunión pública, la Junta discutió por primera vez lo que tenía que ocurrir para terminar sus funciones en Puerto Rico. En aquel momento, la entonces directora Natalie Jaresko identificó alrededor de 30 requisitos relacionados a la sección 209 de PROMESA. Aunque la lista de requisitos ha cambiado a lo largo de los casi ocho años que lleva la Junta, algunas iniciativas como el ERP, la publicación a tiempo de estados auditados y la implementación de los estándares modificados de contabilidad, han estado desde la primera versión del Plan Fiscal. Otros ya no figuran en la lista, como la creación de una Oficina del Principal Oficial Financiero.
La microgerencia de la Junta
El exsenador popular y miembro del comité de transición de la gobernadora, Juan Zaragoza, recordó recibir una carta de la Junta, objetando partidas presupuestarias de $1,500, algo que consideró como “microgerencia”.
“Y lo peor de todo, que se lo dije [al director] Mujica los otros días, con el pasar del tiempo, en vez de ir phasing out, [la Junta] están phasing in. Se han puesto con un nivel [alto] de microgerencia”, dijo.
Al ser cuestionado por el CPI sobre este asunto, Mujica, primero rechazó que la entidad micromaneje al Gobierno, y luego recordó que durante el pasado año fiscal, la Legislatura aprobó más de $1,000 millones en gastos que no estaban contemplados en el presupuesto, lo que provocó la intervención de la Junta.
“El año pasado acordamos con el Gobernador un presupuesto que pensamos que era equilibrado y responsable. Y luego la Legislatura, incluida la persona que acabas de mencionar [Juan Zaragoza], votó a favor de más de $1,000 millones en gastos no presupuestados, después de haber acordado un presupuesto. Así que no creo que eso sea micromanejo. Se llama manejo financiero prudente y responsable”, dijo Mujica.
No es la primera vez que el Gobierno denuncia microgerencia de parte de la Junta. El ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares lo planteó durante una vista en el Congreso en mayo del 2019. También lo hizo Marrero en otra vista congresional en junio del 2020, así como el ex gobernador Pedro Pierluisi en la reunión pública donde se aprobó el Plan Fiscal vigente.
“Para uno reprogramar $1,500 en el presupuesto tiene que hacer un planteamiento que primero pasa por la OGP y después tiene que ir a la Junta. A veces toma un mes cambiar el dinero para comprar papel porque quieres comprar lápices”, dijo el saliente director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, en la vista de transición.
Es por esto que, según Marrero, es hora de que el Gobierno electo recupere cierto nivel de control sobre las finanzas gubernamentales.
“No tiene que ser de sopetón, pero ya que no hay necesidad de tener tantos controles a nivel del gobierno central, pues creo que se pudiese evitar la granularidad tan extrema que se tiene, de tener que ir a la Junta, y al pleno de la Junta, para reprogramar $1,000 o $2,000 [del presupuesto]”, dijo.
Marrero consideró como una forma de “microgerencia” de parte de la Junta el que el Gobierno tenga que esperar por la aprobación de planes de clasificación de empleados públicos y varios proyectos de desarrollo económico y de vivienda pública financiados con fondos privados y federales. El Departamento de Turismo, según él, espera por el visto bueno de la Junta a su plan de clasificación de empleados desde verano.
“Si lo hiciéramos nosotros [el Gobierno], hubieran hecho 20 conferencias de prensa, 20 comunicados, hasta un pódcast de por qué nos hemos atrasado tanto. Pero eso es lo que digo cuando hablo de microgerencia, lo expando. Se atrasa la decisión ejecutiva, atrasa proyectos y tiene impacto en desarrollo”, dijo el saliente director de AAFAF.
La gobernadora González Colón nombró a su director de campaña, el abogado y cabildero Francisco Domenech, como nuevo director de AAFAF.
El CPI solicitó una entrevista con Domenech para conocer sus planes al frente de la agencia que tiene el principal rol de coordinación con la Junta, pero no fue atendida.
