Por Migdalia González
Ex- senadora y VP del PPD
Hoy Puerto Rico vive en un cruce de encrucijadas que desafían nuestra dignidad colectiva: el notable aumento del costo de vida, el recrudecimiento de la inseguridad y el doloroso lastre de la corrupción. Como ex‑senadora, observo con preocupación la urgencia de estas heridas sociales y hago un llamado firme al gobierno: es inexcusable seguir dejando a nuestro pueblo en la espera.
El costo de la vida ha escalado sin mesura. Un informe reciente indica que las familias enfrentan un alza de 13 % en sus gastos mensuales, lo que significa $509 adicionales al mes solo para cubrir lo básico. Otros datos confirman que la inflación supera el salario mínimo de $10.50 la hora, imposibilitando que muchos puedan costear víveres y necesidades esenciales. La vida es más cara en Puerto Rico que en muchas zonas de EE. UU., y sin los recursos para equilibrar esta desventaja económica, muchas familias se hunden en la incertidumbre.
Al mismo tiempo, la seguridad pública está en peligro. Los costos ligados al crimen alcanzan cifras alarmantes. Solo los robos representarán este año unos $87 millones, lo que equivale a cerca de $26 por residente. La delincuencia patrimonial y violenta cuestan al país más de $762 millones, alrededor de $226 por persona y $600 por hogar. Además, el asesinato, tragedia que urge combatir, implica un costo tangible e intangible de miles de millones. El reciente tiroteo en una discoteca en Mayagüez que dejó un joven muerto y varios heridos es una prueba dolorosa de que la violencia no conoce tregua. Estas cifras tienen rostros humanos: madres angustiadas, hermanos que pierden su futuro, comunidades que pierden la confianza.
Y si esta tormenta no bastara, la corrupción se mantiene como fija amenaza a nuestra gobernanza. Aunque esta columna no se adentra en casos específicos, su existencia erosiona la fe ciudadana y socava los recursos que tanto necesita el pueblo.
Mi experiencia legislativa me enseña que el gobierno debe actuar con urgencia y enfoque en el bienestar colectivo. En primer lugar, hay que flexibilizar y reformar el índice de costo de vida, otorgando subsidios dirigidos a alimentos, medicamentos y transporte, especialmente para familias con más vulnerabilidad. Se debe elevar el salario mínimo y complementarlo con políticas contributivas solidarias, para que quien trabaja no viva en la precariedad.
En materia de seguridad, propongo un plan que combine mayor dotación policial, justicia eficiente y prevención comunitaria. El anuncio del gobierno de invertir en 800 policías, bomberos y médicos es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañado de transparencia, seguimiento ciudadano y resultados concretos. La inversión debe llegar realmente a quienes protegen y dan servicios médicos, y no quedar en promesas vacías.
Finalmente, frente a la corrupción, propongo reforzar mecanismos de fiscalización, auditorías independientes y participación ciudadana. La corrupción y la ineficiencia solo perpetúan el sufrimiento. Para reconstruir el tejido social, el gobierno tiene que responder con integridad y cercanía.
Hoy, como ex‑senadora, me dirijo al gobierno con esta advertencia: cada día que pasa sin respuestas, es un día más que nuestra gente paga el precio. Gobernar es servir, convirtiendo cada política pública en alivio tangible. Si el gobierno escucha, actúa y colabora con nuestra gente, juntos podemos restaurar la esperanza que tanto necesitamos.
