Por Elizabeth Rosa Vélez
Como país nos corresponde unir esfuerzos con el fin de erradicar el hambre y la pobreza. Crear un mundo libre de hambre es la meta global para 2023. Una meta que requiere voluntad y trabajo en conjunto, la cual desde que inicié funciones como senadora del Distrito de Arecibo, tengo presente, fue y es parte de mi agenda de trabajo de cara al 2025. Agenda que promueve el bienestar y salud de mi gente.
En PR la inseguridad alimentaria alcanza el 30% de la población. Esto significa que una de cada tres familias sufre de esta condición. Mientras, en la población de adultos mayores y niños se duplica a casi 50%, conforme el estudio Feeding America.
El primer paso para erradicar el hambre es combatir la pobreza. Por eso, en 2021 radiqué el Proyecto del Senado 293, (Ley 84-2021). La legislación dió paso a la “Ley de Política Pública de PR para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social”, la cual creó política pública integral para el desarrollo de programas y medidas para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social.
Fue el Proyecto del Senado 880, de mi autoría, (Ley 32-2024) el cual creó el “Fondo Especial para la Igualdad Social,”. Este otorgó una asignación permanente para sufragar obra pública dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad social en Puerto Rico. Ambas legislaciones establecen las bases para un esfuerzo nacional que combata la pobreza y las desigualdades mientras contribuye con la meta de evitar que ningún puertorriqueño se acueste sin tomar alimentos, realidad que muchos esconden o ignoran.
Comprometida en fortalecer la agenda para erradicar el hambre y la pobreza en la isla, continuaré trabajando e identificando herramientas que atiendan este problema que aqueja a miles. Mis esfuerzos se concentrarán en atender este problema desde cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, uso de alimentos y estabilidad de la cadena de suministro.
Impulsaré medidas que aumenten la cantidad de alimentos que se producen en la isla y que protejan el agua y la tierra. PR produce solo el 15% de los alimentos que consume, lo que representa un riesgo grave de inseguridad alimentaria ya que se depende de países extranjeros.
Las dimensiones de accesibilidad y uso de alimentos se atenderán desde el reevaluar la implementación y programas de alimentos existentes. Pese a que más de un 50% de los puertorriqueños tienen acceso a alimentos por medio de programas como el PAN, WIC, Comedores Escolares, entre otros, la realidad es que se necesitan ampliar estos para que sectores poblacionales vulnerables se beneficien. Por ello, aunaré esfuerzos con el tercer sector para impactar a adultos mayores que carecen de la capacidad de alimentarse.
Desde enero legislaré para la estabilización de la cadena de distribución suministros la cual está amenazada por los cambios climáticos, factores políticos y económicos que causan aumentos en los precios de los alimentos. Además, apoyaré un nuevo modelo para el impuesto al inventario y el reforzar estrategias para que Puerto Rico sea eximido de las Leyes de Cabotaje federal.