Domenech cofundó Politank, una firma de cabildeo que, durante la crisis fiscal que llevó a PROMESA, representó a grupos de bonistas del Gobierno de Puerto Rico como GoldenTree Asset Management, un fondo buitre que lidera la pugna en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica en su caso de quiebra. El caso continúa sin resolverse en medio de un proceso altamente contencioso y que amenaza con traer otro aumento significativo a la factura de la luz para cubrir el pago de la deuda de la corporación pública.
Inacción del Congreso sobre la Junta
En un escenario donde la Junta y el Gobierno tienen lecturas distintas sobre lo que pide PROMESA, ¿quiénes pueden tomar realmente la decisión de sacar a la Junta de Puerto Rico? ¿Bajo qué condiciones se daría este proceso?
La respuesta está en Washington, D.C., donde se ha hecho poco o nada para arrojar luz sobre el asunto. A la luz de los cambios políticos — una nueva administración de Donald Trump — ¿quiénes deciden hoy sobre la Junta?
En el 2022, poco antes de asumir control del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman, congresista republicano del estado de Arkansas, dijo a preguntas sobre la posibilidad de legislar para sacar la entidad de control fiscal que “el trabajo debe completarse antes de disolver la Junta”.
Dos años después, nada ha ocurrido en este frente. Además, Westerman también ha condicionado la discusión del estatus político de Puerto Rico a que la Junta cumpla con su mandato.
“Westerman expresó recientemente que la estabilidad fiscal debe ser la principal prioridad de Puerto Rico, lo que deja ver que no apoyaría enmendar PROMESA a corto plazo”, dijo la congresista Nydia Velázquez al CPI.
Según ella, el Comité de Recursos Naturales, del cual es miembro, nunca ha discutido ni interpretado el alcance de la Sección 209 de PROMESA.
En enero de 2023, el Comité aprobó un plan de trabajo que incluyó una sección sobre Puerto Rico, para fiscalizar la implementación de PROMESA, la reestructuración de la deuda pública y las acciones de la Junta. El plan propuesto para este nuevo término 2025-2026, tiene una oración sobre Puerto Rico, bajo la sección de “supervisión de áreas insulares”, para “continuar la fiscalización de la implementación” de PROMESA.
El Comité de Recursos Naturales, presidido por Westerman, no respondió preguntas del CPI sobre cómo fiscalizará a la Junta, qué acciones ha tomado para lograrlo y si ha discutido en algún momento la sección 209 de PROMESA y el proceso que establece para eliminar al ente de control fiscal.
En el caso del entrante comisionado residente, Pablo José Hernández, se le preguntó qué acción, si alguna, quedó pendiente en la oficina que ahora ocupa para adelantar la salida de la Junta, y qué medidas presentará al respecto.
Hernández respondió con una evasiva: “Tras casi una década desde la promulgación de PROMESA, es hora de restaurar plenamente el autogobierno y la autonomía de la isla. El pueblo de Puerto Rico espera que sus representantes locales recién electos cumplan con sus deberes democráticos presentando presupuestos balanceados y manejando responsablemente las finanzas del Estado Libre Asociado en nombre del pueblo puertorriqueño”.
En el 2022, el congresista demócrata Ritchie Torres presentó un proyecto para reducir a dos la cantidad de presupuestos balanceados consecutivos y eliminar el lenguaje sobre los mercados de capital a precios razonables. Entre los firmantes del proyecto estaban Velázquez, la entonces comisionada residente Jenniffer González y los congresistas demócratas Darren Soto y Raúl Grijalva. Nunca fue llevado a discusión ni votación en el Comité.
«Los demócratas van a simpatizar en cuanto a nuestro argumento de que hay una microgerencia, de que se está tratando de sustituir la política pública del gobierno electo, al nivel de que nos están parando leyes sobre las que hay casi unanimidad — esto no es lo que se preveía bajo PROMESA, era una junta de supervisión, no una junta de control. Versus los republicanos que van a simpatizar con el argumento de que este gobierno necesita un síndico por el resto de su vida”, dijo Marrero.
“Washington al final del día va a ver, ‘te di una herramienta, ¿la has usado? ¿La has aprovechado? ¿Has hecho tu trabajo? ¿No lo has hecho?’ Entonces, en ese sentido, para poder decir un día, ‘ya cumplí, ya es hora de eliminar PROMESA’, tienes que convencer las cuatro esquinas del Congreso”, agregó.
