La Asociación de Hospitales de Puerto Rico celebró su Séptima Conferencia Anual de Derecho de la Salud con una jornada educativa de alto impacto la cual reunió a médicos, abogados, administradores de facilidades hospitalarias junto a reguladores de la industria para analizar los retos y las oportunidades que configuran el marco legal de la industria de la salud tanto en Puerto Rico como a nivel federal.
“Esta Séptima Conferencia Anual de Derecho de la Salud, destacó la importancia de continuar convocando a la comunidad legal de la industria de la salud en un encuentro que permitió actualizar y discutir los nuevos conceptos de los reglamentos y leyes que nos aplican. Este evento educativo cubre las áreas del derecho de la salud y subraya la necesidad de fortalecer la gobernanza, la seguridad del paciente y la retención del talento médico en nuestro sistema de salud. Para ello contamos con la experiencia de uno de los mejores talentos legales en nuestra industria, la licenciada Marie Carmen Muntaner y su equipo de trabajo, que en adición de ser nuestra asesora legal es una profesional de primera con bastos conocimientos de las regulaciones legales estatales y federales que aplican a nuestra industria”, señaló el Lcdo. Jaime Plá Cortes, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
Uno de los ejes centrales de la jornada fue la imperiosa necesidad de una reforma integral de la impericia médica hospitalaria.
“Una reforma de la impericia médica en Puerto Rico es crucial para que responda a una realidad imperante: “la escasez de médicos y la necesidad de atraer talento médico al país”. Sin reformas que reduzcan la incertidumbre jurídica y los costos asociados, los proveedores enfrentan un ambiente de litigios y seguros elevados que desalientan la práctica y limitan su presencia en zonas con menor cobertura. Con la creación de estrategias y reformas equilibradas se puede garantizar un acceso equitativo a servicios de calidad para los pacientes enfocada a ofrecer a los médicos condiciones claras, costos de seguros previsibles y un entorno profesional seguro. En conjunto, estas reformas pueden atraer a nuevos talentos, retener a los ya establecidos y fomentar una red de atención más estable y sostenible, donde la presión por litigios y costos excesivos no obstaculice la prestación de cuidados de alta calidad”, expresó la licenciada Marie Carmen Muntaner, coordinadora de la Séptima Conferencia Anual de Derecho de la Salud, auspiciada por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
La abogada a cargo de la conferencia explicó que las sesiones de trabajo esbozaron marcos para elevar la seguridad del paciente, mejorar la calidad de la atención y clarificar las responsabilidades jurídicas de hospitales y médicos, por ello, se enfatizó la urgencia de incentivos adecuados, mayor estabilidad profesional y políticas claras que permitan sostener el talento en el sistema de salud.
Como dato importante, la agenda de la Séptima Conferencia Anual de Derecho de la Salud reunió a destacados ponentes que guiaron cada segmento con sus presentaciones y debates. En la sesión inaugural, Emmanuél Oquendo (de la compañía BrainHi, Inc.) expuso, junto a Alejandro Mercado (Triple-S), una mirada técnica y ética sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la atención sanitaria, abordando protección de datos, ciberseguridad y cumplimiento normativo, así como gobernanza y certificación para una implementación segura de la IA en procesos clínicos administrativos. Posteriormente, Joel A. Cosme Morales (El Valle Advisor, LLC) analizó las implicaciones de la Ley No. 14-2025 en entornos hospitalarios, poniendo especial énfasis en los derechos religiosos de pacientes y residentes discutiendo las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento dentro del marco legal vigente.
Llamó mucho la atención la disertación ejecutada por el magistrado Rafael Martínez Torres (Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico), junto a la Lcda. Alondra Negrón López, quienes discutieron la evolución de la salud en la jurisprudencia y la relación médico-paciente desde una perspectiva institucional. De igual forma, el conocido abogado Jorge Pizarro García (del Bufete Pizarro & González LLC), analizó las decisiones judiciales recientes y sus impactos sobre las prácticas laborales en el sector salud. La jueza Maritere Colón Domínguez realizó un análisis completo sobre la ética y la práctica de la inteligencia artificial en la profesión legal. El aspecto de las regulaciones federales relevantes para Puerto Rico, fue abordado por Marina Díaz (Directora de la oficina de CMS para Puerto Rico e Islas Vírgenes) y el Agente José Luis Soto (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos( DHHS/OIG).
Brenton Hill, director de la división legal de CHAI quien presentó la gobernanza de IA en salud y los mecanismos de certificación, mientras que Ricardo Pabón-Deglans (Ankura) abordó las actualizaciones de HIPAA 2025 y las estrategias para mantener la conformidad reglamentaria. Un grupo compuesto por Jenny D. Cárdenas Curbelo, Astrid Figueroa García y Jessica Losa Robles discutió las perspectivas de cumplimiento desde planes médicos con una discusión clara de lo que esperan los planes médicos de los proveedores en el tema de cumplimiento.
Finalmente, un panel compuesto por el Lcdo. José Escobar Machín (Sistema de Salud Menonita), Lcda. Coral M. Rivera Torres (Asociación de Hospitales de PR) y Lcda. Miglisa Capó Suria (Metro Pavía Health System), delinearon las tendencias y prioridades de los aspectos legales para 2025. El cierre de la Conferencia Anual de Derecho de la Salud contó con un grupo integrado por el Lcdo. Diego J. Loinaz Martín (REMA) junto al Lcdo. Adrián P. Goyco Vera (del Bufete McConnell Valdés); Lcdo. Salvador Rovira (Compañía CredeMtia) y el Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario (Administrador de ASES), quienes expusieron su parecer sobre las preocupaciones y acciones para el corto y mediano plazo que atiendan todas las problemáticas, retos y oportunidades que fueron discutidas a lo largo de la jornada educativa dedicada a las políticas adoptadas en el derecho a la salud en Puerto Rico.