Por Carolina Vélez Pinzón.
Después del huracán María, el apagón más largo en la historia de Puerto Rico dejó al descubierto la fragilidad de nuestro sistema eléctrico. Durante meses, miles de familias vivieron sin luz, sin refrigeración ni acceso confiable a servicios básicos. En ese vacío de acción gubernamental, fueron las comunidades quienes demostraron que la organización colectiva podía generar soluciones reales. La electricidad, más que un servicio, se convirtió en un símbolo de vida, dignidad y justicia social. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa donde el pueblo comprendió que la energía también puede nacer desde abajo, desde el poder ciudadano
Un ejemplo claro de este despertar fue Casa Pueblo, en Adjuntas. Mientras la red central colapsaba, esta organización logró mantener encendidos servicios esenciales gracias a un sistema solar diseñado por y para la comunidad. Su experiencia inspiró proyectos como la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que impulsa microrredes solares en municipios como Utuado y Jayuya. Según un estudio de la Universidad de Puerto Rico (2023), las comunidades con sistemas de energía propios reducen las interrupciones eléctricas hasta en un 40% durante emergencias. Estos resultados confirman que la participación ciudadana es una fuerza práctica y transformadora, capaz de convertir la solidaridad en soluciones reales.
Sin embargo, a pesar de estos logros, el gobierno continúa tratando la reconstrucción eléctrica como un asunto económico y no como una necesidad social. Los contratos con empresas privadas como LUMA Energy han generado descontento generalizado, protestas y un aumento en los costos del servicio sin mejoras visibles. Esta situación ha obligado a las comunidades a organizarse, fiscalizar y proponer soluciones más transparentes y sostenibles. La ciudadanía ha demostrado que la energía no debe estar en manos de corporaciones, sino de la gente que la usa y la necesita diariamente. Este conflicto refleja una lucha más profunda: la defensa del interés público ante los intereses privados.
Participar, entonces, no es simplemente opinar en una reunión o firmar una petición. Es involucrarse de manera activa en las decisiones que afectan la vida cotidiana de todos los puertorriqueños. El Estado tiene la responsabilidad de abrir espacios reales de participación, como portales digitales accesibles, audiencias comunitarias con lenguaje claro y representación ciudadana en los procesos de reconstrucción. La democracia no puede limitarse a votar cada cuatro años; debe vivirse día a día, en cada decisión que toca los servicios esenciales. La energía eléctrica, por su impacto directo en la calidad de vida, debe ser un terreno donde la voz del pueblo tenga poder real y efectivo.
Puerto Rico se encuentra en un punto decisivo. De un lado, un modelo centralizado y dependiente que ha demostrado ser ineficiente; del otro, un pueblo dispuesto a construir un futuro energético sostenible y justo. Cada comunidad que instala paneles solares, cada cooperativa que se organiza, y cada ciudadano que exige transparencia, aporta una chispa de esperanza. La reconstrucción del sistema eléctrico no debe verse sólo como un reto técnico, sino como una oportunidad para fortalecer la democracia participativa. La energía del futuro no solo será renovable: será del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
